Para nadie es secreto que la salud de los morelenses, incluso antes de la pandemia era deficiente. Los comportamientos de riesgo de la población, la falta de acceso a la atención médica y el creciente número de personas sin cobertura de seguridad social, son una mezcla de alto riesgo para la esperanza de vida en Morelos, que se ha reducido en los últimos años.
Por eso resulta especialmente criminal el comportamiento de quienes, teniendo en sus manos la administración de los escasos recursos para la salud en el estado, cometen actos de corrupción o errores administrativos graves que lesionan aún más el acceso de la gente no solo a la prevención de las enfermedades, sino a su tratamiento y eventual cura. La revisión que en el 2023 practicó la Auditoría Superior de la Federación al gasto en los Servicios de Salud Morelos (SSM) le pone razones administrativas y contables a la escasez de medicamentos, la mala calidad de la atención médica y hospitalaria y también al enojo del personal de Salud y de los usuarios.
El reporte advierte no solo de conductas que se volvieron prácticas comunes en los esquemas de corrupción del sector salud y otras áreas de gobierno, como las compras a sobreprecio y la contratación irregular de empresas que no cumplen con los requisitos de ley; también muestra una absoluta falta de respeto a los pacientes y el personal médico con una especie de carrusel de medicamentos de los que hay facturas y testimonios de los proveedores sobre la entrega, pero no parecen haber llegado a los almacenes, farmacias o unidades donde eran requeridos.
Si a eso se suman las obras aparentemente mal ejecutadas, la probable adquisición fraudulenta de equipo médico con precios mucho mayores a los comerciales, la contratación de personal que incumplía los requisitos académicos para trabajar en medicina y otras conductas observadas por la ASF, el resultado es ofensivo en particular para quienes deben acudir a los SSM, y en general para toda la sociedad.
Las evidencias de malas prácticas en la administración de los servicios médicos que ofrecía el gobierno de Morelos en el 2023 están en el reporte de auditoría. Habrá las que puedan explicarse y justificarse a la luz de errores humanos que acarrearían solo sanciones administrativas, pero mucho de lo detectado solo puede tener su origen en el dolo, en la mala fe de quienes buscaron obtener enormes beneficios económicos incluso a pesar de la salud de los morelenses más pobres, a quienes atendían exclusivamente los SSM. Esos son los casos cuyos protagonistas deben ser sancionados con todo el peso de la ley.
Porque si bien es cierto que, por una parte, el daño evidente habría sido a la Hacienda Pública Federal, por lo que su sanción correspondería justamente a esa esfera; los comportamientos trajeron también daños graves a la salud de miles de morelenses marginados que no pudieron tener una atención adecuada, pruebas de laboratorio suficientes, medicamentos y materiales de curación para atenderse, lo que complicó aún más su salud.
El reporte de la auditoría obliga también, por cierto, a revisar los procedimientos, pero también al personal de los Servicios de Salud. Morelos no merece que la salud de los más pobres esté en manos de malos funcionarios públicos, sea por ineptitud o por corrupción.