Cabildo y tribunales, opacos: abogado
- El proceso para desincorporar la calle Santa Prisca fue opaco y el cabildo no acreditó que sea de interés público ni en beneficio social.
- Las reformas a la Ley General de Bienes del Estado de Morelos permiten que los cabildos actúen discrecionalmente aumentando riesgos de corrupción.
- Un grupo de ciudadanos inició ya acciones para frenar la cesión de la calle en Cuernavaca y buscar anular la ley que permite el daño al patrimonio municipal.
El riesgo de que en Morelos funcione un cártel inmobiliario como ocurre en otras partes del país se ha incrementado debido a las reformas jurídicas que permitieron, entre otras cosas, al ayuntamiento de Cuernavaca desincorporar un bien público (la calle Santa Prisca) a favor de un particular (la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) mediante un proceso opaco, discrecional y que resulta en un daño social.
El abogado Juan Carlos Juárez González, representante legal de los colonos de Vista Hermosa y de Rancho Cortés; y del grupo de ciudadanos que busca revertir la determinación del cabildo de Cuernavaca, habló con La Jornada Morelos sobre el caso de la desincorporación de la calle, que se busca frenar junto y también lograr la “modificación sustantiva” a las reglas que permiten a los ayuntamientos deshacerse de los bienes de la ciudadanía de forma discrecional.
Juárez González explicó que la reforma jurídica a la Ley General de Bienes del Estado de Morelos eliminó la restricción que había a la enajenación de éstos al eliminar el requisito de que ésta tendría que ser autorizada por el Congreso local. “Antes de la reforma (el ayuntamiento) tenía que pedir la autorización… para poder desincorporar de la esfera jurídica patrimonial algún inmueble, para que entonces pudiera transmitirlo, enajenarlo, grabarlo, hipotecarlo, donarlo, permutarlo”. Pues recordó que el ayuntamiento sólo administra los bienes que son de la población.
A partir de la reforma, sólo se requiere de la autorización de las dos terceras partes del cabildo municipal. Es decir, alcaldes, síndicos, regidores, “tienen en su poder un catálogo inmenso de bienes propiedad de todos” que pueden dar a particulares argumentando el interés público o algún beneficio de orden social: “que son dos conceptos jurídicos indeterminados en su grado máximo, porque nosotros como abogados no hemos podido ponernos de acuerdo en muchos años de historia en una definición clara, concreta, de qué es el beneficio colectivo, la causa de interés público”, señaló.
Es el caso de la permuta de la calle Santa Prisca, donde “ni siquiera se delimita ese interés público, no se señalan procedimientos, no se marcan parámetros, no exigen un dictamen técnico, financiero ni presupuestal”, añadió.
“Eso es lo grave porque pues yo no creo que nuestros regidores, que en ocasiones están menos preparados que un diputado, y eso ya es decir mucho… pues ahora puedan determinar qué bien queda excluido del patrimonio del Estado, del municipio, y qué bienes nos quedamos… eso va a ser su agosto” señala y advierte que en un futuro cercano podría empezarse a permutar o donar más calles o espacios públicos.
También denunció la opacidad con que se dio el proceso, por lo que previo a emprender todas las acciones legales, se hace énfasis en esa falta de transparencia. La ciudadanía, dijo, no conoce el alcance real del proyecto, “porque no está dentro de los canales públicos de comunicación entre la ciudadanía y el ayuntamiento. La sesión del cabildo no está publicitada. El acuerdo de cabildo no está publicado y eso quita ojos de la ciudadanía para que evaluemos los riesgos urbanos, ambientales”.
Puertas abiertas a la corrupción
Aseguró que la combinación del diseño de la ley con la opacidad municipal “abre la puerta a la discrecionalidad, a los posibles actos de corrupción. Viola el derecho de todos los ciudadanos cuernavacenses al acceso a la información y, además, contraviene los principios que han estado señalando en todo momento el gobierno municipal, el gobierno abierto, la rendición de cuentas”.
Por la mañana, Juárez González acompañó una conferencia de prensa en la que se anunciaron las acciones que se han emprendido y se adelantaron las que vendrán para echar abajo lo “que se oculta, que no muestra permisos, antecedentes, no permite el escrutinio… un proyecto que ya está mal”.
