* Encaran la crisis con tecnología prestada, una Ley sin reglamento y menos de 11 millones anuales
* El registro federal reconoce a mil 967 personas desaparecidas o no localizadas en esta entidad
* El gobierno y la sociedad están normalizando este doloroso problema: Patricia García, de ‘Regresando a casa’.
Crimen sin castigo. Impunidad lacerante. La desaparición forzada de personas es un delito que bien merece una pena de doble dimensión que el homicidio porque impide el acceso a la justicia de las víctimas y el acceso a la verdad, al duelo y al cierre emocional de las familias. En Morelos, la desaparición forzada es un problema que se incrementó desde 2006, pero hasta 2019 se creó una Comisión estatal de gobierno para atenderla.
Hoy, esa Comisión trabaja en condiciones de precariedad; cuenta con un presupuesto local de 10.5 millones de pesos anuales, con una Ley estatal aprobada en 2023 pero que no tiene Reglamento, y con tecnología insuficiente, que obliga a pedir a otros estados equipos especializados; por ejemplo, georradares de mano alzada para acotar las zonas de búsqueda en campo.
Esta es la realidad en la que se trata de encarar la desaparición o no localización, en Morelos, de mil 967 personas reconocidas por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, del gobierno federal, hasta este 18 de agosto de 2025.
La recapitulación es hecha por Plaza de La Jornada Morelos, a unos días de que, el 30 de agosto, se conmemore el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Asamblea General de 2010.
A nivel nacional, el Registro elaborado por la Secretaría de Gobernación, reconocía hasta el 18 de agosto de este año, un total de 132 mil 646 personas desaparecidas y no localizadas en todo el territorio nacional.
A ellas hay que sumar 19 mil 239 personas que fueron halladas sin vida, después de que, en algún momento, fueron reportadas como desaparecidas.
Madres buscadoras
En Morelos las madres de las personas desaparecidas han tenido un papel protagónico y público en la identificación de fosas clandestinas que, en ocasiones, estaban a plena vista de las autoridades. Esto ha puesto en evidencia la inacción gubernamental y ha convertido a las madres en las principales investigadoras, arriesgando su propia vida.
–¿Cuál es el motor que la impulsa a seguir buscando a su hijo y a otras personas, incluso después de tres años y a pesar de los riesgos? —, pregunta Plaza de La Jornada Morelos a la señora Patricia García Navarro, madre de Ángel Montenegro, quien desapareció el 28 de agosto de 2022, a los 31 años, cuando fue a trabajar a Cuautla, desde Cuernavaca.
–Cuando desapareció mi hijo, yo me pregunté muchas veces ‘¿Por qué a mí? ¿Por qué?’. Y con el tiempo, cuando me integré al colectivo al que pertenezco, que se llama Regresando a casa, me di cuenta del dolor de otras madres, padres y familiares, y mi pregunta cambió. Me preguntaba yo ‘¿Para qué me pasó esto?’ Y la respuesta que tengo hoy es que yo no sólo busco a mi hijo, sino a todos los desaparecidos, porque buscamos que todos regresen a casa.
Sí es un riesgo andar buscando, y no sólo el riesgo por la inseguridad o que lleguen los malosos; también es el riesgo físico a caídas, o fracturas cuando anda uno buscando, pues muchas de las madres buscadoras son personas mayores, y ellas tienen el derecho y el impulso a salir a buscar. Cuando me preguntan que cómo le hago para estar bien y seguir adelante, yo respondo que no es que yo quiera estar bien, sino que tengo que estar bien, porque si yo no busco a mi hijo ¿quién? –.
–¿Cómo ha transformado su vida el formar parte de este colectivo de madres buscadoras? ¿Qué le ha enseñado esta lucha sobre el dolor y la solidaridad humana? .
–Todo el recorrido que hemos hecho en el colectivo Regresando a casa ha sido de mucho aprendizaje. Caminar acompañada aligera el tiempo y el trabajo porque no solamente buscamos en un lugar ni a una sola persona. Entre todas nos ayudamos, y sin darnos cuenta, ya de pronto pasaron años. Además, conforme vivimos y entendemos más el problema, podemos ayudar mejor a otras personas que llegan, porque desgraciadamente esto sigue y nosotras también hacemos un esfuerzo por entender, acompañar y proteger a esas madres que acaban de sufrir la desaparición de sus hijos y se acercan con nosotras.
