Por más de cuatro horas, casi toda la mañana del miércoles, taxistas bloquearon tres puntos de Cuernavaca en demanda de la cancelación del cobro de tenencia vehicular, algo que de entrada podría considerarse legítimo, aunque baste una revisión al tema para considerar algo de solidez en los argumentos de quienes acusan intereses políticos en las protestas.
La propuesta del cobro de tenencia vehicular en Morelos fue presentada por la Secretaría de Hacienda como parte del paquete económico para el estado en el 2025. Desde su origen se estableció como una suerte de sanción para quienes incumplieran con el pago de refrendo vehicular en el plazo legal correspondiente, los primeros cinco meses del año. Las protestas por esa contribución no se hicieron esperar y cada vez fueron respondidas con la garantía de que el impuesto se cobraría sólo a quienes no pagaran el refrendo en los términos que marca la ley, incluso se refirió a la propuesta como una forma de estimular el cumplimiento de los propietarios de vehículos. La garantía de ello no solo se ha repetido en declaraciones públicas, además está en la norma, que establece, la exención, entre otros, a “los propietarios de vehículos que se encuentren inscritos en el padrón estatal vehicular que realicen el pago de los derechos de control vehicular por refrendo anual en términos del artículo 84, fracción II de esta Ley”.
El tema de la tenencia ha sido probablemente el más explicado en lo que va de la administración de la gobernadora, Margarita González Saravia y, aún con el diálogo de ayer entre dirigentes taxistas y la Coordinación General de Transporte, de acuerdo con el comunicado oficial del encuentro, la tenencia se mantendrá en los mismos términos, es decir, solo cobrable a quienes incumplan el pago del refrendo en los primeros cinco meses del año. Protestar contra ese cobro parecería entonces la confesión de una voluntad expresa para incumplir con las obligaciones fiscales.
Entonces el argumento central de las movilizaciones que desquiciaron el tránsito en Cuernavaca ayer no parece haber sido el fondo real de los bloqueos organizados por agrupaciones de taxistas que, por cierto, habían sido ya antes invitados a dialogar con el coordinador de Movilidad y Transporte, Josué Fernández Fernández, un llamado al que no acudieron los líderes de los trabajadores del volante.
Valdría entonces la pregunta sobre la legitimidad de las movilizaciones de los trabajadores del volante de la que sospecha ya gran parte de la ciudadanía quienes, sin embargo, atribuyen a diversos motivos los bloqueos que vivió la capital ayer en las avenidas Morelos Sur y Plan de Ayala; desde a un distractor para retirar la atención sobre los expedientes de corrupción recientemente denunciados por la administración de la gobernadora; hasta los que hablan de un intento de desestabilización política organizado por alguno de los grupos opositores al gobierno estatal dentro de su propio partido, Morena; o fuera de él.
Porque, aun cuando alguna demanda de los trabajadores del volante podría ser legítima (la que busca que cobren impuestos también a las plataformas que ofrecen servicios de transporte pudiera ser justa), el contexto en que se han presentado las movilizaciones parece partir de bases muy poco sólidas, mucho más cuando la Coordinación General de Movilidad y Transporte, la Secretaría de Gobierno, y hasta la propia gobernadora, Margarita González Saravia, han mostrado voluntad de diálogo con todos los sectores.
Por lo pronto, vale la pena reconocer el esfuerzo construir acuerdos entre las partes que, aunque ambas juraban estar dispuestas a hablar y escuchar mucho antes de los hechos de hoy, parecen haber necesitado (por lo menos una de ellas) arruinar el día a miles de automovilistas en Cuernavaca. Ojalá haya sido para bien.