Quienes diseñan la política fiscal en cualquier parte del mundo parten de varios saberes.
El primero y más importante es que a la gente no le gusta pagar impuestos, por lo que es necesario que las contribuciones sean las mínimas posibles, justas, de cálculo y trámite fácil para el pago, y que existan estímulos para quienes cumplen y sanciones para quienes no lo hacen. También es necesario que el uso de los impuestos se traduzca en beneficios palpables para los contribuyentes, obra pública, mejores y enriquecidos servicios públicos, programas sociales que la mayoría perciba justos y útiles. Además, es deseable que el manejo de esas contribuciones sea lo más transparente posible y que se permita a la gente participar en la toma de decisiones sobre el destino de por lo menos una parte de sus impuestos.
El segundo es que los impuestos deben ser tan altos como para resultar significativos en el desarrollo de los municipios, estados y territorios; pero también tan bajos que puedan ser pagados sin afectar la apertura y crecimiento de empresas, la generación de empleos formales, y el precio justo de bienes y servicios. Porque se entiende que una recaudación excesiva puede afectar directamente el gasto familiar, algo que no solo repercute en toda la economía, sino también conlleva elevados costos políticos y sociales.
Las contribuciones, además, deben ser justas. Lo que para nada implica que todos paguen lo mismo, pero sí el que toda actividad económica que genere ingresos tenga un gravamen proporcional a esos ingresos y al costo que el Estado asume para que los negocios puedan practicarla. También debe considerarse el tipo de actividad, la especulativa, los juegos y sorteos, las que producen daños al medio ambiente, deben tener mayores gravámenes que, por ejemplo, el trabajo asalariado.
Valen todas estas, y muchas otras consideraciones cuando se trata de aumentar la recaudación en Morelos hasta la meta que se ha propuesto la administración de la gobernadora Margarita González Saravia, de 20 mil millones de pesos anuales al término del sexenio. Porque, como bien adelanta el Ejecutivo, no se trata de aumentar los gravámenes a quienes contribuyen con lo justo; pero sí de verificar muchas actividades que, generando enormes dividendos, no pagan impuesto alguno.
En el terreno de los datos, para el segundo semestre del 2025, la informalidad laboral se ubicó en 64.9%, es decir casi 65 de cada cien trabajadores no pagan impuestos sobre sus ingresos, pero tampoco sus patrones contribuyen. La cifra es de las más bajas en las últimas dos décadas, por cierto, en que se han registrado periodos en que casi el 70% de los trabajadores que reciben ingresos son informales. Pero reducirla a un 30% de la fuerza laboral significaría, por ejemplo, duplicar lo que Morelos recibe por impuesto a la nómina de las empresas, además de que potenciaría otras contribuciones.
Algo ya demostró la administración de Margarita González Saravia en su primer año, aumentar la recaudación es posible. Si se confirman las cifras proyectadas para este año, Morelos tendrá ingresos propios por mil 327 millones de pesos más que en el 2024, lo que representa un aumento del 41.8% en la recaudación local, notable pero aún muy lejos de la meta. Porque también se demostró que extender la base gravable, incorporando por ejemplo impuestos a los servicios de hospedaje por plataforma, o a los también digitalizados de transporte de pasajeros, como se propone ahora, no es un asunto sencillo.
Se requiere de conciliación, socialización, pero también, y probablemente por ahí deberíamos empezar, de socializar cada gran proyecto de aplicación de los impuestos. Si el Ejecutivo sabe decir los beneficios que vendrán, trazarnos el futuro de Morelos, es muy probable que las resistencias cedan pronto.
