¿Programas hídricos en papel o instrumentos de cambio?
La discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 abre nuevamente el debate sobre cómo se distribuyen los recursos públicos para el agua. El documento enviado al Congreso por la Presidenta Sheinbaum establece prioridades que buscan responder a los grandes retos nacionales, pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿estas asignaciones realmente cambiarán la forma en que gestionamos el agua en México?
Más allá de los presupuestos y de los planes, el sector hídrico en México enfrenta problemas estructurales que se han acumulado por décadas. La sobreexplotación de acuíferos ha llevado a que más de 100 de ellos estén en condición crítica, particularmente en las zonas urbanas y agrícolas de mayor demanda. La contaminación de ríos y cuerpos de agua se ha intensificado por descargas industriales, agrícolas y municipales sin tratamiento adecuado, mientras que la cobertura de saneamiento aún presenta rezagos importantes. A ello se suma la creciente presión del cambio climático, que exacerba sequías, inundaciones y fenómenos extremos, y la debilidad institucional y financiera de muchos organismos operadores de agua potable, que carecen de recursos para mantener y ampliar los servicios.
La experiencia nos muestra que muchos programas hídricos, tanto federales como estatales, se han quedado como diagnósticos y planes estratégicos que nunca se concretan. Se convierten en catálogos de buenas intenciones que terminan guardados en los estantes de las oficinas. Esto sucede cuando no existen mecanismos de gobernanza claros, recursos financieros suficientes, capacidades locales fortalecidas ni sistemas de seguimiento y evaluación.
El contraste es evidente: en estados como Guanajuato, el Programa Hídrico Estatal se convirtió en una herramienta real gracias a su incorporación en la Ley Estatal de Agua y a la creación de fondos concurrentes que aseguraron recursos multianuales. En cambio, en Oaxaca, a pesar de contar con diagnósticos técnicos de gran calidad, el programa se quedó en el papel porque no se vinculó al presupuesto ni se tradujo en proyectos concretos.
Hoy enfrentamos un dilema: seguir apostando por megaproyectos costosos y centralizados o dirigir mayores recursos a los miles de sistemas locales de agua potable y saneamiento, que día con día sostienen la vida de nuestras comunidades. ¿Qué inversión es más efectiva para garantizar el derecho humano al agua y la sustentabilidad en el largo plazo?
Los programas hídricos pueden y deben ser herramientas vivas de gestión, siempre que se acompañen de seis elementos indispensables: gobernanza y liderazgo institucional; marco normativo y financiero sólido; instrumentos técnicos y de información; fortalecimiento de capacidades locales; mecanismos de seguimiento y evaluación; y, finalmente, participación social y comunicación permanente.
El verdadero reto no está en planear, sino en hacer realidad lo que se planea. El presupuesto de 2026 y los programas que de él se desprendan no deberían ser vistos como ejercicios burocráticos, sino como compromisos tangibles con la ciudadanía y con el futuro de nuestros recursos hídricos.
En perspectiva de largo plazo, el presupuesto federal destinado al agua ha mostrado una tendencia a la baja, lo que ha tenido consecuencias visibles: deterioro de la infraestructura existente, rezago en el mantenimiento de redes y plantas, retraso en la tecnificación del riego y falta de capacidad para atender la contaminación de ríos y cuerpos de agua. De continuar esta ruta, el país enfrentará un círculo vicioso en el que la falta de inversión se traduce en mayores pérdidas, más vulnerabilidad frente al cambio climático y menor capacidad para garantizar el derecho humano al agua. Invertir en agua no es un gasto más, sino una condición para la seguridad, la salud y el desarrollo sustentable de México.
*Profesor, consultor y gerente general de AQUATOR
