Una vez que se ideologiza algún tema público se crean extremos irreconciliables pues el tema en cuestión se traslada a otras arenas en donde el debate, si lo hay, es estéril pues se invocan argumentos que llegan hasta las convicciones íntimas de las personas.
Como en la legalización de algunas sustancias actualmente mayoritariamente prohibidas, el tema del aborto desde hace tiempo está instalado en el campo de las ideas fijas y se pierde de vista la magnitud del problema de salud pública que ya representa al confinarlo a la clandestinidad.
La Organización Mundial de la Salud define el aborto inseguro como “un procedimiento para interrumpir un embarazo llevado a cabo por personas que carecen de las competencias necesarias o en un entorno que no cumple con los estándares mínimos médicos”. Este tipo de prácticas representa una causa importante de mortalidad y morbilidad materna a nivel global.
De acuerdo con la OMS, cada año se realizan aproximadamente 73 millones de abortos inducidos en el mundo, de los cuales 45% son inseguros y cada año producen cerca de 39 mil muertes, generan -entre las personas que no pierden la vida- complicaciones graves como infecciones y hemorragias que podrían prevenirse con acceso a servicios de salud adecuados.
En América Latina, las restricciones legales severas y los estigmas sociales agravan esta situación. En México, antes de la despenalización en varias entidades, los abortos clandestinos representaban una de las principales causas de mortalidad materna, según datos de la Secretaría de Salud.
Naciones como Suecia, Canadá y Uruguay han adoptado marcos legales que permiten el acceso al aborto seguro y gratuito en las primeras semanas de gestación, lo que ha reducido drásticamente las tasas de abortos clandestinos, pero aquellos países también han implementado programas de educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos, con lo que también han logrado disminuir los embarazos no deseados.
En contraste, países como El Salvador y Honduras tienen prohibiciones absolutas del aborto, lo que obliga a las mujeres a recurrir a procedimientos clandestinos. En estas naciones, los riesgos para la salud y la vida de las mujeres son alarmantes.
En México, la despenalización del aborto ha avanzado de manera desigual. El 6 de septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la criminalización del aborto a nivel federal, marcando un hito para los derechos reproductivos en el país. Sin embargo, la implementación efectiva de esta resolución depende de los congresos estatales y de garantizar la infraestructura médica necesaria, lo que, por lo menos en Morelos, permanecerá en el limbo.
Según datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en México, el aborto inseguro fue responsable de aproximadamente 8% de las muertes maternas reportadas hace tan solo dos años, aunque las cifras reales podrían ser mayores debido al subregistro.
Y en este tema se hace presente además el embarazo infantil que, por su propia naturaleza, representa por sí mismo un grave problema de salud pública en nuestro país.
Que se regule y se despenalice el aborto no significa que se fomente. Ese es un argumento reduccionista como el que mantiene trabado el debate de otros temas. En este caso debería considerarse que es una forma de contrarrestar un fenómeno de salud pública que ya pone en riesgo la vida y la salud a cientos de mujeres mexicanas en lugar de promover la promiscuidad o la irresponsabilidad.
