El reto del retorno: construir protección social para quienes vuelven
David Vázquez Marbán y Gabriela Mendizábal Bermúdez[1]
Las y los migrantes de retorno son personas que, después de haber vivido fuera de su país de origen, por meses, años o incluso décadas, regresan a su país de manera voluntaria o forzada. En el caso de México, el término se refiere principalmente a mexicanos que migraron a Estados Unidos de América (EUA) y luego volvieron al país por decisión propia, por reunificación familiar, por dificultades económicas, por deportación o por cambios en su situación laboral o migratoria.
Los derechos humanos garantizan condiciones de vida dignas para todos y suelen asociarse con la educación, la salud, la vivienda o el trabajo. No obstante, existe otro derecho fundamental que suele pasar desapercibido: el derecho a la seguridad social. Este protege a las personas frente a contingencias como enfermedad, desempleo, accidentes laborales y, especialmente, en la vejez, mediante un sistema en el que las personas cotizan durante su vida laboral para acceder a prestaciones.
A pesar de su importancia, amplios sectores de la población siguen excluidos de este derecho. Entre ellos destacan los migrantes de retorno, quienes enfrentan una doble vulnerabilidad: trabajaron en condiciones irregulares en EUA, sin acceso a seguridad social y al regresar a México tampoco logran incorporarse plenamente al sistema.
Para dimensionar esta situación, el Boletín Mensual de Estadística Migratoria contabilizó, entre enero y julio del 2025, un total de 112,260 mexicanas y mexicanos que fueron repatriados desde el país vecino; de ellos, 1366 eran originarios del Estado de Morelos. Detrás de cada cifra hay una historia marcada por el esfuerzo, el trabajo y sobre todo: por una falta de cultura en temas de seguridad social.
A principios de enero, el programa “México te abraza” impulsado por el Gobierno de la República, representó un avance al permitir que las personas deportadas puedan incorporarse al Instituto Mexicano del Seguro Social y acceder a los programas del bienestar. Sin embargo, esta medida sigue siendo limitada y no garantiza una cobertura real e integral para quienes regresan en condiciones de alta vulnerabilidad, como adultos mayores o personas con enfermedades graves. A ello se suman los retos de la reintegración familiar y laboral, que pueden desencadenar depresión, pobreza e incluso, en casos extremos, suicidio. Para muchos, la vida que dejaron atrás simplemente ya no existe.
La Organización Internacional para las Migraciones ha impulsado desde 1979 programas de retorno voluntario asistido, orientados a garantizar un regreso con mejores condiciones y con dignidad. Sin embargo, en México aún falta traducir esta visión humanista en políticas públicas efectivas que aseguren el acceso a la salud, la reintegración laboral y sobre todo la incorporación plena a la seguridad social de quienes retornan en la vejez. La ausencia de un enfoque integral continúa dejando a miles de personas en estado de vulnerabilidad que podría evitarse con mayor voluntad institucional.
El y la migrante que regresa a México merece reconocimiento y protección. Una parte crucial de su vida laboral contribuyó al desarrollo del país mediante remesas que sostuvieron familias y dinamizaron economías locales. Garantizar el derecho a la seguridad social para este grupo no es un asunto de costos, sino de justicia y derechos humanos. Si México aspira a un verdadero Estado de bienestar, el camino de retorno debe ser digno, seguro y acompañado por un sistema de protección social que resguarde la vida en todas sus etapas: seguridad social para la vida, para vivir, y no solo para sobrevivir.
Foto: es.mercopress.com
-
Doctorando del Programa de Derecho y Globalización y Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la FDyCS de la UAEM. ↑
