Cipriana Hernández Arce1
La Ley General de Aguas (LGA) ha generado conmoción al plantear un cambio de paradigma: pasar de la visión de “mercado” establecida en 1992 a una visión de Estado centrada en el derecho humano. Este planteamiento, aunque ineludible, exige un análisis sociohídrico y político profundo. No basta con el papel; se requieren referentes contextuales que reconozcan las disputas y negociaciones entre actores, especialmente ante las profundas desigualdades que persisten en el país.
Hoy, las soluciones técnicas y restrictivas ya no resultan tan evidentes en escenarios donde existen contradicciones en el actuar. Un ejemplo claro en Morelos es el río Apatlaco: a pesar de años de políticas de saneamiento e inversión en plantas de tratamiento, el proyecto no se ha consolidado debido a la falta de financiamiento y operatividad. Mientras tanto, la región enfrenta un deterioro hidrológico incesante, marcado por la mala calidad del agua y una disponibilidad que disminuye frente a la creciente demanda; una situación que, en muchas zonas, es sostenida por una sociedad civil organizada que trabaja —pese a sus precariedades materiales y técnicas— para garantizar el acceso y mantener sus fuentes de agua.
