(Tercera y última)
José Martínez Cruz
Contexto político y social en México.
Esta situación institucional refleja además una crisis política y social más amplia en México, donde movimientos sociales, feministas y colectivos de víctimas enfrentan represión, criminalización y estigmatización. La CNDH ha mantenido un silencio preocupante o incluso posiciones alineadas con la narrativa gubernamental en temas como la violencia feminicida y la militarización creciente.
Esta subordinación afecta la percepción pública y la credibilidad de un organismo que debería fungir como garante independiente. El fracaso de mantener autonomía pone en riesgo la eficacia y el papel fundamental de la CNDH para proteger a las personas frente a excesos y violaciones de las autoridades.
Caso Ayotzinapa: responsabilidad del Estado y militar.
El caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014 es uno de los episodios más dolorosos y emblemáticos de la crisis de derechos humanos en México. El Ejército mexicano tuvo un papel activo y no solo omiso, en los hechos constituyendo un «crimen de Estado» que ha sido sistemáticamente encubierto.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión de la Verdad han señalado la complicidad de altos mandos militares y autoridades federales. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina ocultaron información relevante, y la Procuraduría General de la República elaboró una «verdad histórica» falsa para cerrar el caso.
Aunque algunos militares han sido detenidos, la investigación aún enfrenta opacidad y resistencia, y muchas responsabilidades permanecen sin esclarecer. Por eso llamo a mantener la presión para esclarecer la verdad, sancionar a los responsables y garantizar justicia a las víctimas y a sus familias, como también mantener los archivos abiertos a la sociedad.
Por este caso fui acusado penal y administrativamente por la CNDH y perseguido durante 5 años, donde gané todos los recursos legales y demostré la falsedad de las acusaciones orquestadas por Rosario Piedra y Francisco Estrada. La infamia y la vileza no pudieron imponer su autoritarismo que agravia a las víctimas y la memoria de doña Rosario Ibarra de Piedra.
Un llamado a la lucha y la esperanza.
Pese a las dificultades, mantenemos un mensaje positivo y de compromiso, porque la lucha por los derechos humanos debe continuar desde todas las trincheras, con integridad y la conciencia de que esta batalla es por la dignidad humana y la justicia social.
Si bien hay retos políticos, sociales y administrativos, la esperanza radica en la organización de la sociedad civil, en la visibilización de las injusticias y en la persistencia para acabar con la impunidad y la violencia institucional.
Porque es necesario defender la autonomía de los organismos públicos, exigir transparencia, hacer valer los derechos y no aceptar la sumisión ante el poder. Sólo así será posible transformar a México en un país donde los derechos humanos sean respetados y garantizados por el Estado.
