Daniel Martínez Castellanos
Aunque solo sea en parte, lo cierto es que el grupo de magistradas y magistrados que encabeza el expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea, podría haberse salido con la suya al, no solo reventar la sesión para designar la nueva titularidad del órgano, sino también obligar que el asunto se traslade al poder Legislativo, con lo que los equilibrios se modificarán necesariamente.
En términos muy elementales, el pleno del tribunal no ha logrado reunirse porque requieren de quince magistrados (han tenido un máximo de catorce). Para conseguirlos deben convencer a por lo menos uno de los del otro bloque (los cercanos a Gamboa Olea), de presentarse a reanudar la sesión, eso no parece que vaya a pasar dado que al bloque en comento no le convienen los resultados que ha estado arrojando la votación para la presidencia y que tienen a la magistrada Nancy Montero Mercado a dos de hacerse de la posición y con ello terminar definitivamente con la influencia del expresidente en las determinaciones del tribunal.
Se trata de un asunto que no calcularon los diseñadores de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial local, que pensaron bastaría con remover a Gamboa Olea para anularlo. Nadie consideró que la influencia del presidente al que depuso el ordenamiento se extendía a por lo menos dos de los candidatos obvios a sucederlo, Carmen Aquino y Javier Mújica, quienes se han mantenido como fieles escuderos del depuesto aún ocupante, por sus polainas, de la oficina de la presidencia bajo el pretexto, que conforme pasa el tiempo se percibe más absurdo, de que no tiene a quién entregar el despacho.
Ya muchas veces antes habíamos advertido que el conflicto previo en el Tribunal Superior de Justicia (en que la mitad de los magistrados desconocieron la presidencia de Gamboa Olea en un acto que llevó a la intervención hasta de la Fiscalía Anticorrupción que aseguró oficinas con gente armada y toda la parafernalia que les gustaba antes) era un verdadero estorbo en la posibilidad de diálogo y acuerdos en el Poder Judicial. Pero los legisladores se pasaron de optimistas. Tampoco es que pudieran hacer mucho más sin que pareciera una intromisión en la autonomía del judicial entonces muy censurable pero ahora solicitada incluso por los magistrados.
Lo que no queda claro, después de que los magistrados solicitaron la intervención del Legislativo en una narrativa breve pero puntual de la situación vivida durante las últimas semanas en el Tribunal, es qué más podrían hacer los legisladores sin violar la autonomía del Poder Judicial. Porque según los propios legisladores, han hecho llamadas en privado para tratar de mediar y que se logren acuerdos, también ha habido exhortos públicos. La operación mediadora no se ha limitado al Legislativo, también podemos confirmar que la propia gobernadora, Margarita González Saravia, ha hablado con magistradas y magistrados para pedirles llegar a acuerdos, y los exhortos que la mandataria ha hecho ya en dos ocasiones al pleno para definir su presidencia han sido públicos y profusamente difundidos. ¿Qué más podría hacerse?
Los magistrados boicoteadores de la sesión aseguran que el resto (que de alguna forma constituyen la mayoría sea con doce o con catorce), violaron los acuerdos por los que se suponía encumbrarían a Javier Mújica Díaz; sin embargo, la mayoría de magistradas y magistrados, por lo menos 12 o 13, no admiten haber acordado nada y al contario, parecen refrendar su apoyo a Nancy Montero, opción que, por cierto, hace levantar la ceja a más de uno en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Como haya ocurrido, el caso es que el berrinche de los gamboaoleistas (se nos acabaron los sinónimos para identificarlos y mujuquistas se oye aún peor), mantiene en vilo una sesión que, si no se reanuda impide cualquier toma de decisión.
Conste que en este espacio estamos concediendo que el bloque ausentista tiene un plan de acción y no es como una mula de terco. A lo mejor la idea es exactamente esta, obligar a que la intervención se dé y luego gritar denuncias de violaciones a la autonomía del Poder Judicial que deslegitimen cualquier protesta. Nos dicen que no sería la primera vez que el pirómano incendie todo y luego grite “fuego, fuego”.
La intervención del Congreso en el conflicto entonces deberá darse con mucho tiento dado que, está clara la poca intención del bloque reventador por dejar el poder que se les escapa de las manos.
Abogados que son, muchos de los observadores de las reiteradas intentonas por sesionar de los magistrados urgen a medidas mucho más severas, como suspenderles los pagos de nómina o mandarlos traer con la fuerza pública. Cualquiera de esas posibilidades, aunque probablemente más eficientes que la intervención de otros poderes públicos en el asunto, resultarían mucho más benéficas a los fines de los gamboaoleístas que las soluciones basadas en el diálogo.
Por lo pronto parece que, aún con las nobles esperanzas externas de que el asunto en el Tribunal se solucione esta misma semana, lo cierto es que, desde dentro del Poder Judicial la percepción es diferente: el acuerdo es imposible en las condiciones que se tienen.
Probablemente convendría hacer presión desde otros ámbitos, por ejemplo, la destitución de magistrados que, al imposibilitar el trámite han desacatado la instrucción conferida por e transitorio 12 de la reforma que los obliga a sesionar de forma permanente hasta nombrar un presidente o presidenta.
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