Con una reducción de 37% en los homicidios dolosos del primer cuatrimestre del 2024 al mismo periodo en este año, es evidente que la violencia ha disminuido sensiblemente en Morelos; pero también se debe reconocer que los 336 asesinatos y doce feminicidios que se han cometido entre el 1 de enero y el 30 de abril del 2025 siguen siendo un número que encierra igual número de tragedias familiares inadmisibles.
Los datos que reflejan la disminución en términos reales de la incidencia de muchos delitos en Morelos permiten ver que la seguridad pública se enfrenta de una forma diferente, ciertamente más efectiva, pero aún insatisfactoria para un estado que ha padecido décadas de sometimiento al crimen; ha modificado sus dinámicas de vida por temor a ser víctima de delitos; y sufre directamente, o muy de cerca, el daño que provoca la actividad criminal en el estado.
Desde esa perspectiva tendría que verse el arribo de más fuerzas federales para apoyar la seguridad pública en Morelos. No se trata, como ocurría en el pasado, de relevar a autoridades locales rebasadas en el combate a la delincuencia, una actividad a la que muy pronto claudicaron, según evidencian las cifras oficiales de 2018 a 2024. La incorporación de refuerzos parece buscar el objetivo de apoyar tareas de seguridad que van por buen camino, pero carecen del personal necesario para conseguir el efecto deseado.
En esta ocasión, el problema no parece ser el diseño de la estrategia de seguridad o el compromiso para aplicarla, sino la falta de elementos policiales, un déficit que Morelos padece hace más de una década y que apenas empezó a atenderse de forma seria en esta administración, con mejoras salariales y prestacionales, y mejores estrategias de reclutamiento y formación policial. También con el reconocimiento de cada vez más alcaldes sobre sus obligaciones en materia de seguridad pública e integración de sus fuerzas policiacas a las que en breve deberán homologar salarios para que ronden los 15 mil pesos mensuales.
De hecho, Morelos requeriría tener alrededor de ocho mil policías más de los que tiene solo para acercarse a la cobertura suficiente, lo que no es una tarea que pueda resolverse de la noche a la mañana; mucho menos cuando los policías, una vez cumplidos los requisitos para ser admitidos como aspirantes, deben completar cursos de al menos seis meses, exámenes de control de confianza y otras condiciones antes de considerarse habilitados para iniciar sus labores. El proceso tarda entonces más de ocho meses, así que la ayuda de elementos federales mientras se desarrolla un proceso de refuerzo a las policías municipales y la estatal, resulta muy necesaria.
La reciente llegada de los primeros mil 200 elementos federales para reforzar las labores de seguridad es una buena noticia siempre que los alcaldes de los trece municipios que integran la región no usen esa ayuda para relevarse del compromiso que tienen con el reclutamiento policial y la seguridad pública en su territorio; algo que ocurrió en prácticamente todos los ayuntamientos durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, en la que solo Cuernavaca se ocupó de reforzar su policía.
Vendrán más refuerzos en los próximos días para el resto del estado, según adelantó el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, y el reto será exactamente el mismo: no esperar que otros hagan el trabajo que corresponde, en primera instancia, a los ayuntamientos.
El apoyo de las fuerzas federales debería tratarse como una oportunidad para fortalecer el sistema de seguridad pública local, desde el plano municipal y también en el estatal, en lo operativo, administrativo y también en lo jurídico mediante un diseño que nos permita, muy pronto, tener suficientes y mejores fuerzas del orden. Si no se trabaja en eso, la urgencia de apoyo federal será permanente y la paz en Morelos se construirá solo en el muy largo plazo.
