Ella entra en un local comercial muy frecuentado por la gente de Cuernavaca, sólo sus ojos detrás de las gafas graduadas alcanzan a brillar sobre el burka, ese atuendo que usan las mujeres en el islamismo fundamentalista y que para el occidente cristiano es una muestra de discriminación, abuso y violencia contra la mujer. Aún caminando detrás del hombre que la subyuga a la usanza de aquella cultura, es muy probable que esa mujer totalmente anónima tenga una vida mucho menos violenta a las de decenas de miles que, en Morelos, sufren de violencia en todas sus formas, desde las más sutiles hasta las letales.
Las cifras, por sí mismas resultan aterradoras. De enero a septiembre, aún con la contención que se ha logrado del delito de feminicidio, 25 mujeres han sido víctimas de ese crimen en el estado; 57 asesinatos más de mujeres fueron tipificados como homicidios dolosos; 58 perdieron la vida en homicidios culposos.
Además, 293 mujeres denunciaron lesiones dolosas; y mil 68 requirieron atención hospitalaria por lesiones culposas que fueron denunciadas ante la autoridad.
En el mismo periodo, se registró el secuestro de 11 mujeres; hubo dos víctimas de trata de personas; 94 víctimas de extorsión; y 42 de corrupción de menores.
También se registraron denuncias de 4 mil 282 mujeres víctimas de violencia familiar; 366 por violación; y los servicios de emergencia atendieron 8 mil 699 llamadas de violencia contra mujeres durante esos nueve meses (casi 36 llamadas en diarias en promedio, una y media cada hora).
Ser mujer en Morelos significa un riesgo mayor según demuestran las estadísticas, y aunque muchos quisieran atribuir sólo al Estado esa responsabilidad, lo cierto es que se trata de un problema añejo, cultural y de disrupciones.
Los feminicidios son el mayor, no el único problema
Detrás de casi cada historia de feminicidio puede rastrearse una secuencia de agresiones, todas ellas de gravedad, en contra de las mujeres que suelen tener a más receptoras que la víctima.
Todos los analistas de la violencia contra las mujeres coinciden en que ésta tiene sus raíces en una cultura patriarcal que legitima el dominio masculino y una organización de jerarquías sociales basada en la supuesta supremacía de los varones. Se trata de una raíz cultural que reproduce actitudes de machismo, misoginia y sexismo transmitidas socialmente en la familia, escuela y comunidad.
En casi todo el país, y en prácticamente todo el territorio de Morelos, estos modelos culturales son extraordinariamente fuertes y buscan reforzar educación y roles tradicionales asignados arbitrariamente a hombres y mujeres; en ellos, la mujer se percibe como subordinada, predestinada al cuidado doméstico y familiar, y se niega cualquier aporte a la vida social, política y económica.
Pero considerar que la violencia contra las mujeres surge a partir de las fracturas que ese modelo de dominación ha venido sufriendo a través de los años recientes sería negar siglos de dramas y tragedias padecidos por las mujeres en Morelos y en México. El origen de la violencia contra las mujeres no está en el desgaste de un modelo que, además, nunca funcionó realmente; sino en la concepción que se formó en los hombres sobre las mujeres como objeto y propiedad, y la asociación entre masculinidad y violencia.
Así, a pesar de su común denominador, las formas de violencia contra las mujeres son muy diversas e incluyen la violencia familiar (de la que son las víctimas más frecuentes), sexual, económica, patrimonial, política, física, obstétrica, simbólica, entre otras menos frecuentes. Los feminicidios son la más trágica, pero también una de las no tan frecuentes formas de las violencias contra las mujeres (por ello su alta incidencia en Morelos resulta mucho más preocupante).
¿Visibilización o aumento de incidencia?
