Afortunadamente el Legislativo parece tener muy buen registro de lo que ocurre en la administración de justicia en Morelos como para que la reforma judicial obligada por las modificaciones federales tenga un largo alcance para beneficiar a la ciudadanía en la que desde hace más de una década es la principal demanda social, esa “paz con justicia y dignidad” que hace falta para conseguir el desarrollo.
El coordinador parlamentario de la mayoría morenista en el Congreso, Rafael Reyes Reyes, considera que la renovación del Poder Judicial en Morelos debe ser total, es decir: pasa por el relevo de todos los mandos, pero también por cambios importantes en la estructura de la administración de justicia que permitan hacerla más cercana a la gente, efectiva, imparcial, honesta, respetuosa de los derechos humanos, accesible y demás características de las que hoy carece casi de forma absoluta.
Eso sí, dado que la reforma inicial quedará concluida en marzo; las que se hagan a las leyes secundarias llevarían más tiempo, y la elección de magistrados y jueces locales sería hasta el 2026, habrá que esperar poco más de un año para tener un Poder Judicial local que opere bajo el nuevo diseño y busque los antiguos (pero renovados) objetivos de la justicia en Morelos.
Frente a ello, jueces y magistrados tienen dos formas de actuar en los próximos meses: buscar ofrecer mejores servicios, decisiones apegadas a la justicia, erradicar cualquier asomo o sospecha de corrupción en sus actos y transformarse de alguna forma en servidores públicos de excelencia que pudieran ser considerados en los próximos años como elegibles para ocupar la grave responsabilidad de juzgadores; o mantener y hasta agravar los vicios que, en gran medida, provocaron el enorme respaldo ciudadano que tienen las reformas al Poder Judicial.
Parece que, por lo menos en el Tribunal Superior de Justicia han decidido hace ya tiempo por lo segundo porque, asumiendo que los magistrados y sus equipos de trabajo son personas enteradas de lo que ocurre alrededor, especialmente de los proyectos de reforma que les competen directamente; se enteraron casi simultáneamente a los diputados y el gobierno de Morelos de los plazos fatales para aprobar la reforma en el plano local; algo que lejos de apaciguar el conflicto interno que padece el Tribunal y que de alguna forma permite la multiplicación de todos los vicios, ha atizado las diferencias que manifiestan, aparentemente gustosos, cada vez que tienen oportunidad.
Probablemente conscientes de que les queda alrededor de un año en sus cargos, los magistrados tratan de aprovechar al máximo la indudable posición de poder que tienen, no para mejorar su labor en pro de la justicia en Morelos, sino para lograr los mayores beneficios posibles, algunos de ellos extralegales, sabedores de que la gente difícilmente elegiría a quienes contribuyeron al peor deterioro de la justicia penal y civil que Morelos haya tenido en las últimas décadas.
Porque si bien es cierto que algunos de los magistrados podrían alegar que no son responsables de un deterioro que con muy pocos momentos salvables data de por lo menos una veintena de años; la gestión del magistrado presidente del Tribunal, Luis Jorge Gamboa Olea, y de la que son corresponsables (lo quieran o no) el resto de los magistrados ha tenido como consecuencia los niveles más bajos de confianza, y más altos de impunidad y violaciones a los derechos humanos del pasado reciente.
La reforma estará lista durante febrero próximo y operará completamente a mediados del 2026, queda preguntarse qué tan profundo llegará el deterioro de la justicia en Morelos.