La inminente reducción de las participaciones y aportaciones federales para Morelos, prevista por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) para el año 2026, ha encendido nuevamente las alarmas sobre la débil estructura fiscal del estado. En efecto, el hecho de que los ingresos propios representen apenas el 7.8% del presupuesto total —el nivel más alto en su historia, pero aún insuficiente— deja en evidencia la vulnerabilidad de un modelo que depende casi por completo del flujo federal y que, por tanto, somete a nuestro estado a la pugna del gasto público federal.
Durante décadas, la falta de una estrategia fiscal moderna y sostenible ha mantenido a la entidad atrapada en una espiral de dependencia: más gasto sin inversión productiva, más necesidades sociales sin base recaudatoria sólida. Así, Morelos ha carecido de los instrumentos para financiar su propio desarrollo y atender, con autonomía, las demandas de sus más de dos millones de habitantes.
Desde los primeros años del presente siglo, los ingresos propios del estado han rondado apenas el 5% del total. Incluso los incrementos obtenidos por medidas extraordinarias, como los reemplacamientos vehiculares o la actualización de derechos, han tenido un efecto apenas temporal. El modelo actual de recaudación está agotado, como lo reconocen tanto expertos como el propio CEFP, que advierte que la limitada capacidad institucional del aparato fiscal estatal impide mejorar la eficiencia, promover el cumplimiento voluntario y reducir la evasión.
La conclusión: no hay alternativa a una reforma estructural que modernice la gestión tributaria. Sin embargo, la urgencia no debe confundirse con improvisación. Otras entidades han logrado mejorar sustancialmente sus ingresos propios mediante reformas administrativas profundas y no a través de aumentos directos de impuestos. Ellos encontraron que la autonomía técnica y la transparencia, fortalecieron la fiscalización; también se logró recuperar la corresponsabilidad de los contribuyentes eliminando a los intermediarios humanos y digitalizando sus procesos.
Morelos no puede permitirse un error de cálculo. En el pasado reciente, la autoridad fiscal del estado emprendió políticas recaudatorias que terminaron golpeando al sector más frágil: las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES). Aquella estrategia —basada en la presión fiscal sin acompañamiento productivo— derivó en el cierre de cientos de negocios, la pérdida de empleos formales y un aumento del trabajo informal. En otras palabras, se quiso recaudar más castigando a los que menos podían sostener la carga, y el resultado fue exactamente el contrario: se recaudó menos.
Una verdadera reforma fiscal no debe tener como objetivo inmediato la obtención de más recursos, sino la creación de un entorno económico saludable, donde el cumplimiento sea consecuencia de la confianza y no del miedo. Las MiPyMES, que generan cerca del 70% del empleo formal en la entidad, deben ser el punto de partida de cualquier estrategia. Sin incentivos, acompañamiento técnico y acceso a financiamiento, difícilmente podrán contribuir a fortalecer la economía local ni sostener la formalidad que tanto se necesita.
El fortalecimiento fiscal de Morelos debe tener tres ejes claros: modernización administrativa, justicia tributaria y corresponsabilidad social. Modernizar significa digitalizar y simplificar trámites, garantizar que cada peso recaudado se traduzca en servicios palpables y eliminar la percepción de impunidad fiscal que desalienta el cumplimiento. Justicia tributaria implica que quien más gana contribuya más, sin penalizar al pequeño productor, al comerciante local ni al emprendedor. Y corresponsabilidad social quiere decir que el Estado también cumpla: rendición de cuentas, transparencia en el gasto y eficiencia en la gestión.
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