El aumento de 50% en la frecuencia de incendios forestales en las primeras semanas de este año significa una real alerta ambiental.
En el 2025, el fuego afectó una superficie superior a las 10 mil hectáreas de bosque, lo que significó un severo daño ambiental de zonas que tardarían muchos años en recuperarse. Entonces el aumento de 20 a 32 incendios en los primeros 42 días del año se traduciría en términos muy simples en un incremento de la superficie en riesgo o del daño sobre esas áreas.
Si bien el gobierno de Morelos y la mayoría de los municipios afectados por incendios forestales han reforzado sus esquemas protección y control; estos sirven básicamente como respuesta al fuego que ya se ha iniciado, pues la mayor parte de los incendios forestales en Morelos son provocados por la acción humana en los más casos dolosa.
En el 2025, el trabajo conjunto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales permitió que se establecieran sanciones más claras y severas para quienes perpetran diversos tipos de daño ecológico, entre ellos los incendios forestales. También se reforzaron las vedas para impedir el cambio de uso de suelo en las zonas afectadas por incendio. Sin embargo, hasta ahora no se ha comunicado de una sola sanción en contra de personas que hayan provocado alguno de las decenas de incendios forestales, lo que impide casos ejemplares que inhiban comportamientos depredadores.
Una buena noticia, sin embargo, es la habilitación de un esquema de vigilancia con sobrevuelos de drones que iniciará el próximo lunes. La supervisión de las actividades en zonas de alto riesgo por la acumulación de material combustible derivado del periodo de estiaje podría permitir acciones inmediatas que evitaran prácticas como la quema de parcelas sin controles, las invasiones de las zonas boscosas y hasta las fogatas.
En paralelo, determinaciones como la del Ayuntamiento de Tepoztlán que prohibió por 180 días el acceso a las zonas boscosas excepto para actividades agrícolas y de las brigadas de protección contra incendios, pueden reducir sustancialmente los riesgos.
También tendría que reconocerse que, a pesar de ser mayor el número de incendios forestales al registrado el año pasado, en esta ocasión la coordinación de las brigadas de combate parece mucho más eficiente, lo que ha permitido controlar y apagar las llamas mucho más rápido, lo que evita que se extiendan.
Pero en este contexto debe entenderse que el gobierno estatal y el ayuntamiento de Tepoztlán han llegado a su límite legal. No hay nada más que puedan hacer sin exceder las facultades que la ley les otorga y violar las libertades que ese mismo marco jurídico garantiza para la población.
La mayor parte de la responsabilidad en la prevención de los incendios forestales sigue estando en la ciudadanía, y para ello es necesario retomar las campañas de educación forestal, de conciencia sobre los riesgos; pero también hará falta que, en su caso, la autoridad imponga los castigos que la ley permite contra quienes ignoran las medidas preventivas. Eso también es urgente.
