Gabriela Mendizábal Bermúdez
Medidas de protección social de los pueblos indígenas
En México, más de la mitad de la población –el 50.2%, según datos del CONEVAL de 2022– carece de acceso a la seguridad social. Esta situación evidencia no solo una crisis estructural, sino también la necesidad de repensar el modelo de seguridad social vigente, cuya normativa sigue siendo excluyente para grandes sectores, particularmente para los pueblos indígenas, tema que hoy nos invita a reflexionar con motivo precisamente del día internacional de los pueblos indígenas el próximo 9 de agosto.
Aunque la Ley del Seguro Social contempla la figura de prestaciones de solidaridad social para comunidades en pobreza extrema, la condición para acceder a estos beneficios continúa supeditada a una lógica asistencialista y de autosuficiencia económica, que poco reconoce los sistemas propios de protección existentes en estas comunidades.
En este contexto, la glocalización ofrece una alternativa pertinente: se trata de un enfoque que integra respuestas globales con soluciones locales. En materia de seguridad social, significa la posibilidad de adaptar estándares internacionales a realidades comunitarias, respetando identidades culturales y prácticas tradicionales. Esto es especialmente importante para los pueblos indígenas, quienes mantienen mecanismos comunitarios eficaces para garantizar bienestar, como el tequio, los sistemas de cargos o la medicina tradicional. Estos mecanismos de protección social, aunque históricamente subestimados, cumplen funciones similares a las instituciones del Estado: distribución de recursos, atención a la salud, vivienda, y educación, todo bajo una lógica de reciprocidad, solidaridad y cohesión social.
La Constitución mexicana reconoce en su artículo segundo los sistemas normativos indígenas bajo el principio del pluralismo jurídico. Sin embargo, la omisión del Estado para legislar e implementar políticas públicas con enfoque intercultural ha dejado a estas comunidades en una situación de vulnerabilidad jurídica. La responsabilidad estatal ha sido transferida, en muchos casos, a las entidades federativas sin criterios claros de armonización normativa, lo que genera desigualdad en el acceso y en la protección de los derechos sociales.
En diversas comunidades indígenas, la protección de los medios de subsistencia y la salud se sostiene a través de formas organizativas propias basadas en la comunalidad. Estas estructuras solidarias permiten afrontar desafíos económicos, sociales y sanitarios, especialmente en contextos donde los sistemas estatales son limitados.
La base de esta protección recae en redes familiares que actúan como soporte solidario y subsidiario, brindando ayuda según sus capacidades. A esto se suma la provisión de vivienda mediante la patrilocalidad, donde las nuevas familias reciben predios y construyen con apoyo comunitario no monetario, fortaleciendo la autonomía sin endeudamiento.
Los compadrazgos, basados en rituales religiosos y sociales, crean vínculos de responsabilidad mutua que amplían el apoyo más allá del núcleo familiar. La solidaridad comunitaria, a través de prácticas como el tequio, fomenta la cooperación en actividades agrícolas y eventos sociales, fortaleciendo la economía solidaria.
La formación alternativa mediante centros comunitarios ofrece educación con pertinencia cultural, reforzando la autosuficiencia. Además, el sistema de cargos permite la rotación de responsabilidades civiles y religiosas, recompensadas simbólicamente, y garantiza el respaldo comunitario en la vejez como retribución por el servicio prestado.
Otros mecanismos como la dote cumplen funciones económicas y sociales, formalizando alianzas y apoyando el inicio de una nueva familia. En salud, la medicina tradicional juega un papel clave en el tratamiento de enfermedades comunes mediante conocimientos ancestrales y plantas medicinales. Asimismo, las redes de apoyo externas, incluyendo remesas de migrantes, complementan los recursos locales y permiten el acceso a servicios especializados.
Es momento de reconocer estos mecanismos como justiciables y vinculantes, no como expresiones culturales aisladas, sino como parte integral de un sistema nacional más inclusivo. El reto es diseñar una seguridad social verdaderamente intercultural, que parta del reconocimiento legal de estas formas de organización y proteja efectivamente los derechos colectivos de los pueblos originarios. Diseñar una nueva seguridad social para la vida.
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Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la FDYCS de la UAEM. ↑
