La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, un órgano autónomo que depende del Congreso de Morelos y fue diseñado para, a semejanza de la Auditoría Superior de la Federación, revisar la aplicación de los recursos (en el caso de la ESAF locales) que utilizan las dependencias y organismos descentralizados del gobierno estatal; el Tribunal Superior de Justicia; el propio Congreso de Morelos; los ayuntamientos y sus organismos desconcentrados, y los organismos autónomos lleva por lo menos cuatro años bajo sospechas de corrupción que ahora se confirman por lo menos por omisiones en su actuar.
En 2022, la entonces titular de la ESAF, América López Rodríguez, fue denunciada por presuntamente haber gastado 80 millones de pesos de recursos públicos en una tienda departamental de Cuernavaca. La entonces Fiscalía Anticorrupción tomó el caso pero no hizo avances más allá de un cateo de una oficina ajena a la ESAF donde se encontraron documentos oficiales de ese organismo.
El asunto se diluyó cuando a principios de diciembre de ese 2022, La LV Legislatura del Congreso de Morelos aprobó reformas a la ley de la ESAF que le permitieron remover sin mayores procedimientos a López Rodríguez. Luego vino el despido de 24 trabajadores del órgano que se presumían vinculados a la ya exauditora.
La propia LV Legislatura nombró ese 16 de diciembre a José Blas Cuevas Díaz como encargado de despacho de la ESAF; quien fue ratificado para el cargo el 12 de diciembre de 2023 por el mismo grupo de legisladores. Menos de dos años después, José Blas Cuevas está en medio de un escándalo debido a presuntos conflictos de intereses a través de un despacho contable y fiscal, en algún momento suyo, mediante el que habría conseguido a clientes contratos de diversas dependencias gubernamentales a las que la ESAF tiene obligación de auditar.
Con todo y la gravedad que de sí tienen y obligaría a concluir las investigaciones y en su caso establecer sanciones en contra de la exfuncionaria y el actual funcionario, ambos procesos parecen menores frente a lo que se ha conocido a través del número 6481 del periódico oficial Tierra y Libertad.
Unos días antes de conocerse el escándalo en torno a Blas Cuevas, el Congreso de Morelos había removido a cinco funcionarios de confianza de la ESAF que habían acusado y sido acusados de presuntos actos de corrupción. Las remociones, cuyos motivos no fueron dados a conocer públicamente en su momento, se debieron a una colección de omisiones acumuladas durante al menos tres años respecto al análisis y revisión del gasto público en ayuntamientos y el Tribunal Superior de Justicia.
En el órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos que da validez y obligatoriedad a las leyes, decretos, acuerdos y reglamentos que publica, se publicó el acuerdo por el que se aprueba la remoción de los funcionarios de la ESAF, y entre las causas centrales se cita el oficio de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del Congreso de Morelos en que advierte de omisiones que evitaron la conclusión de las auditorías del 2021 al ayuntamiento de Cuernavaca; y del 2022 al Tribunal Superior de Justicia y su Fondo Auxiliar, y a 26 ayuntamientos, que derivaron en que venciera el plazo para la presentación de las mismas; y con ello, la posibilidad de sancionar probables irregularidades, errores y actos de corrupción cometidos por funcionarios en el ejercicio del gasto público.
No es un asunto menor, porque la inexplicable dilación en la revisión de las cuentas permitió probable impunidad y hace presumir, dado que se contaba con los recursos humanos, técnicos y jurídicos para las revisiones, que hubo conductas repetidas de omisión que podrían deberse a actos de corrupción de funcionarios públicos dentro de la ESAF.
Y si bien ya no se podría sancionar conforme a ley a funcionarios municipales o del poder judicial que en 2021 y 2022 hubieran usado indebidamente los recursos públicos, la gente que permitió que esas conductas no fueran siquiera identificables debería ser investigada y, en su caso, sancionada con aún mayor rigor. Si es que el Congreso está comprometido realmente con no permitir la impunidad.
