Aunque no quisiéramos reconocerlo, hace muchos años se diluyó la frontera entre el mundo real y el virtual.
Gran parte de las actividades productivas tienen hoy una base digital. Las transacciones comerciales a través de plataformas han crecido sustancialmente y en un futuro no lejano representarán la mayor parte da las compras de bienes de consumo duradero. Las redes sociales se han convertido en un centro para la vida social, la adquisición de información y conocimientos, y para las interacciones entre las personas.
Aquella idea de que lo que acontece en la Internet es inexistente o siquiera controlable ha sido sepultada entre toneladas de casos reales, de éxitos, de fracasos, pero también, y muchos más, de terror.
La violencia ha encontrado un terreno fértil debido a la escasa, ineficiente e incompleta regulación del mundo digital, por una parte, pero también de las omisiones y fallas de los usuarios que -probablemente bajo la idea de inocuidad de la vida digital, aumentan el riesgo de ser victimizadas y perder su tranquilidad, seguridad, patrimonio, integridad y hasta sus vidas.
Esa vulnerabilidad es mucho mayor en el caso de las mujeres pues reproduce en su versión online, todas las conductas de agresión que enfrentan en la vida cotidiana; en sus familias, las calles, el trabajo, sus relaciones de pareja. Con efectos aún más graves dada la penetración y permanencia de los contenidos que se publican en redes sociales; efectos que, incluso pueden rastrearse como antecedentes de ideaciones suicidas y de feminicidios.
Lo que hace una década pudo considerarse una suerte de sensacionalismo se ha convertido en una dolorosa realidad para la que la sociedad, las autoridades y las y los usuarios de internet y redes sociales no están preparados. Las medidas de seguridad que ofrecen las empresas de tecnología son insuficientes para el tamaño del problema; la gente no ha visibilizado el grado de riesgo que pueden representar las redes sociales, lo que limita las posibilidades de protección y uso seguro; las autoridades han diseñado leyes y nuevos despachos que difícilmente entienden, y por lo mismo desatienden, aristas fundamentales del riesgo; y los usuarios, entusiasmados por compartir contenidos o por ser populares, difícilmente acuden a las herramientas y servicios de seguridad que se ofrecen para reducir los riesgos.
Igual que en todas partes, en las redes sociales la mayoría de los agresores de mujeres no suelen tener identificadores evidentes que los ubiquen como delincuentes, aunque lo sean. La usurpación y el ocultamiento de identidades son una práctica común (hay mucha gente que tiene una cuenta de redes sociales personal -para la familia y amigos cercanos- y otra pública -para los conocidos, compañeros del trabajo, posibles empleadores, y hasta futuros contactos), esta práctica facilita el anonimato, uno de los componentes fundamentales de las agresiones en redes sociales. Así, los riesgos contra las mujeres prevalecen y se vuelven difíciles de perseguir y combatir.
Y si para prevenir, combatir y sancionar las agresiones físicas y psicológicas contra las mujeres es necesario tener el conocimiento jurídico, la empatía y sensibilidad, y entender la psicología de la víctima, de sus familiares y hasta de los agresores, perfiles muy difíciles de encontrar. En el caso de la violencia digital también es indispensable un altísimo y siempre actualizado conocimiento técnico sobre las redes sociales, la internet, las herramientas de ciberseguridad; solo así se vuelve posible atacar el problema desde su raíz.
Aunque en Morelos parece haberse olvidado en medio de la creciente violencia contra las mujeres en todas sus formas, este 25N tiene como centro la violencia digital; bien podría, además de los 16 días de activismo, empezar la formación de cuadros especialistas en seguridad y combate a la violencia digital contra las mujeres; sería un avance adicional a las jornadas de activismo y visibilización.
