La idea de orden que propone la administración de Margarita González Saravia como centro de comunicación para su Primer Informe de Gobierno debe entenderse en un contexto de caos generado por al abandono de las funciones gubernamentales desde hace varios años.
Uno de los más evidentes ejemplos del desorden que generó esquemas de corrupción, discrecionalidad y otros vicios en el sector público y en la sociedad se presentó en el transporte público. La arbitrariedad de la autoridad del transporte permitió por muchos años que se pactaran beneficios extralegales a cambio de dinero o respaldos políticos. El fenómeno no fue nunca inocente, pero se volvió cada vez más pernicioso al permitir que los líderes del transporte se convirtieran en actores políticos de presión contra las autoridades.
Las manifestaciones, bloqueos, suspensiones arbitrarias del servicio de las unidades del transporte público de pasajeros (colectivos y taxis), pasaron de ser instrumentos para visualizar demandas justas, en herramientas de presión para someter a la autoridad y hacer prevalecer el desorden que beneficiaba exclusivamente a dirigentes y autoridades corruptas, pero nunca a los choferes, a los legítimos concesionarios, y mucho menos a los usuarios del muy deteriorado sistema de transporte en Morelos.
Los resultados son evidentes, el caos que representa el transporte público de pasajeros en el estado es innegable y, aunque hoy mismo se iniciara su modernización con los recursos y respaldos suficientes, llevaría más de seis años renovar el parque vehicular, mejorar sustancialmente la calidad del servicio y reducir al mínimo los riesgos para los usuarios.
Y si bien la renovación del transporte público en Morelos es urgente para la mayoría de la gente, para que ésta se dé es indispensable primero poner orden en un sector que se fue construyendo entre los tímidos intentos de regulación, la barbarie del más fuerte y las complacencias de autoridades.
Por supuesto que, con liderazgos y fortunas construidas en el caos, habrá siempre resistencias para establecer un orden elemental que aporte beneficios a los usuarios, los transportistas y hasta el gobierno estatal por la vía de una mayor y más eficiente recaudación. No se trata de resistencias legítimas, sino de una búsqueda por perpetuar la ilegalidad.
Aunque pudiera resultar preocupante que el gobierno de Morelos responda a los amagos de bloqueos que hacen los dirigentes del transporte con la advertencia de cancelar concesiones (una medida de fuerza) y la invitación al diálogo para revolver diferencias (una estrategia política); parece mucho más serio el que los transportistas insistan en tomar como rehén a la movilidad ciudadana a fin de lograr imponer su voluntad por encima de leyes que fueron discutidas, diseñadas, proyectadas y luego aprobadas y validadas.
La dureza del gobierno estatal no es una mala señal cuando se trata de poner orden frente a quienes promueven lo contrario para seguir obteniendo beneficios particulares. Tampoco lo es porque se mantiene abierta siempre la puerta del diálogo, aunque pueda ser aprovechado por algunos como una táctica para retrasar lo inminente, la paulatina recuperación de la legalidad.