Cuando pasa el tiempo, aprendes también a buscar porque al principio yo y mi familia buscábamos y la fiscalía nada más nos decía: ‘Busquen de aquí a allá’, y perdíamos tiempo porque no sabíamos ni cómo hallar un indicio en la tierra o el suelo. Con el tiempo y acompañadas hemos aprendido mucho, incluyendo la identificación de huesos, primeros auxilios emocionales y muchas cosas más–, responde la señora Patricia, quien ha realizado decenas de búsquedas en la zona de campos agrícolas de Cuautlixco, para responder sobre el paradero de Ángel. Ahí, ella y el colectivo Regresando a casa han encontrado restos de 13 personas; ninguno de los cuales es del hijo de Patricia.
–¿Qué es lo que la sociedad y el gobierno no están entendiendo sobre esta crisis de desapariciones?
–La sociedad y el gobierno están normalizando este problema tan doloroso. Como lo vemos en las noticias todos los días, ya se ve como algo normal. Y eso es algo que no debe ser. Muchos se enteran de desapariciones y dicen: ‘Se lo llevaron porque andaba en malos pasos’. Yo alguna vez pensé eso, hasta que me pasó cuando mi hijo sólo había ido a trabajar. Entonces, quisiera que entendieran que todos estamos expuestos, porque desaparecen hombres, mujeres, niños.
Desafortunadamente, en el caso de las autoridades, son un grupo que no debería dejar que esto se normalice, porque ellos tienen poder para hacer algo. Desafortunadamente, también influye la corrupción, que se mueve mucho dentro de ese ambiente. Antes era más escondido, pero ahorita como que ya se descararon más –.
–¿Qué mensaje le daría a un joven que tenga la edad que tenía su hijo cuando desapareció o qué mensaje le daría a Ángel, hoy?
–Les diría que las desapariciones forzadas nos pueden pasar a todos. Entonces, que se cuiden y que sus papás no somos sus enemigos, como para que se anden escondiendo de nosotros. Confíen en nosotros, porque las desapariciones suceden y nadie va a hacer más que su familia para buscarlos.
A mi hijo, Ángel, yo le diría que no se desespere porque yo, mientras Dios me preste vida, no dejaré de buscarlo hasta que lo encuentre–.
Las fosas de Tetelcingo y Jojutla
Dos hallazgos de fosas clandestinas ocurridos en los últimos 12 años en Tetelcingo y Jojutla, son particularmente relevantes como ejemplo de la indolencia o falta de interés con la que han actuado autoridades municipales y estatales a lo largo de diferentes administraciones.
El caso de Tetelcingo es paradigmático porque no fue una fosa «clandestina» en el sentido de que los criminales la cavaran, sino que se trató de una fosa «institucional», gestionada por la propia Fiscalía estatal.
Los hechos iniciaron en 2013, cuando el joven Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, fue secuestrado y asesinado. Su madre, María Concepción Hernández, y su tía, Amalia Alejandra Hernández, lo identificaron, pero no recibieron el cuerpo porque las autoridades lo enterraron, de manera ilegal, en una fosa clandestina ubicada en el municipio “El Maguey”, del ejido de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, Morelos, el 28 de marzo de 2014.
María Concepción y Amalia pidieron la atracción del caso por parte de autoridades federales porque al profundizar en la investigación se encontró que el cuerpo fue inhumado de manera irregular, junto a decenas de otros cuerpos sin identificar.
A raíz de la denuncia de las familiares y bajo la presión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia, se obtuvo una orden judicial para exhumar los cuerpos de dos fosas de Tetelcingo. En ese lugar, se enterraron de forma irregular 117 cuerpos y una gran cantidad de restos humanos. Muchos de ellos tenían signos de violencia y no contaban con las carpetas de investigación adecuadas. Este evento, que tuvo sus días más álgidos entre 2014 y 2016, marcó un precedente porque expuso la complicidad y la negligencia del Estado.
Un segundo caso de enorme relevancia fue el caso de las fosas en Jojutla, que es diferente, pero igualmente doloroso, y también evidenció la negligencia institucional.
En 2017, a raíz del caso de Tetelcingo, los colectivos de madres buscadoras y la UAEM comenzaron a investigar la existencia de otras fosas similares en el estado. Así se descubrió una fosa común en el panteón municipal de Jojutla, donde las autoridades habían enterrado cuerpos no identificados sin seguir los protocolos adecuados. En noviembre de ese año se inició la exhumación de los cuerpos en el panteón de Jojutla. Las autoridades y los colectivos trabajaron en conjunto y llegaron a exhumar más de 80 cuerpos y restos humanos.
Al igual que en Tetelcingo, estos cuerpos habían sido enterrados de manera irregular, impidiendo su identificación.
En el caso de Jojutla, los trabajos se han suspendido y reanudado varias veces en los últimos ocho años; extendiendo sus búsquedas hasta este mismo año, 2025. Las madres buscadoras y los peritos han señalado que la fosa es más grande y compleja de lo que se pensaba inicialmente. Constantemente se encuentran nuevos restos, por lo que las jornadas de trabajo deben reanudarse una y otra vez para asegurar que no quede ningún cuerpo sin exhumar.
