Aunque la crisis en el Poder Judicial de Morelos estalló desde el 2023 y fue arreciando durante la primera mitad de este año hasta una aparente tregua; lo cierto es que la guerra intestina de magistrados continúa y las afectaciones al sistema de justicia en Morelos son altas dada la erosión de la credibilidad en quienes debieran tener una imagen impoluta para legitimar sus decisiones.
Los magistrados Manuel Díaz Carvajal, Cecilia Verónica López González y Rolfi González Rodríguez tomaron la decisión de liberar a un par de sujetos que habían sido condenados por un triple homicidio cometido en Cuautla en el 2022. Según los integrantes de la primera sala de Cuautla, su decisión está apegada a derecho dado que las pruebas que sirvieron a un juez de primera instancia para sustentar una condena de 75 años a cada presunto homicida se desvanecieron al no haberse localizado al testigo cuyas declaraciones fueron determinantes para la condena inicial. Y aunque todo eso puede ser cierto, el problema es que, entre la fama previa de los juzgadores y el conflicto interno que ha provocado un mayor desprestigio a los magistrados, es muy difícil que alguien les crea.
Eso sí, el argumento de que la crisis política en el Tribunal Superior de Justicia podría ser el origen para poner no solo en tela de juicio las determinaciones de los magistrados rivales, sino iniciar procedimientos administrativos o penales en contra de ellos, es muy útil para combatir la necesidad evidente de explicaciones claras, puntuales y verdaderas sobre las determinaciones de los juzgadores. Es decir, aunque haya dudas sobre las decisiones de jueces y magistrados, siempre pueden alegar que los cuestionamientos provienen de sus adversarios políticos y con ello omitir la obligación ética de explicarse, de rendir cuentas claras sobre las determinaciones. Y eso funciona para cualquiera de los dos grupos, y lesiona entonces la legitimidad de la administración de justicia.
Si a la condición política del Tribunal se suma que, en efecto hay una colección enorme de trabajos deficientes de la Fiscalía General del Estado de Morelos en expedientes de sujetos que son puestos a disposición; y otra fila grandísima de determinaciones de juzgadores que resultan equívocas por la incapacidad de quienes llegaron a los cargos mediante el pago de cuotas de poder, o por corrupción de juzgadores que deciden que la justicia es una mercancía por la que debe pagarse mucho dinero al ser un bien tan escaso; el daño al sistema judicial de Morelos es enorme y puede llenarse con tantos pretextos que nadie asumirá su responsabilidad en la catástrofe judicial de Morelos.
Una ruina que, según sus propios autores es siempre provocada por los otros, sean enemigos internos o fuerzas que buscan meterse a “violar la autonomía” del Poder Judicial, instrumento que, aunque imprescindible para garantizar la justicia, en las condiciones actuales sirve para exactamente lo contrario: la perpetuación de impunidades con daño grave a la sociedad.
Hace semanas asegurábamos que la salida del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea, era necesaria para la confianza y legitimidad que requiere el Poder Judicial; el tiempo no solo nos ha dado la razón, sino que ha extendido esta condición al resto de los magistrados, cuya presencia en el cargo resta legitimidad a prácticamente todas las decisiones y actuaciones de un tribunal en que, si son ciertas las acusaciones que los mismos magistrados intercambian, perviven el interés político y económico y la corrupción; pero si no lo son, además de dominados por intenciones ajenas a la justicia, los magistrados serían un atado de mentirosos, lo que en ese cargo resulta un agravante.