Refirió que el proyecto de la iglesia para construir un enorme templo y la inacción del ayuntamiento ya han causado daños graves al patrimonio de Cuernavaca con la tala de árboles y también al anuncio del ayuntamiento de la construcción de “un parque” a cambio de la cesión de la calle Santa Prisca.
“Hay una Norma Oficial Mexicana que define técnicamente qué es un parque. Un parque no puede tener una dimensión de mil metros cuadrados… eso va contra las normas que especifican las dimensiones”, insistió.
Informó que ya se ha solicitado al ayuntamiento toda la información sobre el proceso y se buscará la suspensión inmediata del acuerdo de cabildo “para el efecto de que se pueda realizar un correcto escrutinio, que se sociabilice el proyecto, que se dé a conocer de manera integral, para que los Consejos de participación ciudadana puedan emitir su opinión”.
Y en paralelo se acudirá a la defensa judicial para que las reformas a la ley “no prevalezcan y podamos obtener la protección del Poder Judicial Federal para que les establezca que esta normatividad no es constitucional o incluso que sea también declarada inconvencional. (Pues) el Estado administra los bienes y tiene que hacerlo en función de una infraestructura urbana básica, del desarrollo urbano y de la seguridad y bienestar de todos, no nada más de un grupo de interés o de un grupo social, religioso. Ese tiene que ser el enfoque”, dijo.
“Por supuesto que el Cabildo puede dar por motu propio marcha atrás a sus propias determinaciones. Por supuesto que puede haber un ejercicio de autorreflexión en ellos para poder hacer un llamado a la calma. Y a poder sociabilizar este proyecto y a saber a ciencia cierta de qué se trata esto porque, insisto, no se tiene la información real, los alcances del proyecto, los dictámenes en los que se basaron, los antecedentes que sirvieron de base para tomar una decisión de esta magnitud. Porque entonces, insisto, vamos a estar permutando calles, digo, esto ahora fue con un tema así, pero entonces donde estén enclavados las empresas y les interesen adquirir calles, pues entonces el municipio también va a hacer este tipo de intercambios basados en la simplona”, insistió.
Un cártel inmobiliario que involucra a muchos
La gravedad del caso de la calle Santa Prisca es mucho mayor porque no se trata del único caso en que se violan las reglas y hasta el sentido común.
Juan Carlos Juárez recuerda que las asociaciones de colonos de Vista Hermosa y de Rancho Cortés mantienen un litigio de cuatro años ya con el ayuntamiento de Cuernavaca, “en donde suspendimos efectivamente y a la fecha sigue suspendida la construcción de una universidad privada en una zona residencial en Vistahermosa, donde el uso de suelos es H5 (habitacional)”.
Expuso que “los propietarios del predio, una sociedad civil que tiene una universidad privada en varios estados que ofertan carreras del ramo de humanidades, incluyendo la de Derecho, adquirieron un predio de 6 mil metros y fracción por 35 millones de pesos y les negaron las licencias de uso de suelo durante un año y medio, pero al final de la administración de (Antonio) Villalobos, el 21 de diciembre del 2021, nueve días antes de que concluyera el trienio de este presidente municipal, se expidieron las licencias de uso de suelo”.
El caso llegó al Tribunal de Justicia Administrativa, “que también está sesgado. Ya en cuatro ocasiones los magistrados han intentado declarar improcedente los juicios que promovimos, porque también se autorizó una toma (de agua) comercial en una zona habitacional… eso va a comprometer la dotación de agua para los ciudadanos, para los habitantes… ya el Poder Judicial de la Federación ha emitido resoluciones corrigiéndoles la plana a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa”.
Y acusó de “un cochupo que incluye tanto a la autoridad municipal, a la autoridad estatal, porque tampoco han hecho nada, (aunque) saben de este tema, como al Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, a nivel local pues tenemos un cártel como está sucediendo en otras partes de la República, un cártel inmobiliario y se han ido preparando las cosas para dejar sentado: un tribunal que no imparte justicia, que trata de cansar a los ciudadanos que acuden ante las instancias para hacer valer estos derechos y dicen, bueno, pues a ver quién se cansa primero. Y ya prepararon el terreno para empezar a hacer la venta disfrazada de donación de estos predios”.