Rumbo a la anhelada justicia
A pesar de infinidad de obstáculos, el próximo domingo 1 de junio se celebrarán los comicios nacionales para elegir a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, y en 19 entidades de la República Mexicana, también para el Poder Judicial Estatal, como resultado de la iniciativa de reforma al Poder Judicial que fue presentada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el 5 de febrero de 2024, y que, cumplido el proceso de aprobación legislativo, el resultado se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 15 de septiembre de 2024.
Como era ya previsible, los promotores del cambio constitucional que fundamenta este ejercicio cívico señalan, no sin razón, que será algo de lo más trascendente que habrá sucedido hasta ahora en cuanto a cambios en la forma de composición del gobierno, mientras que los sistemáticos detractores de todo lo que hace la administración de la llamada cuarta transformación proclaman que será un gran fraude, por ser un ejercicio carente de garantías de neutralidad. Lo cierto es que el hecho de que la ciudadanía elija a quien ocupará las funciones de administrar la justicia será, desde luego, un cambio sustantivo, en el marco del pacto social del país.
Dentro de la aún muy deficiente cultura cívica de los mexicanos, el conocimiento de cómo se organizan y operan los tres poderes de gobierno, sean federales o estales, el relativo al Poder Judicial ha sido el más limitado. Dos razones para ello: lo complejo del entramado de la legislación mexicana en todos sus aspectos, y la opacidad y corrupción en la que dicho poder ha sido operado. Quienes con facilidad pueden dar constancia de esto son todos aquellos que, por una u otra razón, han tenido que gestionar temas de justicia ante los tribunales. Es imposible hacer algo en este ámbito, si no se contrata a un abogado que sea quien entre a ese oscuro y complejo mundo, y también si no se cuenta con el dinero exigido para que, vía soborno, “se aceite el sistema en todas sus instancias”, y así esperar a que concluya el proceso en favor del querellante o del acusado.
Lo que habrá de suceder este primero de junio puede ser analizado desde diversas perspectivas, lo cual, por cierto, no parece importar, ni a los estudiosos del derecho, ni a las instancias educativas formales, ni a los medios de comunicación, ni al órgano responsable de las elecciones, ni tampoco al gobierno. La pedagogía cívica para este proceso es inexistente en nuestro país, la cual no debe confundirse con la difusión de información en formato de propaganda y de publicidad pagada.
En efecto, vamos a ir a unos comicios, sin que se hayan divulgado algunas ideas generales sobre el significado y los diversos tipos de justicia existentes, ni tampoco sobre la forma en que se organiza y opera el Poder Judicial, ni tampoco sobre las atribuciones de los jueces, magistrados y ministros. No sabemos nada sobre el origen e historia de dicho Poder, el cual por cierto se plasmó en la Constitución Política de 1824, cuyo artículo 115 señalaba que «El Poder Judicial de la federación residirá en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y jueces de distrito». También ignoramos los debates históricos y no resueltos a satisfacción, sobre el tema relacionado con el equilibro de poderes, específicamente sobre el papel del Congreso y del Poder Judicial en la definición e interpretación del pacto social constitucional.
La complejidad y la franca opacidad en muchos aspectos de la gestión de la justicia desfigura la relación entre derecho y justicia, ya que parece prevalecer lo procedimental de la gestión, léase el debido proceso, que, sobre la obtención de la justicia, de forma pronta, expedita, eficiente, y accesible para todos, ricos y pobres.
En resumen, a los ciudadanos nos falta entender la forma en que se articulan los diversos tipos de justicia, esto es, la justicia social, la justicia distributiva, la justicia restaurativa o correctiva, la justicia retributiva, y la justicia procesal, atendiendo a nuestra historia, nuestro contexto cultural, nuestra escala de valores como nación soberana, y nuestro modelo de desarrollo social y cultural. A pesar de todo ello, los ciudadanos habremos de tomar postura en los próximos comicios.
Hay quienes no participarán, como siempre, por desinterés, o porque nunca estuvieron de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, o bien porque consideran que la complejidad de la elección la invalida en sí misma. Los qué sí habrán de hacerlo, lo harán seguramente porque, con todas sus limitaciones, consideran que este ejercicio cívico es un paso gigante en ruta hacia una sociedad más involucrada en la gestión gubernamental, así como algo importante para que los servidores públicos de ese Poder se sensibilicen y actúen siempre conforme a lo que la letra y el espíritu de las leyes mandatan, y lo que el interés general exige. Esto podría verse sólo como un anhelo, pero hay elementos para esperar que dicho anhelo se convierta en realidad en un tiempo no tan lejano.
A los escépticos de buena fe sólo habría que pedirles que participen, porque la abstención, cualquiera que sea su magnitud, no invalidará los resultados; de igual forma, a los que están por sistema en contra de todo lo que hace la llamada cuarta transformación, se les invita también a votar, y que lo hagan por las candidatas y candidatos propuestos por el Poder Judicial, ya que seguramente entre ellos habrá muchos que ven con simpatía la judicialización de la política, la politización de la justicia, el otorgamiento de los amparos como arma política, la liberación a capricho de presos de alta peligrosidad, y el apoyo a las corporaciones nacionales y extranjeras que presentan litigios contra México.
*Interesado en temas de construcción de ciudadanía.
