Esmeralda Pliego Alvarado1
La coordinadora nacional Agua para la Vida, ha sostenido que la ley de 1992 –promulgada durante el periodo neoliberal—debía abrogarse porque responde exclusivamente a una lógica de mercado. El 1 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum plateó una reforma con el argumento de ordenar el uso, frenar abusos históricos y garantizar el derecho humano al agua, fue aprobada el 3 de diciembre y publicada el 11 de diciembre.
Productores agrícolas advierten que, sin transmitir las concesiones, sus tierras e inversiones quedan vulnerables. En la narrativa oficial, se pretende corregir esta desigualdad sin afectar a pequeños propietarios; pero, estos temen que las nuevas reglas los perjudiquen en mayor medida por la priorización del uso doméstico y público, la creación de un Registro Nacional del Agua para transparentar concesiones y, la implementación de infraestructura sustentable, los grandes agroindustriales poseen mayor capacidad para modernizarse y cumplir con las nuevas exigencias técnicas. Las organizaciones agrícolas advierten que, sin ajustes ni apoyos complementarios, seguirán manifestando su inconformidad.
El debate esta lejos de cerrarse, ya comenzaron las clausuras de aprovechamientos de lo que consideran usos irregulares del agua, está en juego el futuro agrícola del país, en un contexto marcado por desigualdad estructural, alta sobreexplotación, sequias recurrentes y multicrisis.
