México y Morelos aprendieron a la mala la importancia de la protección civil y la gestión de riesgos. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 que provocó la muerte de 3 mil 192 personas, según cifras oficiales (organizaciones civiles estimaron hasta en 20 mil las muertes provocadas por el desastre natural), trajo a la discusión pública y a los programas de gobierno la Protección Civil como una tarea seria y no de forma causal; en aquél fatídico 1985 no existían normas, reglamentos, recomendaciones ni protocolos de protección civil ni tratamiento de emergencias.
La Ciudad de México, que concentró la mayor parte del desastre entonces, empezó a tomarse con alguna seriedad la prevención de desastres, aunque la corrupción y omisiones de los gobiernos locales permitieron que se repitiera la experiencia, en menor medida, en 2017, cuando el sismo ocurrido también en 19 de septiembre costó la vida a 369 personas más, 228 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 12 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca.
En Morelos la protección civil tampoco era cosa seria hasta el 2017. Aunque había las instituciones, leyes y reglamentos para la prevención de daños mayores en casos de desastre, todavía unos días antes del sismo se escuchaba la falsa idea de que el suelo rocoso en muchas partes del estado hacía al territorio casi inmune a los daños por movimientos telúricos. También el gobierno estatal, los municipales y la sociedad aprendieron aquí a la mala; porque la destrucción del 19 de septiembre de 2017 en Morelos fue mucho mayor a cualquier desastre previo y la pérdida de vidas por número de habitantes superó a las de los otros estados que padecieron el impacto del terremoto.
El sismo de hace ocho años obligó a los morelenses a abandonar mentirosos dogmas y a iniciar tareas serias para la reducción de riesgos. Aún con las modificaciones jurídicas y estructurales en las burocracias locales, fue hasta este año cuando se incorporó la gestión integral de riesgos como política pública; y se instaló un Comité Estatal de Emergencias y un Comité Científico Asesor con expertos técnicos y científicos para mejorar la anticipación y mitigación de desastres naturales y emergencias.
Pese al esfuerzo, los retos persisten, e incluyen la consolidación de la coordinación interinstitucional; la formación de una verdadera cultura de prevención en la sociedad; reducir la vulnerabilidad de la infraestructura ante fenómenos naturales; extender la preparación efectiva ante emergencias, y superar problemas históricos como las deficiencias en construcción, la corrupción que permite esas deficiencias y riesgos, y la transparencia y efectividad en la atención a los daños provocados por los desastres naturales.
Es cierto que se ha avanzado hacia un sistema de protección civil mucho más sólido fundado en evidencia, estudios y proyecciones científicas; pero aún no es posible garantizar la prevención, correcta infraestructura, coordinación efectiva y participación social constante para evitar pérdidas humanas y materiales en futuros desastres.
Y mucho del problema se presenta, según queda evidenciado en cada simulacro, pero también en cada desastre, en las comunidades con mayor marginación en el estado. Ahí, la ciudadanía y las propias autoridades participan poco en las actividades de formación, las escuelas suelen ignorar la educación en protección civil y prevención de desastres, la coordinación con las autoridades estatales, federales y hasta la de las localidades vecinas es escasa; y las tecnologías para el alertamiento, la comunicación la atención en situaciones de desastre son prácticamente inexistentes. Aún peor, estas comunidades suelen ser ignoradas en los planes de gestión integral de riesgos o se resisten a incorporarse a ellos.
La protección civil y la gestión de riesgos no tendría que ser otro de los factores determinantes del destino de las comunidades, mucho menos cuando en este capítulo nos va a todos la vida.