Organizaciones civiles y vecinales, así como la diputada federal Meggie Salgado Ponce, alertaron que a unos cuantos días de la modificación de la ley orgánica municipal que refrenda la ampliación de las facultades a todos los Municipios del Estado para enajenar las propiedades permitiendo que, con el voto de dos terceras partes de sus integrantes, el Ayuntamiento pueda ceder, donar o permutar bienes municipales sin la intervención del Congreso del Estado ni mecanismos claros de transparencia.
Advirtieron que esta modificación abre la puerta a decisiones discrecionales que afectan el patrimonio público y el entorno urbano, generando preocupación entre la sociedad civil: Un ejemplo reciente es la permuta aprobada a favor de una institución religiosa, señalaron.
En conferencia de prensa, la diputada federal Meggie Salgado, acompañada de Martha Moreno, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Colonos de Vistahermosa Reforma; del abogado Juan Carlos Juárez y representantes de diversas asociaciones vecinales, explicó que la permuta involucra dos predios con usos de suelo distintos: uno en la calle Santa Prisca, donde se reportó la tala de aproximadamente 70 árboles, y otro entre Calzada de los Estrada y calle Jojutla.
Destacó que la magnitud del proyecto requiere una Manifestación de Impacto Ambiental, por la probable afectación al arbolado, al agua, a la movilidad y al entorno social.
Salgado advirtió que la ciudadanía ha solicitado, sin éxito, acceso a expedientes, dictámenes y estudios sobre la operación. Recalcó que el proceso se ha llevado a cabo con opacidad y sin mecanismos efectivos de participación. “No se puede aprobar un proyecto de esta magnitud sin transparencia, sin estudios y sin informar a la ciudadanía. Exigimos la suspensión de la permuta hasta que exista una justificación técnica y legal que la respalde”, afirmó.
Durante la sesión de Cabildo del 12 de noviembre, la permuta fue aprobada. El único voto en contra fue del regidor Gabriel Rivas, quien destacó la falta de información y sustento técnico.
Las organizaciones vecinales señalaron que este contexto aumenta las dudas sobre la legalidad y transparencia del proceso y subrayaron que la reciente modificación a la Ley Orgánica Municipal amplió las facultades de los ayuntamientos para enajenar bienes municipales, lo que hace aún más necesaria la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas.
Advirtieron que estas nuevas facultades han generado controversias en otros estados y pidieron que en Cuernavaca se eviten decisiones discrecionales o carentes de rigor técnico.
Martha Moreno señaló que “la opacidad impide conocer el alcance real del proyecto y nos niega la posibilidad de evaluar riesgos urbanos y ambientales; esto huele a discrecionalidad y abre la puerta a posibles actos de corrupción”.
Durante la conferencia se proyectaron videos de sesiones y casos similares en municipios de Querétaro, además de patrones que reflejan el accionar de un “cártel inmobiliario” que opera en varias ciudades del país, incluida Ciudad de México. Las organizaciones responsabilizaron a las autoridades de evitar que estos patrones se reproduzcan en Cuernavaca y exigieron investigaciones rigurosas. Informaron que ya presentaron oficios, solicitudes y denuncias ante las instancias correspondientes, y que impulsarán —de ser necesario— procesos legales, sociales y mediáticos para frenar la ejecución del proyecto mientras no existan garantías técnicas y legales.
Y también exigieron la suspensión cautelar de la permuta hasta acreditar la legalidad del acto; la publicación íntegra del convenio, estudios, dictámenes y permisos; realizar y difundir la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente; implementar efectivamente el Observatorio Urbano prometido por el Ayuntamiento para facilitar la supervisión ciudadana; garantizar de preservación del arbolado y bienes públicos mientras se resuelve el fondo del asunto; revisar la actuación administrativa relacionada con la tala y sanción a los responsables si procede.
Para contextualizar técnicamente la exigencia ciudadana, recordaron los criterios mínimos para espacios públicos calificados como parques: ancho mínimo de 20 metros continuos en su lado menor y accesibilidad peatonal cada 500 metros; permeabilidad pluvial mayor al 75%; planificación que permita al menos dos usos paralelos; empleo de especies nativas o endémicas; limitación del riego intensivo al 15% de la superficie; y recuperación de cuerpos de agua en zonas de humedales en al menos 20% de la extensión.
Estas medidas se establecen conforme a la normativa ambiental vigente y buscan garantizar que los espacios públicos cumplan con estándares de sostenibilidad, funcionalidad y beneficio social.
Recordaron que la instancia que tiene facultades para salvaguardar el patrimonio de la ciudad es la Sindicatura. En ese patrimonio se encuentran las calles, plazoletas, banquetas y demás propiedades de tierra que el municipio ha recibido en el desarrollo y aprobación de fraccionamientos, condominios y conjuntos habitacionales.
Los participantes reiteraron su disposición al diálogo público informado, pero enfatizaron que no se puede proceder con la permuta ni con obras asociadas sin información técnica y jurídica que garantice la protección del interés público y del entorno.
El abogado Juan Carlos Juárez, la diputada Meggie Salgado y Martha Moreno, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Colonos de Vistahermosa Reforma; en la conferencia de prensa.