Aunque la violencia contra las mujeres es una horrible cotidianeidad en la sociedad morelense, hasta hace muy poco tiempo empezó a medirse; y sólo un poco después de los primeros registros, en la década pasada (el feminicidio se tipificó como delito apenas en el 2012), empezaron a generarse denuncias específicamente por violencias contra las mujeres.
Y si bien en la última década se ha mostrado un aumento significativo en las denuncias por violencias familiar, sexual, económica, física y otras; el registro puede deberse a la visibilización que se hace de conductas violentas que habrían sido normalizadas.
Quedaría entonces el registro de los feminicidios como una especie de medición objetiva de la violencia contra las mujeres, sin embargo, la tipificación final del delito corresponde a autoridades que a menudo tienen diferencias de criterio sobre los componentes del delito, con lo que algunos feminicidios considerados por colectivas feministas y organizaciones de derechos humanos no son considerados como tales por la autoridad.
Desde febrero pasado, con el cambio en el mando de la Fiscalía General de Morelos, todos los asesinatos de mujeres (de inicio) son tratados con el protocolo del feminicidio.
Las diferencias criteriales en los feminicidios
Conforme al Código Penal para el Estado de Morelos, se tomará como feminicidio el asesinato de una mujer cuando existan razones de género para el crimen. Estas razones de género se inscriben en estos datos más o menos objetivos: “la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo; a la víctima se haya infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa o posterior a la privación de la vida o actos de necrofilia; existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; existió entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo, cualquier otra relación de hecho, sentimental, afectiva o de confianza; hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación laboral, docente, o cualquier otro que implique confianza, subordinación o superioridad; existan datos de amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; o el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público. Con cualquiera de estas hipótesis la tipificación del delito tendría que seguir como feminicidio, algo que, por cierto, en las anteriores administraciones de la Fiscalía y la Procuraduría General de Justicia de Morelos no necesariamente ocurría.
Más allá de las cifras
El lugar común de los números como fríos es una falacia casi siempre, mucho más cuando se habla de la violencia contra las mujeres, una categoría que entraña miles de historias diferentes unidas por el terror, la indignación, el coraje y en algunos exitosos casos, la sobrevivencia.
Hay evidencia que indica una relación entre la pobreza y marginación como agravantes de la violencia contra las mujeres al aumentar su vulnerabilidad y ser campos de cultivo para situaciones de estrés que desencadenan violencias.
Las carencias sociales limitan el acceso a los servicios básicos, la educación, el empleo digno y a los sistemas efectivos de justicia y protección, lo que impide desde visibilizar las violencias hasta erradicarlas y tratar a sus víctimas. Además, la pobreza perpetua situaciones de dependencia económica y esquemas patriarcales en las comunidades que la padecen, ampliando así el riesgo de violencia.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) siete de cada diez mujeres en Morelos han padecido algún tipo de violencia, una proporción que es mayor en las comunidades pobres y marginadas.
En términos estructurales, las mujeres padecen una brecha salarial amplia que impide que sus percepciones se igualen con las de los hombres aún cuando hacen el mismo trabajo; están expuestas a mayor pobreza y carencias sociales; sufren sobrecarga laboral al combinar el trabajo remunerado con el doméstico; y difícilmente consiguen redes de apoyo o recursos económicos que les permitan fortalecer su autonomía financiera y con ello romper las relaciones de dependencia que las exponen permanentemente a situaciones de violencia.
La marginación de oportunidades también afecta a las mujeres que padecen una mayor informalidad, otra condición que supone riesgos de mayor violencia. La evidencia estadística muestra que las mujeres en el sector informal enfrentan mayores riesgos debido a la falta de ingresos fijos, ausencia de seguridad social, y mayor vulnerabilidad económica y social. Todo ello dificulta su autonomía y capacidad para denunciar violencia o abandonar relaciones abusivas, y las expone a riesgos extremos como el feminicidio.
