Además de la decisión definitiva para la economía de Morelos que ha de tomar este domingo, la LVI Legislatura del Congreso local tiene en su agenda otro asunto mucho más grave que deberá resolver para reivindicar los derechos de las mujeres, con quienes la sociedad tiene una deuda ancestral: la despenalización y legalización del aborto en el estado.
En esto los diputados tendrían que resolver más allá de ideologías y credos personales. La verdadera igualdad de derechos entre hombres y mujeres pasa, necesariamente, por el derecho que cada uno tiene a decidir sobre su propio cuerpo, a proyectar su futuro personal, a construir su proyecto de vida en libertad, y para ello la despenalización del aborto es fundamental.
Acá conviene repetir conceptos básicos: despenalizar el aborto no significa promoverlo y mucho menos obligar a quienes no tienen intención de interrumpir sus embarazos a hacerlo; se traduce en cambio en brindar la oportunidad a las miles de niñas y adolescentes morelenses que sufrieron de abusos o prácticas sexuales a las que no podían consentir, de recuperar sus proyectos de vida; reducirles riesgos de salud reproductiva; permitirles tener una alternativa que no se les dio en casa o en su círculo cercano. También en darles libertad a todas las mujeres para decidir de acuerdo con sus circunstancias, esas que sólo ellas conocen y sobre las que podrían recuperar algún control.
Los velos ideológicos y religiosos personales han entorpecido la discusión de un tema que ha sido resuelto ya en la jurisprudencia que establece la inconstitucionalidad de prohibir el aborto. El argumento es de derechos humanos, castigar la interrupción voluntaria del embarazo viola el derecho de las mujeres a decidir sin enfrentar consecuencias penales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, si bien el producto de la concepción merece una protección que incrementa con el tiempo, a medida que avanza el embarazo, “esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva”.
Pero en Morelos, los diputados de las legislaturas recientes han antepuesto sus creencias personales a la comprensión amplia de los derechos de la mujer, una tendencia que perpetua la marginación que ellas sufren por una condición no biológica (la capacidad de gestar), sino cultural (la obligación de hacerlo). Así que el tema tuvo que ser sacado de la congeladora legislativa por un juez federal que, al resolver el amparo tramitado por particulares, sentenció al Congreso de Morelos a despenalizar el aborto tan pronto como este 15 de diciembre a más tardar.
Extraña entonces que, aún conociendo de la sentencia y de la jurisprudencia sobre el tema, aún haya legisladores y legisladoras que se rehúsan no solo a la despenalización, sino también consideran que la determinación de jurisprudencia viola su derecho a legislar conforme a su conciencia; un derecho que, si bien existe, por cierto, no puede ser superior al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su futuro.
Los diputados deberán resolver hoy un pendiente histórico para el que seguramente tienen estatura. Se trata sencillamente de conceder en la legislación local algo que se ha reconocido en la federal, en los tratados internacionales y hasta en las conciencias de la ciudadanía. Si no lo pueden decir, seguramente no tendrían que llamarse representantes populares, pues estarían negando un derecho fundamental a las mujeres que son casi el 52% de quienes habitan Morelos.