El mejor ejemplo de problemas que en Morelos se han pateado por décadas con la intención de que nuevas administraciones los atiendan, o vuelvan a aplazar, es el del transporte público de pasajeros.
Si bien en la década de los ochenta (sí, hace ya más de 40 años) el gobierno estatal, con toda la fuerza que aún quedaba al autoritarismo priista, enfrentó y prácticamente desarticuló al entonces temible “pulpo camionero”; la solución que ofreció mediante un esquema de concesiones y permisos cuya transparencia siempre dejó mucho qué desear se convirtió en un problema mucho mayor en el mediano y largo plazos.
La corrupción, abusos, falta de inversión, permisividad y hasta el uso político de los transportistas y sus unidades fueron enredando una madeja enorme de disfuncionalidades que han vuelto víctimas cotidianas no solo a los operadores del transporte público y a las estructuras gubernamentales que mantuvieron por muchos años secuestradas, sino especialmente a los usuarios que sufren un pésimo servicio por un costo relativamente alto.
Lejos de atender el problema y procurar el beneficio de los usuarios del sistema de transporte colectivo morelense, los gobiernos estatales fueron aplazando cualquier posibilidad de solución en tanto un puñado de funcionarios públicos se volvía millonario gracias al tráfico de permisos irregulares, el otorgamiento ilegal de concesiones, los cobros para evitar multas, revistas y otros cumplimientos de la norma.
En paralelo, el deterioro de las unidades de transporte continuaba y los riesgos para miles de pasajeros obligados al uso de este medio de desplazamiento siguieron creciendo.
Ha habido decenas de propuestas para reorganizar el transporte colectivo en Morelos; desde el reordenamiento de derroteros para evitar la sobrecarga de unidades en algunas zonas, hasta la sustitución o incorporación de nuevos actores al servicio, uno de ellos fue el malogrado Morebús, que en tiempos de Graco Ramírez fue propuesto se invirtió en un proyecto ejecutivo, y luego se reorientaron los recursos a otras prioridades. Lo cierto es que ni el tabasqueño gobernador quiso entrar con decisión suficiente al tema.
Después, con la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo el problema se agravó. La gestión gubernamental se corrompió en todos sus niveles pero en Movilidad y Transporte, entonces con el nivel de secretaría de estado, el desastre de corrupción, manejo político, impunidad fue mayúsculo; aún con ello, a quien fuera autor del desastre y luego operador tras bambalinas del mismo, Víctor Mercado Salgado, se le premió con una Senaduría.
Eso sí, ante cada propuesta de modificar la ley del Transporte o sus reglamentos, o de reorganizar el sector, la amenaza inmediata de los dirigentes transportistas es parar las ciudades y generar el caos y las afectaciones para decenas de miles de usuarios que todos los días deben trasladarse a sus empleos, escuelas, casas, negocios.
Por eso no es extraña la cautela con que la administración de la gobernadora, Margarita González Saravia, empieza a operar el tema. Aunque para muchos lo que urge en el actual contexto es un golpe en la mesa; lo cierto es que hace décadas pasó el tiempo en que el gobierno estatal podría haber atendido sin mayores problemas las afectaciones que provocarían las movilizaciones de transportistas. La calma y el acuerdo deben imponerse porque el actual esquema de cosas también afecta a los transportistas, y ellos lo saben bien.
Y claro que el esquema ideal de reordenamiento del sector tendría que considerar al usuario como su centro, pero hasta ahora todo apunta a que los pasajeros seguirán siendo un tema más o menos marginal en una discusión que, para tener éxito, requiere de conceder la posibilidad de nuevos esquemas de transporte (aquí el cablebús deja de ser un sueño), pero también la supervisión y regulación profunda de los que hoy existen autorizados para operar legalmente. La alternativa es que los usuarios se organicen para exigir un mejor sistema de transporte, como ya lo han hecho en varias ocasiones, por ejemplo, los estudiantes universitarios.