Pero la violencia no sólo se practica contra las mujeres pobres o en evidente situación de vulnerabilidad. También los sectores de mayor estatus socioeconómico sufren diversas formas de violencias; aunque todas ellas tengan menor visibilidad pública. En esos sectores sociales, se presentan preponderantemente violencias económicas, psicológicas y simbólicas, aunque también hay casos de agresiones físicas y feminicidios.
El poder económico y político de los agresores suele permitir que los casos se mantengan ocultos, aunque movimientos como el que se emprendió contra la violencia vicaria, y la ampliación de redes de comunicación y protección entre las mujeres de la sociedad civil ha permitido la visibilización de muchos casos que de otra forma habrían quedado impunes.
El patriarcado se va a caer
El consenso es que la violencia contra las mujeres trasciende la esfera del Estado en tanto se trata de un problema de formación cultural cuya mayor prevalencia está en el círculo familiar. Toda la evidencia indica que la mayoría de los agresores (más del noventa por ciento) pertenecían al núcleo familiar o de amistades de las víctimas.
Y aunque las posibilidades del Estado para frenar la violencia contra las mujeres de forma inmediata son limitadas, la apuesta gubernamental en Morelos busca abatir las causas por dos vías: primero la dotación de herramientas para el empoderamiento y autonomía de las mujeres, mediante la capacitación para el trabajo, la dotación de créditos, el tejido de redes de apoyo, la asistencia jurídica y el acompañamiento a las víctimas; y segundo, la reeducación de la sociedad por la vía de la formación de nuevas masculinidades, el mayor control en el consumo de alcohol y sustancias potenciadoras de violencia, y el castigo ejemplar a los perpetradores de violencia contra las mujeres.
La idea es quitar los fundamentos económicos, políticos, sociales, culturales y jurídicos al patriarcado origen de la violencia contra las mujeres.
La expresión resumida de la estrategia se ve en los 16 centros LIBRE que los gobiernos estatal y federal han instalado en 16 municipios de Morelos, todos bajo la Alerta de Violencia de Género decretada en el 2015 en el estado. Los espacios brindan atención integral gratuita a miles de mujeres mediante servicios jurídicos, psicológicos, culturales y de empoderamiento, contribuyendo directamente a la prevención y atención de las causas estructurales de la violencia de género.
El modelo emergente apenas abierto este año no es el único caso de éxito. Otro con más tiempo de trabajo es el que ha implementado el Instituto de la Mujer de Cuernavaca, donde además del empoderamiento de las mujeres en materia económica y jurídica, se forman nuevas masculinidades mediante cursos a hombres que buscan romper ciclos generacionales de violencia o erradicar el riesgo de convertirse en agresores.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Desde 1999, cada año se conmemora en todo el mundo el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una efeméride que incluye 16 días continuos de activismo y los días naranjas, el 25 de cada mes, para concientizar a la población sobre la necesidad de entornos de paz, igualdad y seguridad para las mujeres en todo el mundo.
La fecha fue definida por la Organización de las Naciones Unidas para conmemorar el asesinato de las hermanas Mirabal en la República Dominicana a manos del régimen del dictador Rafael Trujillo al que se oponían.
La fecha convoca a actuar para frenar las causas y la práctica de la violencia contra las mujeres y cada año busca visibilizar una problemática diferente. Este 2025, se trata de evidenciar el tamaño y los efectos de la violencia digital.
Las cifras de la Organización de las Naciones Unidas advierten que el 85% de las mujeres han sido víctimas o testigos de alguna forma de violencia digital en contra de ellas. El 67% de las mujeres víctimas de agresiones digitales padecieron de desinformación o difamación; entre el 90 o 95% de los deepfakes en línea son imágenes pornográficas no consensuadas y de ellas el 90% afectan a mujeres; y el 73% de las periodistas han sufrido violencia en línea. El patriarcado entró a la era digital.
El patriarcado y la machoesfera
La ONU informa que las herramientas digitales se utilizan cada vez más para acechar, acosar y abusar de mujeres y niñas mediante el uso indebido de imágenes o intercambio no consentido de imágenes íntimas, a menudo denominado pornografía vengativa o filtración de desnudos.
