Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Señas, una fecha que recuerda la importancia de la inclusión lingüística y cultural de las comunidades sordas en todo el mundo. En México, la Lengua de Señas Mexicana (LSM) fue reconocida como lengua nacional en 2005. Sin embargo, miles de personas sordas enfrenta un escenario de exclusión que puede nombrarse como violencia hacia los derechos lingüísticos.
Estos derechos lingüísticos, aseguran que cada persona pueda expresarse en su idioma sin ser discriminada. No se trata solo de comunicación, sino del acceso pleno a los derechos humanos. Según el Censo 2020 del INEGI, más del 21 por ciento de las 6 millones 179 mil 890 personas con discapacidad en México tienen limitaciones para escuchar, incluso con aparatos auditivos. Pese a ello, no existen estadísticas oficiales sobre cuántas usan LSM, esta ausencia de datos evidencia la invisibilización real de esta comunidad.
Pese a que en México las lenguas indígenas y la LSM están reconocidas jurídicamente como lenguas nacionales junto al español, este reconocimiento no se refleja en igualdad real para sus hablantes, ni tampoco que se pueda exigir el acceso efectivo y cumplimiento a sus derechos.
La LSM un derecho restringido
Si bien la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, vigente desde 2011, establece que la LSM es patrimonio lingüístico y obliga a las instituciones a garantizarla. En teoría, las personas sordas deberían poder estudiar en su lengua, recibir atención médica con intérpretes, acceder a procesos judiciales sin obstáculos y contar con oportunidades laborales en igualdad de condiciones.
Pero en la realidad cotidiana, en la práctica, estas garantías se diluyen. Ni las escuelas cuentan con personal suficiente, ni los hospitales con intérpretes, ni los juzgados con documentos accesibles, ni presupuesto para dependencias, estrategias e iniciativas, ni la demás población hablante conoce ni reconoce la LSM. Frente a esta desigualdad estructural, la comunidad sorda enfrenta estos y muchos más vacíos legales, lo que termina reduciendo la ley a un marco normativo sin impacto real en la vida de las personas.
Como ocurre con las lenguas originarias, la LSM tiene variaciones que van dependiendo de las regiones geográficas o de los usos y costumbres. Pero estas lenguas no solo transmiten información, también transmite formas de pensar, imaginar, organizar la vida y crear comunidad. Cada seña es el reflejo de una visión particular del mundo, una herencia cultural de generaciones, y garantizar su preservación es, al mismo tiempo, garantizar la diversidad cultural del país.
¿Quién debe hacer valer estos derechos?
En el caso de la LSM, hacer valer los derechos lingüísticos no recae en una sola instancia, sino que es una responsabilidad compartida: el Estado, en sus tres niveles (federal, estatal y municipal), es quien tiene la obligación jurídica de garantizar el acceso a la educación, salud, justicia y trabajo en LSM. Esto implica destinar presupuesto, capacitar personal, crear programas de inclusión y supervisar que las leyes se cumplan.
Por otra parte, las instituciones públicas, como escuelas, hospitales, tribunales y oficinas de gobierno deben asegurar que las personas sordas encuentren condiciones reales de accesibilidad lingüística, con intérpretes, materiales en LSM y procesos adecuados. Para abonar a la balanza, los organismos autónomos y de derechos humanos tienen el deber de vigilar que no se violen estos derechos y sancionar la discriminación.
Y, finalmente compartiendo la corresponsabilidad para concretar las garantías de los usuarios de esta lengua, estamos todos como sociedad en general. Debemos aprender de ella, reconocer y valorar la LSM como lengua, respetar a sus hablantes y abrir espacios donde pueda usarse sin prejuicios.
Una deuda colectiva
En este Día Internacional de las Lenguas de Señas, la situación de la LSM en México recuerda que la deuda con la comunidad sorda sigue abierta. Persisten prejuicios que reducen la LSM a un recurso secundario, cuando en realidad se trata de una lengua viva, con valor cultural y social, tan legítima como cualquier otra. Hablar de derechos lingüísticos es hablar del derecho a existir en plenitud. Cada lengua, como las lenguas originarias, es una forma de comprender el mundo, y negarle su lugar a la LSM (y a todas sus variantes) significa negar el derecho a participar, aprender, enseñar y convivir en condiciones de dignidad e igualdad.
Hasta no incorporar como derecho y abrazar como hermanas a las Lenguas de Señas, la inclusión real no será posible. Mientras las personas sordas sigan dependiendo de la buena voluntad de algunos intérpretes o de familiares que median su comunicación, tanto el Estado como la sociedad continuarán relegando y minimizando a miles de ciudadanos. Hoy nos corresponde visibilizar esta urgencia en la vida pública, asegurar su enseñanza y promover su uso en todos los espacios. Es una deuda colectiva que exige corresponsabilidad del Estado, las instituciones y nosotros como sociedad.
