Si de algo sirvieron las sequías de los últimos años fue para entender la urgencia de atender los problemas históricos en materia de agua que padece Morelos, cómo ponen en riesgo la economía, la convivencia social y la vida, y lo urgente que resulta solucionar la problemática que tiene arreglo, y dar tratamiento a la que es recurrente.
El poco caso que por décadas hicieron los gobiernos y la sociedad a las advertencias de científicos que advertían de los efectos del calentamiento global y el cambio climático, mantuvo bajísimos niveles de inversión en el sector, tanto en el plano de la infraestructura como en el de formación de conciencias y diseño de esquemas de ahorro y aprovechamiento del agua.
Así, las desigualdades en el acceso al líquido no se corrigieron dejando a las zonas rurales (la mayor parte del territorio de Morelos) en condiciones de poco acceso a las fuentes de abastecimiento, mientras el deterioro de la infraestructura en las ciudades continuaba. La sequía y las irregularidades del temporal en los últimos años hicieron que las agendas gubernamentales y de la ciudadanía este año coincidieran y por primera vez en mucho tiempo se considera al problema del agua como uno de los principales, superado tal vez solo por el de la seguridad pública.
Los efectos colaterales que ha tenido la crisis de agua en Morelos colocan al tema como vital para la gobernabilidad del territorio, no sólo en las zonas rurales donde los problemas de acceso al líquido generan escenarios comunes de violencia, sino también en las áreas urbanas en las que miles de ciudadanos se han manifestado en los últimos años por deficiencias en el servicio que ofrecen los sistemas operadores de los municipios.
Y en un estado con un amplio sector dedicado al campo, la falta de agua también tiene efectos drásticos en la producción agropecuaria, y ahonda la pobreza sistémica de miles de familias en las zonas rurales que dependen casi exclusivamente de un buen temporal para subsistir.
Las comisiones Nacional y Estatal del Agua parecen tener, por primera vez en muchos años, un esquema para enfrentar la crisis que amenaza no solo a la economía y la gobernabilidad, sino a la vida como la conocemos. Se trata de un proyecto amplio que incluye cambios jurídicos que pueden resultar sumamente duros para algunos, como tratar como delincuentes a quienes usan agua por medio de pozos ilegales o tomas clandestinas. Pero la severidad de la norma debe advertirnos del tamaño de la crisis hídrica que atravesamos.
Los nuevos ordenamientos también obligarían a los gobiernos a sostener e incrementar paulatinamente la inversión en materia de agua, a mejorar la distribución del líquido especialmente en comunidades indígenas y rurales, a diseñar un esquema de redistribución del agua mediante la devolución de volúmenes no utilizados por la iniciativa privada y, también muy importante, el no permitir inversiones que pongan en riesgo la calidad del agua, ni las que pudieran contaminar los acuíferos.
El anuncio es oportuno dada la intención constante de algunas empresas dañinas al medio ambiente por instalarse en Morelos y que incluyen básicamente al sector extractivo. Si bien es innegable la alta productividad del sector en el corto y mediano plazos, los efectos para el ambiente y la sanidad de los acuíferos de Morelos resultarían devastadores. El estado tiene, sin duda muchas vocaciones que pueden igualar y superar la productividad de las industrias que contaminan el agua. Ahí está la otra tarea, impulsar a cada una de esas vocaciones y así evitar la tentación de alto riesgo que significan proyectos productivos que deben mantenerse lejos de la entidad.
