Otros clandestinos
Roberto Monroy Álvarez
La historia de violencia en América Latina es, sin duda, larga y llena de bifurcaciones. La desaparición forzada es un mecanismo que sitúa su origen en las dictaduras militares del cono sur. En el caso de Chile, es a partir de ese otro 11 de septiembre que los llamados subversivos –así designados por la doctrina de seguridad nacional, la formulada por los milicos para confundir a tupamaros, montoneros, miristas, sindicalistas, campesinos o estudiantes, todos en un mismo concepto pragmático– fueron detenidos, asesinados y arrojados en fosas en el norte de aquel país, en el desierto de Atacama; al ser descubiertas, a poco de iniciado el gobierno de facto, los cuerpos fueron removidos (en un operativo que por alguna razón se llamó “Retiro de televisores”) y arrojados al mar de la Patagonia. En Argentina, la situación fue más refinada. A los desaparecidos se les detenía a veces por años, pero la mayoría terminaban en un complejo sistema de negación, tanto de sus vidas como de sus muertes: negados como pruebas de un delito, pero también negados en la memoria nacional. Son conocidos los vuelos de la muerte, donde los llamados “paquetes” eran arrojados al Río de la Plata, una gran fosa de agua; pero también existían los “asaditos”, la quema de los cuerpos en los sitios ilegales de detención. Me impresiona, sin embargo, una de esas lógicas, tal vez la menos estudiada: el abandono de los cadáveres en las calles, simulado enfrentamientos entre guerrilleros y militares. Muchas veces el rostro de esos cuerpos era acuchillado para evitar una identificación inmediata, y muchas veces no era necesario. Los servicios forenses cómplices, levantaban el cuerpo, lo llevaban directamente a los cementerios públicos y lo sepultaban en sus fosas comunes, identificados como NN. Como una alegoría de “La carta robada” de Poe, los militares escondían el cuerpo y su crimen a la vista de todos, donde de por sí había cuerpos. Para mí, esa historia de violencia no es sino el inicio lejano de lo que encontramos en el 2016 en Tetelcingo, esa fosa común clandestina administrada por el Estado y llena de otros anónimos. Esos cuerpos no pertenecían a guerrilleros o activistas (o quién lo sabrá), sino a un común producido por un tipo de violencia clandestina pero también estatal. Y se visibiliza de nuevo, ahora en Jojutla, con más de 60 cuerpos descubiertos en situaciones clandestinas (la clandestinidad del Estado) en la fosa común, y que la fiscalía ha tratado de “matizar” para que su impacto sea más aceptable. Queda pendiente un ejercicio de revisión crítica que nos ayude a comprender que la violencia a los cuerpos en Tetelcingo o Jojutla no es sino la continuación, pero también diferencia, de la que sufrieron los cuerpos en Atacama o el Río de la Plata.
*Laboratorio Contra/Narrativas (CIIHu-UAEM)
Fotografía de las fosas comunes clandestinas de Tetelcingo.
