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Hace aún pocos meses, cuando empresariado y funcionariado corrupto jugaban en el mismo bando, o en el mismo equipo de pádel, el hoy alcalde de Tepoztlán, Perseo Quiroz Rendón habría estado en graves problemas.

La denuncia de un empresario que operaba de forma ilegal un bar en Tepoztlán en contra del presidente municipal y dos funcionarios del ayuntamiento que tuvieron la osadía de clausurar el antro ubicado junto a un hospital y una escuela (otra falta), que ahora fue desestimada frente al juzgado por la Fiscalía Anticorrupción; hace poco más de un año habría generado un escándalo de mayúsculas proporciones y podría haber llegado hasta la sanción de los funcionarios públicos (algo que se vio en por lo menos dos ocasiones durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo).

Con la red de complicidades de antes, empresarios ilegales podían coaligarse con autoridades de fiscalías, juzgadores y otros funcionarios públicos; y a fuerza de denuncias, indebidos amparos y repartir dinero, someter a las autoridades para hacer su voluntad. Eso cuando no lograban, desde antes y a mucho menor precio, comprar a funcionarios municipales para operar indebidamente a través de licencias apócrifas o irregulares.

En el caso del antro en Tepoztlán que operaba ilegalmente desde 2023 ocurrieron las dos cosas, según indican las primeras evidencias, consideradas por un juez de control para desestimar el caso; primero se cometieron actos de corrupción durante la administración del exalcalde de Movimiento Ciudadano, David Demesa Barragán, que permitió la operación del lugar a pesar de las evidentes irregularidades desde su ubicación.

Cuando Perseo Quiroz Rendón asumió el cargo, en enero pasado, escuchó las quejas ciudadanas sobre el funcionamiento del lugar, revisó el caso y determinó la clausura del establecimiento. Entonces el empresario decidió actuar por otra vía y recurrió, no a la regularización de su local, que pudo haberse reubicado y respetar las normas, sino a los tribunales donde presumió haber obtenido una suspensión nuevamente inválida. Con ello fue a denunciar a la autoridad municipal como medio de presión para seguir operando irregularmente.

Por fortuna, si bien la Fiscalía Anticorrupción, como es su obligación, recibió y procesó la denuncia del empresario en la audiencia de formulación de imputación resolvió retirar los cargos. El juzgador se adhirió al argumento de que no hay delitos en la actuación del alcalde y sus funcionarios y por el contrario, advirtió posibles actos de corrupción cometidos por el empresario y la administración municipal de David Demesa Barragán que permitieron el funcionamiento ilegal del antro.

Perseo Quiroz puede seguir su cruzada para poner orden en el Pueblo Mágico de Tepoztlán que ya ha dejado de ser la cantina más grande de Morelos, pero aún falta mucho por hacer para devolverle su tradición, atractivo y habitabilidad. Ahora con mucha mayor tranquilidad no solo por tener la conciencia tranquila, sino porque parece que el sistema jurídico y político que antes lo habría sometido se ha ido.

Por supuesto, debe esperarse que el nuevo esquema jurídico realmente busque la justicia para todas las partes y no pase de solo defender a corruptos a solo defender autoridades que, por mejor que sea su voluntad, pueden cometer errores que los tribunales deben resolver, con honestidad, transparencia y apegados a derecho.

La Jornada Morelos