El Congreso de Morelos sesionará hoy para definir si valida o no la terna que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia se tardaron semanas en construir y de la que se designará a la magistrada o el magistrado que presidirá ese órgano ahora convertido en la representación protocolaria del Poder Judicial del estado de Morelos.
Los perfiles de quienes integran la terna, Nancy Giovanna Montero Mercado, María del Carmen Aquino Celis, y Javier Mújica Díaz, no parecen tener la excelencia que cualquiera buscaría en el titular de la administración de justicia en Morelos. Al contrario, están llenos de sospechas en parte por la contaminación política que se generó en los últimos años en el Tribunal, pero mucho más por sus actuaciones, omisiones y relaciones personales.
Ninguno de ellos parece tener los alcances para resolver la situación de crisis que atraviesa el Poder Judicial desde hace muchos años, pero que arreció a partir del desconocimiento que hicieron once magistrados del expresidente, Luis Jorge Gamboa Olea, quien lejos de buscar la conciliación con el grupo disidente, decidió enfrentarlos armando una facción en su apoyo. Esa herida se mantiene en el pleno y es evidente en la imagen de la terna que publica hoy La Jornada Morelos: a la izquierda, Javier Mújica y Carmen Aquino del grupo de Gamboa Olea, bastante juntos, y casi a un paso de ellos Nancy Montero, quien desconoció al presidente. Las sonrisas de la terna parecen forzadas.
Y no se trata de un tema menor, conforme lo diseñó el constituyente en los transitorios de la reforma, quien ocupe la presidencia a partir de ahora no podrá tomar determinaciones legales sin el aval del pleno. Eso es algo que se antoja muy lejano con el enfrentamiento que, en una sesión tan aparentemente simple y resuelta como la de este martes, provocó que se buscaran problemas a las soluciones, según opinó una magistrada durante la propia sesión.
Nadie podría culpar a los diputados si hoy deciden rechazar la terna enviada por los magistrados. El listado no parece garantizar ni solidez profesional, experiencia, honestidad, y capacidad para generar consensos o por lo menos mayorías al interior del pleno. En esa lógica, lo que menos se requiere ahora es volver a arriesgar al Poder Judicial a una nueva parálisis, mucho más cuando quien lo presida no tendrá las facultades para resolver nada sin el respaldo de ese pleno.
Pero los magistrados son celosos de su autonomía y de alguna forma, después de varias semanas pudieron integrar la terna que presentaron. Desde una óptica institucional, eso fue lo mejor que lograron en las semanas que hubo para discutirlo y, en condiciones normales, debería dejarse pasar.
La consideración del constituyente, sin embargo, de permitir que, por única vez, el Legislativo tenga la facultad de revisar y validar la propuesta de los magistrados para designar la presidencia del Tribunal, tuvo su origen justamente en las experiencias pasadas y la circunstancia actual. Bajo esa óptica, no rechazar esta terna sería el desperdicio de una facultad cuya existencia pretende ayudar a la construcción de un mando de transición para el Poder Judicial. Y ese desperdicio haría a la LVI Legislatura corresponsable de lo malo que ocurriera a partir de validar una terna sin liderazgos verdaderos.
En pocas palabras ¿para qué se abrogaron la facultad de rechazar la terna si no la usarían a pesar de lo deficiente y sospechosa que tiene esta oferta de los magistrados?
