La reciente publicación del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2025-2030 ofrece un diagnóstico contundente sobre el estado que guarda la seguridad en Morelos: las estrategias implementadas durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco Bravo no solo fracasaron, sino que profundizaron las fracturas sociales. No es una conclusión sorpresiva, sino la constatación de un periodo de desatención institucional, desde el gobierno, que dejó secuelas en la convivencia, la confianza y la paz pública.
Durante su administración, Blanco Bravo se distinguió más por sus ausencias que por su liderazgo. Faltaba con frecuencia a las Mesas de Seguridad estatales —espacios fundamentales para la coordinación interinstitucional— y su desinterés se reflejaba también en otros ámbitos: no acudía a ceremonias cívicas ni a actos públicos que hubieran requerido de una figura de autoridad comprometida con su estado y su comunidad. Blanco nunca entendió que gobernar no es delegar el deber, sino asumir la responsabilidad diaria de escuchar, atender y decidir. En Morelos, ese ejercicio estuvo marcado por el vacío en aquella administración.
A las fallas de gestión se suman los múltiples señalamientos por irregularidades durante su gobierno: la venta de terrenos en Tequesquitengo, el ocultamiento de apoyos agrícolas en bodegas privadas y los presuntos actos de corrupción en sectores como salud, educación y transporte. En ese contexto de opacidad y desgobierno, no sorprende que el combate al crimen y el fortalecimiento de la seguridad pública hayan sido temas ignorados.
El diagnóstico oficial, firmado por el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, es claro: Morelos presenta una de las tasas más altas de incidencia delictiva del país, con Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec concentrando más de la mitad de los delitos. La falta de investigación criminal, la débil capacidad institucional y la ineficaz prevención del delito crearon un terreno fértil para el crecimiento de la violencia y la impunidad que hoy padecemos.
Sin embargo, el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2025-2030 no se queda en el diagnóstico: propone un viraje. Plantea una visión de seguridad integral, centrada en la prevención social y comunitaria, con atención a los entornos familiares, escolares y laborales, y un enfoque diferenciado hacia grupos vulnerables. En esencia, se trata de entender que la seguridad no se construye únicamente con más patrullas o armamento, sino con cohesión social, justicia y oportunidades.
Morelos enfrenta hoy la necesidad de reconstruirse desde la raíz. Las heridas que dejó el abandono institucional no sanarán de la noche a la mañana, pero reconocer el daño es el primer paso para revertirlo. La seguridad —como la confianza— solo se recupera cuando la autoridad se hace presente, escucha y actúa, con decisiones transparentes, en beneficio de la comunidad.
Porque más allá de cifras o planes, la paz se construye con presencia, y durante demasiado tiempo, en Morelos gobernó la ausencia.
