La deuda con los desaparecidos
El reportaje “Sin reglamento y sin dinero; buscan a desaparecidos en Morelos”, de Antimio Cruz, que encontrará más adelante, es una muestra dolorosa de la indolencia institucional y de la fuerza imbatible de las familias que buscan a sus seres queridos. A través de testimonios como el de Patricia García Navarro, madre de Ángel Montenegro, se revela la doble tragedia de la desaparición: no sólo la ausencia de una persona, sino la carga de que la búsqueda recaiga casi por completo en las víctimas indirectas.
En Morelos, la Comisión de Búsqueda creada en 2019 enfrenta limitaciones notables: un presupuesto insuficiente de apenas 10.5 millones de pesos al año, tecnología prestada de otros estados y, lo más grave, una ley sin reglamento que la convierte en letra muerta. Mientras tanto, mil 967 personas continúan desaparecidas en la entidad, según el Registro Nacional. Detrás de esa cifra, hay nombres, historias interrumpidas, familias en duelo y una sociedad que, ya en demasiadas ocasiones, normaliza la tragedia.
Lo denunciado en Tetelcingo y Jojutla —donde decenas de cuerpos fueron inhumados sin protocolos, con plena responsabilidad de las autoridades— evidencia que el problema no es sólo de carencias materiales, sino de corrupción, negligencia y, en algunos casos, algo parecido a la complicidad. Estos hechos no pueden calificarse como errores administrativos: son crímenes contra la dignidad de las víctimas y una herida que se profundiza con cada cuerpo ocultado sin nombre.
El testimonio de las madres buscadoras es contundente: “Si yo no busco a mi hijo, ¿quién?”. Ellas, convertidas en investigadoras, forenses improvisadas y defensoras de derechos humanos, asumen riesgos que deberían recaer en el Estado. Sus cuerpos cansados y sus manos lastimadas son la expresión más viva de la injusticia mexicana: un país donde las familias se ven obligadas a suplir a las instituciones que las abandonan.
La normalización de las desapariciones —ese hábito perverso de culpar a la víctima con frases como “seguro estaba en malos pasos”— es otra forma de violencia. La indiferencia social mata la empatía, mientras el aparato gubernamental retrasa reglamentos, limita recursos y resbala responsabilidades. Cada día que pasa sin que se refuercen las capacidades de búsqueda es un día en que la incertidumbre se ahonda en cientos de familias.
El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto, no puede reducirse a un acto protocolario. Es una fecha para exigir cuentas, para recordar que las desapariciones son una de las violaciones más graves de los derechos humanos, porque roban no sólo a la persona, sino también la posibilidad de duelo, de verdad y de justicia.
Morelos tiene pendiente construir un andamiaje legal sólido, dotar de presupuesto digno a la Comisión de Búsqueda, y garantizar que cada investigación se realice con rigor, humanidad y verdad. Pero, sobre todo, la sociedad tiene pendiente dejar de mirar hacia otro lado. Porque como dice Patricia, la madre que busca a Ángel, la desaparición “nos puede pasar a todos”.
La deuda con los desaparecidos y sus familias no prescribe ni se resuelve con discursos: exige voluntad política, empatía social y acción inmediata. No podemos aceptar que la búsqueda de la verdad siga descansando en los hombros de las madres que, en lugar de descansar, excavan la tierra con sus propias manos.
El reto de recuperar la justicia en Morelos
La entrevista “Juan Emilio Elizalde: No hay pacto de impunidad en el Poder Judicial”, realizada por Enrique Balp y Daniel Martínez Castellanos, coloca en el centro del debate público uno de los temas más sensibles y urgentes del estado: la credibilidad del Poder Judicial. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Emilio Elizalde Figueroa, llega al cargo en medio de la peor crisis de legitimidad de la institución, arrastrada por escándalos de corrupción, acusaciones de pactos de impunidad y la percepción ciudadana de que los jueces suelen ser más severos con las víctimas que con los delincuentes.
El antecedente inmediato, la gestión de Luis Jorge Gamboa Olea, dejó un daño profundo: denuncias, auditorías y un desgaste que no se curará fácilmente. Por eso, el arribo de Elizalde representa tanto un desafío como una esperanza. No se trata solo de administrar un tribunal con rezagos financieros y miles de expedientes detenidos; se trata de reconstruir la confianza de una ciudadanía que ve en la impunidad una de las principales causas de la violencia que azota a nuestro estado.
El nuevo presidente niega la existencia de pactos de impunidad y asegura que la relación con la gobernadora y con el fiscal es de coordinación, no de subordinación. La afirmación es crucial, porque la independencia judicial es condición indispensable para que la justicia sea auténtica y no un instrumento político. Pero las palabras deberán traducirse en hechos: sanciones a quienes corrompen, transparencia en el manejo de recursos y, sobre todo, sentencias que restituyan derechos y frenen la percepción de que el Poder Judicial es la puerta giratoria de los criminales.
Los retos son enormes. El magistrado reconoce más de 100 denuncias y quejas contra funcionarios judiciales, la saturación de juzgados con miles de expedientes y la falta de personal suficiente para atenderlos. Además, el rezago presupuestal se mide en cientos de millones de pesos, lo que compromete incluso prestaciones laborales básicas. Sin embargo, más grave que la escasez de recursos es la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones que deberían velar por la justicia.
Elizalde plantea que el camino pasa por construir una cultura de la legalidad donde el mejor pleito sea el que no se inicia. Es un ideal loable, pero que no puede usarse como excusa para la inacción. El pueblo de Morelos espera un Poder Judicial que actúe con firmeza contra el crimen, pero también con respeto absoluto a los derechos humanos. No se puede combatir la inseguridad violentando la ley, pero tampoco se puede seguir tolerando la impunidad.
Los jueces tienen, como él mismo lo dijo, un poder inmenso: decidir sobre la vida, la libertad, el patrimonio y el destino de las personas. Ese poder debe ejercerse con responsabilidad y honestidad, sin privilegios ni componendas. El compromiso que Elizalde asegura querer sembrar en sus colegas debe convertirse en práctica cotidiana, porque los expedientes siguen acumulándose y los delincuentes siguen saliendo libres por fallas procesale.
Morelos necesita recuperar la justicia como condición indispensable para recuperar la paz. El nuevo presidente del Tribunal tiene apenas dos años para sentar bases sólidas que trasciendan su gestión. Su reto no es menor: limpiar la sombra de sus antecesores, fortalecer la independencia judicial y demostrar que, en un estado marcado por la impunidad, sí es posible un Poder Judicial confiable. La sociedad morelense no espera milagros, pero sí resultados concretos. Y el tiempo para lograrlos ya empezó a correr.