También en forma de ciberacoso, troleo y amenazas en línea; acoso en línea y acoso sexual; falsificación de imágenes mediante inteligencia artificial (IA): imágenes sexualmente explícitas, pornografía falsificada e imágenes, vídeos o audios manipulados digitalmente; discurso de odio y desinformación en las plataformas; la publicación de información privada o doxeo.
Otras formas son el discurso de odio y desinformación en las plataformas; acoso, vigilancia o seguimiento en línea para controlar las actividades de una persona; captación y explotación sexual en línea; la suplantación de identidad; y la participación en redes misóginas, como la machoesfera o los foros incel.
También advierte que los actos no solo se producen en la esfera digital: “a menudo desembocan en violencia en la vida real, por ejemplo, en forma de coacción, abusos físicos e incluso femicidios”
Y señala que “la violencia digital se dirige en mayor medida contra las mujeres que contra los hombres en todos los ámbitos, pero afecta en especial a quienes gozan de visibilidad pública o en línea: activistas, periodistas, políticas, defensoras de los derechos humanos y mujeres jóvenes”.
El fenómeno crece en la medida en que se ha consolidado algo conocido como machoesfera o manoesfera, una suerte de tejido entre redes sociales construido para perpetuar masculinidades tóxicas. La ONU Mujeres explica “es una arista creciente del mundo digital. Se trata de una especie de red indefinida de comunidades que dicen atender los problemas que aquejan a los hombres —por ejemplo, citas románticas, aptitud física o paternidad—, pero a menudo promueve consejos y actitudes nocivas, si no es que cosas peores… estos grupos se unen en oposición al feminismo y presentan erróneamente a los hombres como víctimas del actual clima social”.
Se estima que “dos tercios de los jóvenes interactúan periódicamente con influencers que abordan la masculinidad en línea. Según especialistas, la popularidad del lenguaje extremo empleado en la machoesfera no solo normaliza la violencia contra las mujeres y niñas, sino que además está asociada a la radicalización y a ideologías extremistas”.
Este discurso gana adeptos todos los días mientras extiende discursos de odio contra las mujeres, lo que implica un peligroso retroceso especialmente en las nuevas generaciones; casi la mitad de los jóvenes norteamericanos, por ejemplo, confían en alguna voz antifeminista, proderechos de los hombres, o a favor de la violencia presentes en la machoesfera.
El discurso sexista y misógino genera además problemas de salud mental en niños y hombres que se exponen a él dadas las nociones fantasiosas de la hombría que propagan; genera actitudes sociales dañinas y comportamientos sociales y de cortejo peligrosos; disminuye la seguridad para niñas y mujeres en línea y las expone a violencia en el mundo real.
En su llamado a la acción para este año, el comité del 25 de noviembre advierte que “la violencia contra la mujer en las plataformas en línea es una seria y rápida amenaza que pretende silenciar las voces de muchas mujeres”
Y señala que el crecimiento rápido de esta forma de violencia se debe a “la débil regulación tecnológica, una falta de reconocimiento legal de este tipo de agresiones en algunos países, la impunidad de las plataformas, las nuevas y rápidas formas de abuso con IA, los movimientos contrarios a la igualdad de género, el anonimato de los agresores y el escaso apoyo a las víctimas digitales”.
Por lo que llama a “movilizar a todos los miembros de la sociedad: los gobiernos deben acabar con la impunidad a través de leyes que la penalicen; las tecnológicas deben garantizar la seguridad de las plataformas y eliminar contenido dañino; los donantes deben facilitar financiación para que las organizaciones feministas luchen por erradicar esta violencia, y personas deben alzar la voz para ayudar a las supervivientes”.
Porque si el patriarcado se va a caer, también tiene que tropezar en la esfera digital.