Sin reglamento
La búsqueda de personas desaparecidas es muy compleja y la dificultad se incrementa cuando las autoridades responsables trabajan sin suficientes recursos económicos, técnicos y jurídicos. En Morelos hacen falta recursos de esos tres tipos.
Si se analizan las herramientas legales, hay que explicar que en esta entidad existe la Ley de Búsqueda de Personas para el Estado de Morelos, pero ésta carece de reglamento. Sin ese documento, faltan las normas operativas, los plazos y los procedimientos específicos para que las fiscalías, comisiones de búsqueda, áreas forenses y otras autoridades involucradas puedan aplicar correctamente la Ley. Sin reglamento, la ley es en gran parte una declaración de intenciones y principios.
Sobre este tema, el actual titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, Oscar Alfredo Valdepeña Mendoza, se refirió a la falta de reglamento cuando fue postulante al cargo, en diciembre de 2024, durante la entrevista con la Comisión de Selección.
“Me queda muy en claro que la Ley General del Estado le da prioridad a las víctimas, a su participación y a que se les de acceso a la justicia y a la verdad. También habla de un personal especializado y capacitado en la cuestión de búsqueda. Entonces, lo principal que yo pondría en el reglamento sería que el personal que esté en funciones en la Comisión esté capacitado, tanto en cuestión humanitaria, como científica y jurídica, porque no vamos a saltarnos los protocolos ni la Ley. Y en cuestión de las familias, ampliarles el abanico de participación en las búsquedas”, dijo el Maestro en Derecho Penal, que fue designado en el cargo en enero de 2025 y que anteriormente había trabajado en dos periodos y en diferentes cargos en la Comisión de Búsqueda y también en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.
Como ejemplo de las carencias de equipo, en la misma entrevista de selección, de diciembre 2024, Valdepeña Mendoza hizo referencia a las carencias de equipos especializados de trabajo de campo, como el Georradar de mano alzada. En la actualidad la Comisión ha solicitado prestados ese tipo de equipos a otros estados, que los facilitan por días. Por último, ya en el cargo, el Comisionado informó que el presupuesto anual aprobado por el Congreso del Estado para este año es de aproximadamente 10.5 millones de pesos y que estaban en búsqueda de recursos adicionales aportados por la federación.
La Jornada Morelos buscó, durante cuatro días, con siete llamadas telefónicas, una entrevista con el Comisionado Valdepeña Mendoza, pero el encuentro no se concretó con el argumento de que estaban solicitando autorización a la Secretaría de Gobierno. La conversación no se aprobó antes del cierre de edición. A petición de su área de Vinculación se detallaron cuatro preguntas que se plantearían en la entrevista: ¿En qué ha cambiado la política de búsqueda de desaparecidos, con el actual gobierno? ¿Qué rezagos existen en el marco legal estatal? ¿Qué diálogo sostienen con las organizaciones civiles de búsqueda?, y ¿Cuáles son las cifras oficiales de desaparecidos que reconoce hoy Morelos? El día límite para acordar la entrevista, el teléfono de la Comisión estuvo “ocupado” y sin recibir llamadas durante dos horas.
La desaparición forzada en Morelos afecta a personas de todas las edades y géneros, como han documentado organizaciones civiles. Foto: Regresando a Casa A.C.
En la última década han sido descubiertas fosas en Jojutla y Tetelcingo donde autoridades enterraban cuerpos sin informar. Foto: Regresando a Casa A.C.
Colectivos de madres buscadoras, como Regresando a casa, han sido fundamentales para encontrar decenas de cuerpos enterrados clandestinamente. Foto: Regresando a Casa A.C.
Parte del aprendizaje colectivo de las madres buscadoras ha sido entrenarse para usar varillas, en busca de indicios en campo. Foto: Regresando a Casa A.C.
Mediante la colocación de volantes y anuncios, la sociedad civil busca apoyo de todas las personas para hallar a sus familiares. Foto: Regresando a Casa A.C.
Acompañadas de autoridades, las madres buscadoras realizan jornadas de búsqueda en campo. Foto: Regresando a Casa A.C.
En la fosa del Panteón Pedro Amaro, en Jojutla, las excavaciones se han reanudado e interrumpido varias veces, en ocho años. Foto: Regresando a Casa A.C.
El impulso interior de quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos se cristaliza en la frase «Yo no me he rendido». Foto: Regresando a Casa A.C.
En todos los terrenos de Morelos, las madres buscan a sus hijos desaparecidos. Foto: Regresando a Casa A.C.
