Cuando hace tres o cuatro décadas las iglesias, especialmente la católica, advertían sobre los peligros que representan las disfunciones y la desintegración familiar para la cultura, la economía, la seguridad, y en general todas las circunstancias que pueden afectar a la sociedad, se les hizo poco caso. La advertencia tenía, por supuesto, algunos defectos al inscribirse en el reconocimiento de la mayoría de las iglesias, y el traslado de esa validación al Estado, de un solo tipo de familia: una modelo o estereotípica que estaría formada por un padre, una madre y dos hijos (preferentemente niño y niña), además de probablemente una mascota (regularmente perruna).
Ese fue, por muchísimas décadas el modelo de familia considerado ideal, conforme a él se diseñaron los modelos de atención y hasta las viviendas en todo el país, pero tenía un enorme defecto. Esas familias son la minoría de las que existen en un país extraordinariamente diverso, y al excluir a la mayoría de los núcleos de convivencia familiar, el modelo era ajeno a la realidad, algo que seguramente influyó en la poca defensa que se hizo de los proyectos que buscaron mantenerlo e imponerlo.
Sin apoyos ni reconocimientos, las otras familias, con jefatura matriarcal, sin hijos, nucleares con muchos hijos, monoparentales, reconstituidas, adoptivas, homoparentales, multinucleares, separadas, han tenido que enfrentar una muy agresiva modernidad que compromete la convivencia social y familiar, lesiona las relaciones interpersonales, cuestiona los valores éticos y humanos fundamentales, genera violencias de todo tipo y mina constantemente la integridad familiar.
La desintegración familiar en este ambiente es impermisible pues aumenta radicalmente los riesgos de conductas antisociales; victimización de mujeres, niñas, niños y adolescentes; adicciones; violencias de todo tipo; y pérdida de aprendizajes necesarios para la convivencia social, como los valores morales y éticos.
En Morelos, la violencia familiar afecta a más del 20% de los núcleos familiares; la mitad de las familias viven en condiciones de pobreza y el 7.4% de pobreza extrema; el maltrato a los adultos mayores ha alcanzado cifras de casi el 20% y proviene en su mayoría de parientes cercanos que los mantienen en condiciones de explotación; además, la desintegración social, el reclutamiento de menores por grupos delictivos, la desaparición forzada de personas, son elementos que contribuyen a la disolución de los núcleos familiares. La incidencia de cada uno de estos problemas, salvo acaso la pobreza que se mantiene en un marco estable de referencia, se ha ido incrementando con el tiempo.
El discurso de reunir a las familias, compuesto no solo por palabras, sino por acciones, programas de apoyo, estructuras jurídicas y sociales de reconocimiento a los diferentes tipos de unidades o colectividades, visibilización de la diversidad, y otras herramientas, ha cambiado con el tiempo. De la idealización de un modelo de familia nuclear se ha virado a la comprensión de la complejidad de las relaciones familiares y trata de diseñar un esquema mucho más abierto en que se admite, por primera vez, que aún en la separación de sus miembros, la unidad familiar es tan deseable como posible. El apoyo del Estado debe concebirse a partir de ese reconocimiento, uno que ha iniciado más allá del discurso y la efeméride del Día Internacional de las Familias, pero para el que sigue siendo necesario repensar las políticas públicas tanto federales como estatales y municipales.
Sólo a partir de ese reconocimiento, los valores morales y éticos podrán dejar de verse como una visión restrictiva de la vida en sociedad y serán parte fundamental de la construcción del mejor futuro que merecemos todos.