Las comparecencias del fiscal general, Édgar Maldonado Ceballos, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, transitaron entre los datos objetivos sobre incidencia delictiva y combate al crimen, y la percepción ciudadana que, después de casi una década de formarse en la ciudadanía y los representantes populares parece ser mucho más poderosa de las positivas, pero insuficientes cifras presentadas por los responsables de la seguridad en el estado.
Los planteamientos de la LVI Legislatura para sus invitados fueron de lo realista a lo fatalista. Aunque reconocieron una nueva relación con los responsables de la seguridad pública en el estado y algunas de las mejoras que evidencian los datos, las y los diputados siguen considerando insuficientes los avances y algunos incluso negaron que tales existan con todo y los datos que los muestran.
En términos generales, la incidencia en delitos de alto impacto en Morelos se ha reducido en un 30% salvo por la extorsión y el feminicidio.
En el caso del primero hay un repunte por el incremento de denuncias que antes no se hacían (y de hecho, las autoridades esperan que el número de denuncias continúe aumentando como una muestra de confianza ciudadana en el combate a ese ilícito).
En el segundo la nueva administración de la Fiscalía General de Morelos ha aplicado efectivamente los protocolos, lo que hace reconocer como feminicidios los que antes se ubicaban solo como homicidios dolosos de mujeres, y clasifica en una misma bolsa los feminicidios consumados y las tentativas, lo que hace crecer la cifra a 109 carpetas iniciadas por ese delito en los últimos seis meses.
Por supuesto, que la reclasificación genera datos impactantes. En el 2024, en Morelos se reconocieron solo 50 feminicidios; y en los primeros siete meses del 2025 van 21 consumados y registrados, aunque se han abierto muchas más carpetas de investigación relacionadas con ese delito al incluirse las tentativas.
Otro dato relevante es el que la Fiscalía General del Estado ha iniciado más de mil 600 carpetas de investigación por violencia familiar con víctimas mujeres y ha otorgado medidas de protección en todos los casos. Probablemente por ello las colectivas feministas han respaldado la gestión de la Fiscalía, en contraste con los diputados que aún ven con cautela los avances.
Cierto que en un ambiente todavía dominado por la violencia y donde los crímenes siguen siendo cotidianos, aunque sean menos que en los años pasados es una osadía hablar de logros; pero también debe reconocerse que hay avances en un camino sumamente complicado.
Miguel Ángel Urrutia Lozano refirió al abandono que la infraestructura policial tuvo durante una década, y lo mismo ocurrió con todo lo que interviene en la seguridad pública y procuración de justicia en Morelos que, por bastante más tiempo funcionó a medio gas en el mejor de los casos. La recuperación es notoria pero aún insuficiente para un estado que clama por paz y justicia desde hace muchos años, la mayoría de ese tiempo a autoridades indolentes.
Cierto, debe trabajarse también en la percepción de seguridad y reconocerse que el camino que se está tomando en materia de coordinación para la prevención, el combate y el castigo a los delitos, parece ser el correcto. Entre los datos y la percepción, podemos quedarnos con esa bien formada idea.