La corrupción —advierte Naciones Unidas— es un fenómeno capaz de deformar instituciones, contaminar decisiones públicas y frenar el desarrollo económico al punto de volverlo estéril. Sus efectos se filtran en los procesos electorales, en la aplicación de la ley, en la burocracia que complica lo sencillo y en los costos ocultos que pagan las empresas y las y los ciudadanos por igual. Allí donde la opacidad sustituye a la transparencia, los derechos se debilitan, las oportunidades se reducen y el Estado pierde la capacidad de responder a las necesidades de las personas. Por eso comprender sus causas, sus mecanismos y sus impactos es el primer paso para enfrentar un problema que condiciona la vida pública y marca el horizonte del país. Pocas fuerzas deterioran tanto a un país como la corrupción.
La corrupción tiene efectos que se reflejan en hospitales sin insumos, escuelas deterioradas, obras inconclusas, desplazamientos forzados, impunidad inseguridad, desaparición de personas, instituciones que no investigan y programas sociales que no llegan a quienes más los necesitan. Cada acto indebido se traduce en la vulneración concreta de derechos humanos como la salud, educación, vivienda, seguridad, acceso a la justicia e integridad personal, entren otros. Por ello, organismos internacionales han insistido en que combatir este fenómeno es una obligación de derechos humanos y no un gesto político.
La corrupción profundiza la desigualdad estructural; cuando los recursos públicos se desvían, quienes viven en pobreza o marginación son los más afectados. La falta de inversión en infraestructura básica, servicios de salud oportunos o programas sociales eficientes perpetúa ciclos de exclusión que se transmiten de generación en generación. Las prácticas corruptas encarecen los servicios, reducen la calidad de las obras y generan desigualdad en el acceso a oportunidades. Así, la corrupción no solo limita el desarrollo sino captura los beneficios del crecimiento para unas cuantas personas y deja al resto en una situación de carencias que el Estado está obligado a resolver. Estas afectaciones adoptan múltiples formas: desde irregularidades en contrataciones públicas hasta prácticas de nepotismo e influyentismo; también incluyen el desvío de recursos, el enriquecimiento inexplicable y los actos de abuso del poder para beneficio privado.
Otro de los efectos más graves es su relación con la inseguridad y la violencia. La corrupción facilita la operación de redes criminales, distorsiona la actuación de cuerpos policiales y debilita las capacidades de investigación y sanción. Cuando la impunidad se normaliza, la ciudadanía percibe que denunciar no tiene sentido y el sistema de justicia pierde legitimidad. La falta de controles internos, la colusión entre funcionarios con los grupos delictivos y la manipulación de investigaciones, alimentan un círculo de desconfianza que termina por fracturar el tejido social. Sin instituciones confiables, la seguridad se vuelve selectiva y los derechos fundamentales quedan a merced de intereses particulares.
La transparencia es una herramienta indispensable para prevenir esos abusos. Ahí donde los gobiernos cierran información, reducen los contrapesos o inhiben la vigilancia ciudadana y los espacios para la corrupción crecen. La experiencia demuestra que los sistemas de acceso a la información, las políticas de datos abiertos, las auditorías independientes, los mecanismos de denuncia protegida y la participación social activa, son factores que reducen riesgos y fortalecen la integridad pública. La opacidad en esos conceptos deteriora la confianza, distorsiona las decisiones y coloca al interés público en un segundo plano.
En México, la lucha contra la corrupción enfrenta retos sistémicos. En 2024, nuestro país obtuvo una calificación de 26 puntos de 100 posibles —en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)— ubicándose en el último lugar entre las 38 economías evaluadas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta baja calificación se debe al debilitamiento de los contrapesos democráticos, la concentración de las decisiones de gobierno y los persistentes cuestionamientos al sistema nacional de transparencia, elementos que han encendido alarmas entre especialistas y organizaciones civiles. El debilitamiento de instituciones creadas para garantizar apertura y control democrático —como el INAI— no solo afecta la rendición de cuentas, sino tiene consecuencias directas sobre el uso de recursos públicos y en la protección de los derechos humanos. Cuando la información se oculta o se dificulta su acceso, es complicado identificar irregularidades, dar seguimiento a programas, evaluar políticas o exigir responsabilidades y, es su caso, mejorar la toma de decisiones.
Frente a este escenario, el combate a la corrupción requiere instituciones sólidas y profesionales capaces de actuar con independencia de los ciclos políticos. Se necesitan procesos administrativos claros, mecanismos de contratación transparentes, personas servidoras públicas con ética y responsabilidad, así como órganos de constante control dotados de recursos suficientes. Pero también una ciudadanía informada y vigilante, porque la integridad pública no se reduce a las estructuras estatales, es una construcción colectiva que se defiende día a día, desde la exigencia social hasta el escrutinio permanente de las autoridades.
Como ha señalado el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, Rector de la UNAM, “la mejor forma de avanzar hacia la erradicación del fenómeno de la corrupción es conocerlo, documentarlo, rastrear sus raíces y entender a qué se debe su persistencia, a fin de encontrar soluciones para erradicarlo” (Gaceta UNAM, 2025). También advirtió que la independencia judicial es indispensable para castigar la corrupción, pues cuando no existe la sanción “el castigo se convierte en un tema de voluntad política”.
El pasado 9 de diciembre se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2003, el cual adquiere un significado particular en un contexto de cambios institucionales, siendo indispensable recordar que esta lucha no se sostiene con discursos sino en políticas públicas verificables, procedimientos auditables, datos accesibles y mecanismos de vigilancia que funcionen con independencia del gobierno en turno. La integridad no se declara, se construye con acciones concretas y una convicción firme de que los recursos públicos deben servir exclusivamente al bienestar colectivo.
Garantizar un Estado transparente no es solo una demanda administrativa, es una condición indispensable para que los derechos humanos se hagan realidad. La corrupción destruye oportunidades, acentúa desigualdades, debilita la democracia y erosiona la confianza ciudadana. Combatirla es una responsabilidad compartida y un compromiso ético ineludible. La transparencia, la rendición de cuentas y la participación social, son los pilares que permiten que ese poder se ejerza con legitimidad y en beneficio de todas y todos.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos
