Hace unas semanas la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización que promueve la libertad de prensa en América Latina y defiende los derechos de los periodistas, celebró su 81 Asamblea General. Entre las conclusiones a que se llegó después de cuatro días de presentaciones y conferencias, fue el señalamiento del deterioro de la libertad de prensa en el continente, en un contexto de creciente hostilidad hacia el periodismo impulsada por discursos oficiales en distintos países durante el último semestre.
Análisis
Se presentaron informes de 24 países de la región, entre ellos Bolivia en donde se indicó que diversos medios fueron afectados con multas y otras sanciones por la difusión de propaganda electoral, en algunos casos con montos superiores al valor de las empresas periodísticas. Las demandas civiles y penales contra medios y periodistas son los mecanismos más usados en Panamá para amenazar la sustentabilidad económica de las empresas e inhibir a los trabajadores de prensa. En Brasil se acumulan los casos de acoso judicial y censura. El informe sobre Estados Unidos advierte que los medios de ese país se han visto intimidados por una avalancha de demandas y ataques retóricos del presidente Donal Trump.
Respecto a México el informe señala que la libertad de prensa enfrentó un panorama complejo en el primer semestre del año, en especial por el uso de instrumentos judiciales y regulatorios para limitar la crítica. De esta manera, el acoso judicial se consolidó como uno de los principales mecanismos de censura. Gobernadores, legisladores y funcionarios utilizaron figuras como “violencia política de género” y demandas por daño moral para inhibir la crítica. Casos en los estados de Campeche y Sonora fueron los más notorios, pero también hubo sanciones en Veracruz, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, en los que resultaron afectados tanto periodistas consolidados como ciudadanos activos en redes.
Con base en el informe “Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, de la organización Artículo 19 México, se afirmó que en el primer semestre del año hubo 51 casos de hostigamiento judicial contra medios y periodistas. Se destacan los casos de una ama de casa, que fue sancionada por un tuit critico contra la entonces diputada del Partido del Trabajo, identificada como “dato protegido”. La sanción del Tribunal electoral local y luego ratificada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incluyó multa, disculpa pública por 30 días y capacitación en temas de género, así como ser inscrita en el Registro de Personas Sancionadas por violencia Política de Género hasta enero de 2027.
El caso del Instituto Electoral de Tamaulipas que exigió al periódico El Universal retirar una columna del periodista Héctor de Mauleón ante la denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) presentada por la entonces consejera jurídica de gobernador y candidata al Poder Judicial de Tamaulipas. El tribunal local ordenó al periodista abstenerse de escribir sobre ella, además de su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
El medio digital Acapulco Trends y su director y periodista, fueron sancionados por el Tribunal Electoral de Guerrero con una multa de más de 22 mil pesos y quince días consecutivos de disculpas públicas, difundir la sentencia en sus redes sociales y tomar cursos sobre lenguaje incluyente y perspectiva de género, y leer bibliografía especializada. El motivo fue supuestamente ejercer violencia política de género contra la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por la publicación de una investigación que la vinculaba con el presunto desvío recursos tras el paso del huracán Otis.
El Tribunal Superior de Justicia de Campeche, tras una denuncia de la gobernadora Layda Sansores, prohibió a un periodista y al diario digital Tribuna referirse a ella, incluso ordenó que el medio cuente con un censor oficial y que el periodista sea supervisado en sus coberturas, como parte de las medidas cautelares en un proceso penal por presunta incitación al odio y violencia tras publicaciones sobre la gobernadora, sentando un grave precedente de censura previa prohibida en la Constitución.
En Puebla entró en vigor la “Ley censura”, impulsada por el gobernador Alejandro Armenta, que modifico el artículo 480 del Código Penal calificando el delito de ciberasedio e imponiendo sanciones de prisión de hasta tres años y multa de 300 días de UMAS, por insultar, injuriar, ofender o agraviar a alguien en el ciberespacio. La SCJN está por revisar la constitucional de esta disposición (acción de inconstitucionalidad 88/2025).
El informe también refiere el cierre del Instituto Nacional de Acceso de la Información y Protección de Datos Personales. (Inai) y su reemplazo por Transparencia para el Pueblo, que “desecho 99.6% de los pedidos de información”.
También la SIP denuncia en su informe los asesinatos, encarcelamientos, exilios y acoso judicial contra periodistas, así como sanciones económicas y censura en varios países de la región. No obstante, el panorama adverso que se observó, se destacaron señales positivas como los fallos emblemáticos de la Sala Constitucional de Costa Rica sobre acceso a la información pública y sobre la libertad de emitir juicios críticos; además, en Colombia una decisión de la Corte Suprema de Justicia establece un precedente histórico al reconocer los crímenes contra periodistas como ataques a la libertad de prensa y la democracia, y no como homicidios comunes.
El informe de la SIP nos muestra los desafíos que enfrenta la libertad de expresión y prensa en América Latina, mismos que para su atención exigen la participación de medios, organizaciones internacionales, empresas tecnológicas, universidades y sociedad civil actuando con visión estratégica para defender la integridad de la información. Solo así podremos garantizar que, frente a esos desafíos, periodistas y medios sigan cumpliendo su rol como pilar de las democracias.
*Especialista en Derechos Humanos
Mesa directiva de la 81 Asamblea General Foto: Joel Sardá / elnuevodiario.com.do
