Los urgentes candados a las candidaturas
Ya que el Congreso de Morelos plantea retomar una probable reforma electoral local una vez que se conozca el contenido y lineamientos de la que en el plano federal presentará la Presidencia de la República, valdría la pena que las y los legisladores locales buscaran aprender de los errores, disfunciones y hasta enormes peligros electorales que enfrenta la ciudadanía para reducirlos en la propuesta que habrán de discutir.
La propia LVI Legislatura ha puesto como centro de la eventual reforma el aumento de 20 a 30 diputados en la integración del Congreso y la mejora en los mecanismos para calcular la representación, algo que para la ciudadanía es el último elemento de un debate mucho más amplio centrado en cómo hacer para que la democracia no represente un riesgo tan grande para la seguridad de la ciudadanía.
Porque los vínculos de personajes políticos con grupos delictivos, la aparición como candidatos de sujetos sometidos a investigaciones por hechos de corrupción y, en términos mucho más generales, la casi total ausencia de una oferta política electoral de calidad no solo administrativa, sino ética y moral, entrañan mucho mayores riesgos que votar por el menos malo de los candidatos. La posibilidad de que la ciudadanía no tenga alternativas para elegir aparte de corruptos o maleantes se ha vuelto una realidad triste en algunos municipios y distritos electorales.
Presentar candidaturas que enfrentan solo delincuencia y corrupción traiciona el espíritu mismo de la democracia, la convierte en un mecanismo perverso de poder público que beneficia a malvivientes y a una clase política cada vez más reducida y, en algunos casos, cada vez más sometida por el crimen.
Se trata, en efecto, de un tema que debe ser tocado por la reforma electoral federal, pero también en el estado tendría que estarse trabajando en la obligación de los partidos políticos, las coaliciones, y hasta los órganos electorales, de garantizar que la oferta de candidatos independientes, partidistas y de coaliciones, sea segura y de la mayor calidad para la ciudadanía que habrá de elegirlos.
No es un asunto fácil
Aunque algunos partidos han presentado avances como el no postular a personas que estén bajo investigación por presuntos delitos o hechos de corrupción; es bien sabido que, conforme al debido proceso, las autoridades de investigación no deben informar sobre los casos que indagan, salvo en algunas etapas procesales y solamente a los implicados o sus representantes legales.
Tampoco ayudan las cartas de no antecedentes penales, cartas de recomendación y otros instrumentos que, en el pasado, servían como avales de la personalidad y honestidad de los candidatos.
Es un tema que debe pensarse a profundidad y sobre el que urgen soluciones prontas porque no se pueden repetir casos de involucramiento de funcionarios electos con grupos delictivos, o en actos de corrupción en el ejercicio de la función pública como los que se han presentado en municipios y distritos de todo el país y que sabemos desde hace mucho que existen en Morelos.
La reforma electoral debería darnos, primero, garantías de calidad profesional, ética y humana. Logrado eso, puede discutirse todo lo demás.
