Aunque el llamado “primer bloque” de denuncias contra exfuncionarios de la administración de Cuauhtémoc Blanco pudiera parecer a algunos sumamente escaso, quienes escucharon el mensaje completo del consejero jurídico, Édgar Maldonado Ceballos, y la contralora, Alejandra Pani Barragán (a quienes la gobernadora, Margarita González Saravia designó como voceros del asunto, y la ley como los responsables iniciales de denunciar la probable corrupción en el Ejecutivo estatal) pueden tener una película mucho más amplia de la magnitud que tuvo el desaseo de los exfuncionarios.
Además de las seis ya presentadas (cuatro ante la Fiscalía Anticorrupción), habría hasta ahora 67 carpetas de investigación con las que pudieran fincarse responsabilidades penales o administrativas a exfuncionarios todos ellos excolaboradores en algún nivel del exgobernador y exfutbolista. De esas denuncias, 23 habían sido presentadas en la administración anterior y pese a incluirse evidencias que habrían llevado a sanciones fueron “guardadas en un cajón” de la Secretaría de la Contraloría. En ellas se adelantan castigos que van desde amonestaciones hasta inhabilitación, pero también en caso de haber elementos, se procedería por las vías civil o penal de acuerdo con cada caso.
En los organismos descentralizados del gobierno estatal hay abiertos ya 20 expedientes, entre ellos los de Servicios de Salud Morelos, Conalep, Ceagua, y los fideicomisos del gobierno estatal. Aún faltarían por contabilizarse los correspondientes al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, donde se presumen también irregularidades relevantes.
En la administración central, integrada por las secretarías y la jefatura de la oficina de la gubernatura, se han abierto hasta ahora 24 expedientes con faltas graves que siguen en fase de integración; las irregularidades involucrarían, por lo menos a Jefatura de la Oficina de la Gubernatura, las secretarías de Hacienda, de Gobierno, Administración, Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Sustentable y la Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Está pendiente aún la conclusión de otras indagatorias, que se sumarían a las 73 referidas en la conferencia de prensa de este lunes (seis ya procesadas y 67 en vías de ello), con lo que podría haber alrededor de un centenar de asuntos derivados solo del proceso de entrega-recepción de la administración pública.
Y no se trata solo de la cantidad de expedientes, que serían suficientes para presumir que el exgobernador o personajes de primer nivel de su administración sabían lo que estaba pasando en los despachos a su cargo; también tendría que considerarse la cercanía que muchas de las oficinas donde se encontraron irregularidades en el proceso de entrega recepción tenían con Cuauhtémoc Blanco.
La jefatura de la Oficina de la Gubernatura es la más evidentemente próxima al gobernador; ahí se presumen irregularidades por lo menos en dos de sus despachos, la Coordinación de Comunicación Social y la representación del gobierno de Morelos en la Ciudad de México. También ocurre con la secretaría de Gobierno, a cargo de Samuel Sotelo Salgado, personaje en quien el gobernador tenía toda la confianza, según él mismo expresó en repetidas ocasiones. Otros de confianza del gobernador estaban en las secretarías de Administración, Hacienda, Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario, y en las comisiones Estatal del Agua y Estatal de Seguridad Pública.
Difícilmente podría, entonces, presumirse que el exgobernador Cuauhtémoc Blanco no estaba enterado de lo que ocurría. Por supuesto, el exgobernador podría argumentar que la lejanía que siempre tuvo del cargo le impidió ver los abusos en el servicio público que cometieron las personas de su confianza, algo que más que excluyente se convierte, para la sociedad, en un agravante de responsabilidad.
