Josemanuel Luna-Nemecio[1]
La explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa dejó una estela de muerte, dolor y destrucción que no puede reducirse a la categoría de accidente fortuito. Lo sucedido es el reflejo de un patrón de negligencia y desregulación que convierte a los territorios populares en espacios de sacrificio. La tragedia pudo evitarse si en México existiera un verdadero control sobre la producción, el almacenamiento y la distribución de sustancias tóxicas y peligrosas.
Lo ocurrido en Iztapalapa no es un caso aislado. En realidad, se inscribe en una larga y dolorosa lista de desastres industriales y urbanos que han marcado la memoria del país. Basta recordar lo sucedido en San Juan Ixhuatepec en 1984, cuando una fuga de gas en instalaciones de PEMEX desató una serie de explosiones que arrasaron colonias enteras y dejaron más de 500 muertos. O la explosión de la planta de plaguicidas ANAVERSA, en Córdoba, Veracruz, en 1991, que liberó nubes de químicos venenosos y dejó a su paso una secuela de enfermedades respiratorias, cáncer y muertes que todavía se contabilizan entre la población cercana. Un año después, en 1992, Guadalajara fue sacudida por explosiones subterráneas en el barrio de Analco debido a la filtración de gasolina a los drenajes a través de ductos de PEMEX; el saldo fue de más de 200 muertos, 1,500 heridos y kilómetros de calles destruidas. Estos tres episodios son recordatorios trágicos de lo que significa vivir bajo un modelo económico que normaliza el riesgo y que pone la vida de las comunidades en segundo plano frente a los intereses empresariales y políticos.
La reciente tragedia en Iztapalapa también remite a la oscura trayectoria de empresas como Silza, dedicada al transporte y almacenamiento de combustibles. Desde hace más de dos décadas acumula denuncias vecinales por estacionar pipas en vía pública, por operar sin medidas adecuadas de seguridad y por circular con vehículos en malas condiciones mecánicas. Entre 2005 y 2018 al menos siete accidentes viales graves involucraron a pipas de la empresa, varios de ellos con víctimas mortales. Extrabajadores han denunciado también jornadas laborales extenuantes, falta de equipo de protección y negligencia en el mantenimiento de las unidades. En 2017, un chofer perdió la vida en el incendio de una pipa y su familia jamás recibió una indemnización justa. A pesar de este historial, Silza ha seguido recibiendo contratos públicos y permisos para operar, beneficiada por la red de vínculos políticos que garantizan su impunidad.
Lo que ocurrió el 10 de septiembre en Iztapalapa debe leerse en esta clave: no como un hecho aislado, sino como el síntoma de un sistema de desregulación que multiplica la vulnerabilidad de la población. La falta de supervisión estatal y la permisividad hacia las empresas del ramo convierten cada tanque, cada ducto y cada pipa en una bomba de tiempo. El saldo lo pagan siempre las comunidades, que ven cómo sus calles, casas y vidas se convierten en cenizas.
Recordar nombres como San Juanico, ANAVERSA, Guadalajara o ahora Iztapalapa no es un ejercicio de memoria, sino un llamado urgente a romper con esta lógica de impunidad. Mientras no se replantee de raíz la política pública en torno al manejo de agentes tóxicos y combustibles, la tragedia seguirá repitiéndose. Y lo más grave es que, como en tantas ocasiones, serán los barrios populares los que carguen con las consecuencias de un modelo que privilegia la ganancia sobre la vida.
Foto: La Jornada
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