Aunque no la mayor, sin duda una buena proporción de los problemas de abastecimiento de agua potable en Cuernavaca deriva de la operación de miles de tomas clandestinas que, además de causar un daño financiero al sistema operador de la ciudad, significan mermas considerables en la presión del líquido en una red que, si bien se intenta renovar, sigue siendo mayormente vieja y desgastada.
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) ha detectado de enero a la fecha alrededor de 400 tomas ilegales en domicilios y negocios de todas las zonas de la ciudad, sin embargo, no hace falta ser especialista para intuir que hay muchas más de las localizadas, aprovechamientos ocultos en domicilios, condominios, negocios y otras edificaciones que se mantienen ocultas aún.
Parte del problema deriva de los aparentemente altos costos de las tomas y medidores de agua, alrededor de diez mil pesos por uso habitacional; casi quince mil en residencial; y alrededor de 25 mil en usos comerciales. Probablemente de ahí derive que SAPAC ofrezca facilidades para la regularización de tomas irregulares que pueden diferir el impacto económico, sin embargo, el propio organismo operador advierte que no se tolerará que siga el clandestinaje.
La red de distribución de agua potable funciona gracias a la presión calculada década uno de los sistemas de bombeo; una variable que considera el número de tomas formales que se conectan a cada parte de la red; la inclusión de tomas clandestinas en el sistema puede reducir la presión afectando a todo el sistema.
La operación de tomas clandestinas de agua constituye una falta por la afectación que provoca a los ingresos de un sistema operador que requiere de recursos no solamente para inversiones que mejoren la calidad del servicio, sino también para el mantenimiento de la red actual, cuya integridad está constantemente comprometida por lo añeja que resulta una buena parte de ella.
Pero el clandestinaje también daña al resto de usuarios. Interferir con el equilibrio de un sistema que requiere de la presión calculada para funcionar significa en automático lesionar el acceso al agua de miles de usuarios que pagan por el servicio.
El problema del robo de agua, como se podría definir de manera simple al clandestinaje de tomas, puede ser enfrentado por dos vías:
Primero, la coercitiva que sugiere la clausura inmediata e imposición de sanciones jurídicas en contra de quienes resultan responsables de la instalación y el uso de tomas ilegales, una estrategia que se ha utilizado moderadamente en Cuernavaca y otras localidades sin lograr detener el problema.
Y segundo, la colaborativa, buscar la cooperación del usuario ilegal para regularizarse y solo cancelar la toma y proceder a sancionar cuando se haya agotado la vía del diálogo y acuerdos. Estrategia que ha implementado SAPAC y cuyos resultados finales aún están por verse.
Por supuesto que gran parte del éxito de cualquier medida pasa por la detección de las conexiones ilegales a la red, un problema que también requiere de una inversión en tecnologías de ubicación de las tomas o de la más amplia cooperación social. Apostar a que solo con el apoyo de las autoridades municipales auxiliares podrían ubicar todos los puntos de clandestinaje, como se ha propuesto SAPAC parece un acercamiento insuficiente, aunque también habrá que esperar unos meses para conocer los resultados.
En tanto, la erradicación del clandestinaje sigue siendo una urgencia que no parece tener un proyecto suficiente para concretarse.