La nueva Ley de Telecomunicaciones y las TIC verdes en México

Claudia Marina Vicario Solórzano^[1]

México se encuentra en un momento clave de su transformación digital con la propuesta de una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, actualmente en discusión en el Senado. Esta iniciativa busca ampliar el acceso a internet, cerrar la brecha digital y garantizar conectividad a servicios esenciales como la educación y la salud. Como parte de esta reforma, se propone la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que asumiría funciones del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La propuesta legal incorpora algunos principios de sostenibilidad, como la “facultad de sostenibilidad espacial” otorgada a la nueva Agencia (art. 8), el uso eficiente del espectro radioeléctrico (art. 16) y la promoción de tecnologías más limpias (art. 65). También contempla la reasignación del espectro y posiciones orbitales con fines de interés público (arts. 75 y 76), así como la obligación de seguir directrices internacionales sobre desintegración y reemplazo satelital (arts. 117 y 128). Sin embargo, estas disposiciones siguen siendo limitadas frente a la magnitud de la crisis ecológica actual.

En medio de una emergencia climática global y de la necesidad de modernizar la infraestructura energética y digital, México apenas comienza a considerar una dimensión estratégica aún poco discutida: las Tecnologías de la Información y Comunicación Verdes (Green ICT). Este enfoque implica integrar criterios ambientales en el diseño, uso y disposición de tecnologías digitales.

Datos preocupantes: residuos electrónicos y brechas verdes

Según el INECC y el Global E-Waste Monitor 2024 de UNITAR, México genera entre 1.2 y 1.5 millones de toneladas de residuos electrónicos anuales, reciclando solo entre el 4% y el 15%. Esto representa 11.8 kg por habitante, colocándonos en el tercer lugar de América, solo detrás de Brasil y Estados Unidos.

Además, el consumo energético del sector TIC no deja de crecer. Los grandes centros de datos que operan en México carecen de regulaciones ambientales que exijan eficiencia térmica o el uso de energías limpias. Mientras tanto, otras naciones ya promueven centros de datos carbono-neutros, fomentan la compra pública de hardware verde y legislan el derecho a reparar para combatir la obsolescencia programada.

Aunque México ha firmado compromisos como el Acuerdo de París y la Agenda 2030, y existen iniciativas como la Ley de Economía Circular de la CDMX (2023) o el piloto de tecnologías verdes en Aguascalientes con apoyo alemán, la implementación real sigue siendo fragmentaria. Muchas empresas tecnológicas operan sin regulaciones que las obliguen a reportar emisiones o adoptar prácticas circulares.

La aceleración digital tras la pandemia, la relocalización industrial y el despliegue de redes 5G —presentadas como más eficientes— pueden incrementar la huella ecológica del sector si no se acompañan de regulaciones específicas. El aumento en el consumo de energía, la extracción intensiva de minerales, los residuos electrónicos y la corta vida útil de los dispositivos indican que, sin sostenibilidad, la digitalización puede convertirse en parte del problema.

La oportunidad de una transformación digital limpia

Más allá del impacto ambiental, las TIC verdes representan una oportunidad para innovar y modernizar la economía. La industria 5.0, el nearshoring o la transición a una sociedad sostenible dependen de una infraestructura digital inteligente, limpia y resiliente. México cuenta con talento y capacidades, pero aún carece de una política pública integral o de legislación específica que articule la adopción de tecnologías limpias en el sector digital.

Académicos, centros de investigación y organizaciones civiles coinciden en que la ley propuesta se queda corta. La transición energética no puede concebirse sin una transformación digital sustentable. La digitalización debe ser “verde” en la práctica, no solo en el discurso. Por ello, urge una estrategia nacional de TIC verdes que contemple:

Regulación obligatoria de eficiencia energética para servidores, antenas y centros de datos, promoviendo energías renovables.
Una ley sobre residuos electrónicos, con mecanismos de recolección, reciclaje y sanciones efectivas.
Incentivos fiscales y regulatorios para quienes adopten tecnologías limpias.
Fomento a la reparación y reacondicionamiento de dispositivos, combatiendo la cultura del “usar y tirar”.
Educación digital con enfoque ambiental desde edades tempranas, para formar ciudadanía consciente.

Una verdadera transición energética requiere regulación clara, incentivos reales, educación ambiental y voluntad política. La nueva ley puede marcar un antes y un después, pero solo si trasciende lo técnico y reconoce con urgencia la dimensión ecológica del mundo digital. No cambiemos la brecha digital por una deuda ambiental. La tecnología debe estar al servicio de la Patria, pero también de la vida.