Beatriz Maldonado Fragoso, Movimiento por la Discapacidad y los Derechos Humanos
Nos convoca una fecha que trasciende las palabras, los discursos tradicionales y las Flores nos convoca una deuda histórica y urgente con las mujeres con discapacidad en Morelos y en todo México, cuya lucha ha sido sistemáticamente ignorada y silenciada.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, prohíbe la discriminación y garantiza el derecho a la igualdad para todas las personas.
La Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad obliga al Estado a garantizar apoyos efectivos, servicios y derechos que permitan una vida digna y autónoma.
Sin embargo, estas garantías legales no se cumplen.
En realidad, Mariana Navarro es un testigo vivo de ello.
Mariana, madre de Emiliano, un joven de 13 años con discapacidad ha dedicado años de incansable lucha para obtener una silla de ruedas adecuada para su hijo, el cual tiene parálisis cerebral y otras dos discapacidades.
A pesar de haber agotado instancias como la gobernatura, congreso, presidente municipal ha encontrado solo omisión y silencio.
Esta ausencia de respuesta no es un simple trámite fallido, es una violación sistémica de derechos humanos que vulnera no solo a Emiliano, sino a Mariana y a tantas mujeres cuidadoras que son invisibilizadas y deshumanizadas cotidianamente.
En Morelos, la mayoría de las mujeres actúan como cuidadoras principales de hijos, padres, hermanos, esposos.
Esta labor fundamental para la vida las relega al olvido y las priva de sus derechos como mujeres sujetas a múltiples vulnerabilidades.
La desidia y la indiferencia oficial configuran una forma de violencia institucional que debe ser denunciada y erradicada.
Sabemos que esta problemática no es exclusiva de nuestro Estado o nuestro país.
En España, por ejemplo, existen programas de inclusión que garantizan el acceso a dispositivos de movilidad a través de un sistema eficiente de salud pública.
En Canadá existen protocolos claros que aseguran que todas las solicitudes de asistencia para personas con discapacidad sean atendidas en un plazo máximo de 30 días.
Estos ejemplos son inspiración para las políticas que exigimos acciones concretas, eficacia y respeto a los derechos humanos.
Pero la lucha por la inclusión y la justicia va más allá.
Este día queremos también denunciar el silencio lamentable que muchas voces feministas han guardado frente a la violencia hacia mujeres y con discapacidad, así como con sus familias.
La violencia.
El caso, por ejemplo, de nuestra ciudadana Kimberly, cuyo sufrimiento ha sido sepultado por la indiferencia.
La complicidad del silencio implica el poder de la violencia estructural y afecta a todas las mujeres que alzamos la voz.
Por eso, este 8 de marzo levantamos la voz con justicia y determinación para exigir no solo respeto y protección, sino políticas públicas efectivas que garanticen la dignidad y la autonomía de las mujeres con discapacidad y sus cuidadores.
Exigimos que se establezcan protocolos urgentes, que se sancione a quienes incumplen la responsabilidad y que se construyan entornos seguros, accesibles e inclusivos, donde ninguna mujer viva con miedo o vulnerabilidad.
La verdadera transformación social requiere empatía, compromisos y acciones concretas.
No permitiremos que la lucha de mujeres como Mariana y tantas otras sea relegada al silencio oficial ni a discursos vacíos.
En nuestras manos está el poder y la responsabilidad de defender y construir un futuro donde los derechos de las mujeres con discapacidad sea una realidad tangible, sostenida y respetadas.
Juntas y juntos, con justicia, verdad y solidaridad, podemos cambiar esta historia.
Basta de silencio, basta de indiferencia.
La dignidad de las mujeres con discapacidad no merece menos.
