La Organización de las Naciones Unidas (ONU) nació en 1945, después de la conclusión de la segunda guerra mundial, con el propósito fundamental de evitar una nueva guerra mundial y construir un sistema de cooperación internacional basado en la paz, la seguridad y el respeto a los derechos humanos. La Declaración Universal de 1948 marcó un hito al reconocer que todas las personas, sin distinción, gozan de derechos inherentes que deben ser respetados y protegidos por los Estados. Sin embargo, 75 años después, la ONU enfrenta profundos desafíos, pues ha tenido que adaptarse a un escenario internacional caracterizado por tensiones geopolíticas, conflictos prolongados, crisis humanitarias, desigualdades crecientes y transformaciones tecnológicas y ambientales que ponen a prueba su capacidad de respuesta. La distancia entre los principios proclamados y la realidad cotidiana, se ha vuelto cada vez más distante, lo que obliga a cuestionar su eficacia.
El sistema internacional está marcado por una paradoja. Por un lado, se proclama la universalidad de los derechos humanos, pero por otro, el diseño institucional de la ONU otorga un peso desproporcionado a cinco países: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, cuentan con poder de veto, lo que significa que cualquier resolución puede ser bloqueada, sin importar que tenga el consenso de la mayoría. Esa estructura si bien refleja el contexto histórico del final de la Segunda Guerra Mundial, hoy se ha convertido en un factor constante de tensiones y desigualdades.
El primer gran reto para Naciones Unidas es precisamente el uso del veto. La parálisis en conflictos como Siria, Ucrania o Palestina, por ejemplo, muestra que los intereses de los cinco miembros permanentes o de alguno de ellos, a veces, pesan más que la protección de las víctimas. Cuando un miembro permanente veta una resolución, la Organización se queda sin herramientas efectivas para responder ante violaciones de derechos humanos.
Lo anterior debilita, en gran medida, poder cumplir con el propósito fundamental por la cual fue creada y envía un mensaje de que los principios universales pueden ser relativos según conveniencias políticas o de los momentos que se vivan. Desde su creación, esta herramienta se ha ejercido más de 300 veces, lo que ha bloqueado resoluciones fundamentales en contextos de crisis humanitaria y violaciones graves a los derechos humanos. En palabras de la propia ONU: “Desde el 2022 y gracias a la resolución 76/262 de la Asamblea General, el uso del derecho al veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad se debate también en la Asamblea para monitorizar su uso… el veto se ha utilizado 13 veces”. (Naciones Unidas, 2024).
Otro desafío es la politización de los derechos humanos. En lugar de ser un compromiso ético y jurídico, muchas veces se utilizan como arma diplomática. Los Estados denuncian las violaciones de sus adversarios, pero callan ante las de sus aliados o minimizan sus propias responsabilidades. Este doble rasero erosiona la legitimidad del sistema, transmite la idea de que los derechos humanos son un instrumento de interés político y no un marco de justicia social universal.
A lo anterior se añade la limitación de recursos financieros. Gran parte de los mecanismos de derechos humanos dependen de aportaciones voluntarias, lo que la coloca en una posición frágil. En la actualidad, la ONU enfrenta serias dificultades económicas debido a que varios Estados retrasan el pago de sus cuotas obligatorias o, en algunos casos, dejan de cubrirlas por completo. Esta situación ha generado una crisis presupuestaria que amenaza con afectar el funcionamiento de sus agencias y de las operaciones de mantenimiento de la paz.
Otro reto es la restricción de espacios para la sociedad civil. En los foros internacionales, defensores, académicos y organizaciones enfrentan cada vez más obstáculos para participar. Algunos gobiernos buscan limitar las críticas expuestas por las organizaciones de sociedad civil o promueven entidades afines al Estado para contrarrestar voces incómodas. Este fenómeno debilita uno de los pilares del sistema: la vigilancia independiente que obliga a los Estados a rendir cuentas. Sin una sociedad civil fuerte y con acceso real, los mecanismos internacionales pierden legitimidad y capacidad de operación.
También se enfrenta a la emergencia de nuevos temas que requieren respuestas globales y coordinadas. El impacto del cambio climático sobre comunidades en situación de vulnerabilidad, la regulación de la inteligencia artificial, la protección de derechos digitales o la preparación frente a futuras pandemias, son asuntos que rebasan las fronteras nacionales. Aquí, las grandes potencias llevan ventaja, pues concentran los recursos económicos, tecnológicos y diplomáticos para influir en la manera en que estos temas se discuten y se regulan. El riesgo es que la visión o intereses de las naciones más fuertes determine estándares que deberían construirse colectiva y universalmente.
El clima internacional está marcado por rivalidades geopolíticas que se reflejan en los foros multilaterales. La confrontación entre los principales miembros se ha intensificado y condiciona cualquier discusión sobre derechos humanos. Esto hace cada vez más difícil alcanzar consensos en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos.
Frente a este panorama, las propuestas de reforma al sistema de las Naciones Unidas se han multiplicado. Algunas personas plantean limitar el veto en casos de crímenes de guerra o genocidio, otras sugieren ampliarlo a más miembros para que no dependa de un solo país, y hay quienes buscan modificar la composición del Consejo de Seguridad para reflejar la realidad del siglo XXI. Empero, el gran obstáculo es que cualquier cambio requiere la aprobación de los propios miembros permanentes, es decir, de quienes verían reducida su influencia, lo que indudablemente se ve difícil.
México ha buscado jugar un papel activo en la ONU, al promover resoluciones sobre desapariciones de personas, migración y paz. Durante su periodo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad en 2021-2022, impulsó el respeto al derecho internacional humanitario y la protección de personas civiles en conflictos armados. Asimismo, mantiene una participación constante en el Consejo de Derechos Humanos, donde ha presentado iniciativas para fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas en temas sensibles.
Las Naciones Unidad enfrentan un punto de inflexión, o es capaz de reconstruirse para responder a los retos actuales, o corre el riesgo de quedar atrapada en la inercia de la irrelevancia. El mundo necesita una organización fuerte, capaz de actuar ante violaciones masivas, de integrar nuevas agendas y de garantizar que la voz de cada pueblo -no sólo la de cinco países- sea tomada en cuenta en las decisiones globales.
El próximo Día de las Naciones Unidas (24 de octubre en que entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas) es momento para reflexionar sobre los esfuerzos que México y otros Estados nacionales pueden y deben insistir: los derechos humanos, la paz y la seguridad son una base común sobre la cual se debe deconstruir la legitimidad del sistema internacional, y la ONU deberá asumirse como impulsora de ese propósito.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos
