El acto de entrega del Paquete Económico 2026 por parte del secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salazar Acosta, al Congreso del Estado, es más que un procedimiento administrativo o un ritual legislativo. Representa, en realidad, la definición del rumbo que tomará el gobierno de Morelos durante el próximo año: sus prioridades, su capacidad de interlocución política, la seriedad de su proyecto financiero y la voluntad —o no— de romper con prácticas que durante años afectaron la conducción del gobierno. Vale recordar que el presupuesto no es solo una cifra o la negociación del erario, es una declaración de intenciones tanto del Ejecutivo como del Legislativo.
La proyección de un gasto de 41 mil 362 millones 34 mil 203 pesos, que implica un crecimiento del 8.3% respecto a 2025, coloca al estado frente a un reto que exige equilibrio y claridad. La apuesta es incrementar los ingresos propios mediante recaudación, bajo una política que, según Salazar Acosta, busca ajustar y actualizar las contribuciones con responsabilidad y sostenibilidad económica, esperemos que así sea; en un estado donde la base recaudatoria históricamente ha sido débil, la intención de fortalecer la hacienda pública mediante ingresos propios es, a la vez, necesaria y políticamente delicada.
Sin embargo, quizá el elemento más relevante del proceso no radica en las cifras, sino en el tono político que acompañó la entrega. Salazar Acosta subrayó la “interlocución fluida” que la gobernadora Margarita González Saravia ha construido con el Congreso. Esta afirmación no es menor: Morelos viene de un periodo en el que la discusión presupuestal se convirtió en un campo de batalla, donde el Poder Ejecutivo y el Legislativo medían fuerzas en una lógica de “vencidas” que retrasaba la operación gubernamental, entorpecía programas urgentes y, sobre todo, alimentaba la polarización. Aquella vieja “costumbre” desgastó instituciones y complicó la conducción del estado durante todo el sexenio anterior.
El ambiente actual parece radicalmente distinto. El Congreso, representado por su presidente Isaac Pimentel Mejía (Morena), recibió el paquete con una narrativa centrada en la colaboración, la transparencia y la intención de priorizar el bienestar de las familias morelenses. Por su parte, la diputada Andrea Gordillo Vega (PAN), presidenta de la Comisión de Hacienda, reconoció la complejidad del análisis fiscal y llamó a equilibrar con responsabilidad, la recaudación y el crecimiento económico. Ambas posturas, desde proyectos políticos distintos, coinciden en algo fundamental: el presupuesto debe construirse desde el diálogo.
En esta nueva atmósfera institucional, el Paquete Económico 2026 también es relevante por sus ejes prioritarios. En un estado marcado por los contrastes sociales, la seguridad pública y el rezago en infraestructura, es significativo que el gasto social, la inversión en salud y educación, el fortalecimiento de la seguridad pública y la obra estratégica aparezcan en el centro de las decisiones. Si la propuesta se concreta, no solo se robustecerán programas de bienestar, sino que podría avanzarse hacia una recuperación sostenida de capacidades estatales, incluyendo la profesionalización policial, la atención integral a víctimas y el desarrollo de los 36 municipios.
Asimismo, no es menor la insistencia en mecanismos de transparencia y supervisión del destino de los recursos públicos que refleja un reconocimiento importante: sin rendición de cuentas, cualquier política fiscal está condenada a la desconfianza.
El reto, por supuesto, no está superado. Falta el análisis detallado, el debate en comisiones, la inevitable tensión entre necesidades y limitaciones presupuestales y la capacidad del Ejecutivo para sostener la disciplina fiscal y el enfoque humanista que la gobernadora quiere imprimir en esta administración. Pero el clima político que acompaña el arranque del proceso es, en sí mismo, un cambio estructural respecto al pasado reciente.
