Sin duda merecen reconocimiento las pequeñas estrategias que el Tribunal Superior de Justicia ha puesto en marcha como una forma para mejorar al Poder Judicial en materia de combate a los vicios que generaban rezagos y probables círculos de corrupción en detrimento de la impartición de justicia en Morelos. Esquemas aparentemente mínimos como la rotación de una decena de jueces en materia penal han empezado a dar resultados con la disminución de las quejas de los usuarios del sistema de justicia a los que los abogados llaman más exactamente, “los justiciables”.
Pero también deberá reconocerse que las estrategias son insuficientes y obedecen más a una serie de presiones del sistema de seguridad pública del estado, las organizaciones ciudadanas y los medios de comunicación, que a una voluntad de un sistema que suele resistirse profundamente a los cambios. Es en esa resistencia, justamente, donde pueden ubicarse la mayoría de las quejas contra el esquema de relevos que el magistrado presidente, Juan Emilio Elizalde Figueroa, ha enfrentado con la decisión suficiente como para defender el esquema de rotaciones y contrataciones de personal.
Aunque sigue siendo muy temprano para juzgar los efectos, lo cierto es que el ideal de Elizalde Figueroa “que la justicia suene bien” sigue lejos de lograrse. Los índices de impunidad general en Morelos siguen siendo muy superiores al 90 por ciento; los jueces siguen permitiendo liberaciones sospechosas; la dilación en los procesos se mantiene más o menos en los mismos órdenes que en el pasado. Las buenas intenciones y las pequeñas (aunque significativas acciones) siguen siendo insuficientes para lograr por primera vez en décadas que la gente vuelva a confiar en el sistema de justicia.
A dos años de que entre en vigor el nuevo sistema judicial en Morelos, lo peor que podría ocurrir es que no tengamos un parámetro lo bastante objetivo para evaluar severamente a quienes asumirán los cargos de jueces y magistrados. Muchos funcionarios del Poder Judicial parecen estar dispuestos a mantener para continuar recibiendo beneficios extralegales o en el mejor de los casos simplemente nadando de muertito hasta que caduque el actual sistema judicial morelense. Esto podría hacer que el nivel de exigencia para los juzgadores que serán electos en el 2027 sea mucho menor de lo necesario en un estado con altísimos índices de impunidad y violación al Estado de Derecho por los bajos desempeños de los sistemas de justicia civil y penal.
Lo que menos podríamos permitir es aplaudir a los malos por no ser los peores, y conforme todo sigue apuntando, así podría ser; y, peor aún, a costa de una gran cantidad de asuntos penales, civiles, laborales, mercantiles, que pudieran resolverse efectivamente en los meses que aún les quedan a los actuales jueces y magistrados.
Juan Emilio Elizalde Figueroa no puede hacerlo solo; y a veces pareciera que incluso sus magistrados aliados se preocupan poco por respaldar sus acciones e impulsar ideas propias que permitan sanear el Poder Judicial en Morelos, no solo para entregarlo en las mejores condiciones posibles, sino para pagar una parte de la deuda histórica que la justicia tiene con los morelenses y contribuir al fortalecimiento de la seguridad pública, el estado de derecho y la certeza jurídica.
Es cierto que la intención del magistrado presidente y algunos de sus colaboradores es pagar esa deuda, algo digno de reconocerse; pero también vale la pena recordarle a él y a todos los magistrados que aún no es suficiente y que continuaremos, todos, exigiendo mucho más.
