Ejecutivo estatal podría frenar proyecto
+ El director de Desarrollo Sustentable del municipio asegura que los 77 árboles maduros removidos de los dos predios donde se pretende construir un templo estaban enfermos
La Jornada Morelos / DLR
El ayuntamiento de Cuernavaca justificó la tala de 77 árboles maduros (de más de cincuenta años), de los dos predios de la colonia Reforma donde se pretende construir un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, alegando de que se trataba de 58 ejemplares enfermos y 19 que fueron removidos “por proyecto”, todos ellos exóticos; en tanto el gobierno de Morelos, a través de su Secretaría de Desarrollo Sustentable, advirtió que el proyecto de construcción ya fue multado con 300 mil pesos y que podría frenar las eventuales obras en caso de inconsistencias en materia de impacto ambiental.
El director de Desarrollo Sustentable del ayuntamiento de Cuernavaca, José Alfredo Rodríguez San Ciprián ofreció una rueda de prensa en que respondió a las denuncias de ambientalistas y vecinos de las colonias Reforma y Vista Hermosa, principales opositores al proyecto de construcción, que acusaron la tala de decenas de árboles maduros de los predios ubicados entre las calles Santa Prisca, Hernán Cortés, Calzada de los Estrada y Jojutla, de la colonia Reforma, y demandaron se sancione a los responsables de ello y del canje de la calle Santa Prisca por la eventual construcción de un parque público en la zona.
Aseguró que varios de los árboles maduros “colapsaron de forma natural, estaban secos o presentaban problemas fitosanitarios severos”, lo que llevó a la autorización del retiro de ejemplares.
En febrero del 2024, el ayuntamiento entregó una licencia sencilla para la demolición de lo que fuera la histórica residencia del exsecretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena. Posteriormente, en julio de ese año la autoridad municipal emitió las licencias ambientales para la construcción que incluían la demolición y el movimiento de tierra, en los dos predios que ocupa el proyecto.
Para la entrega de esa licencia, aseguró Rodríguez San Ciprián, se realizó un inventario de 147 árboles al interior de los predios y en la vía pública. En el primer predio se identificaron 117 ejemplares, de los que se autorizaron retiros de 44 por afectaciones fitosanitarias o secos; 19 “por proyecto”; 23 fueron banqueados para su traslado y 31 no tendrían afectación. En el otro predio, de los 30 árboles se avaló el retiro de 14 por motivos fitosanitarios, dos fueron banqueados para su traslado y 14 quedarían sin afectación.
El funcionario aseguró que desde el 2024 se observó la muerte natural de algunos ejemplares.
Las licencias, dijo, fueron concedidas a cambio de la plantación de sólo 96 árboles dentro el predio (que, de acuerdo con expertos, tardarían más de una década en aportar los beneficios de los que fueron removidos); y la entrega de cinco mil árboles más al vivero municipal.
Aseguró que los responsables del proyecto “presentaron ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal un Estudio de Daños Ambientales en julio de 2024, por el cual fueron sancionados y multados por el gobierno del estado. Asimismo, se instauró un procedimiento administrativo y cuentan con la resolución correspondiente, con fecha 19 de septiembre de 2024, emitida por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (Propaem).
Pese a los antecedentes, el ayuntamiento concedió el 25 de julio de 2025 la Licencia de Uso de Suelo para el proyecto Centro de Instrucción (templo) y el 12 de noviembre de 2025 ingresaron la solicitud de Licencia Ambiental Municipal modalidad Construcción.
“El plan final contempla la plantación total de 170 árboles nativos o propios del ecosistema, conforme al Manual del Arbolado para Cuernavaca, con alturas de dos a ocho metros para recuperar el estrato arbóreo. La propuesta incluye especies que permitirán floración prácticamente todo el año, beneficiando los procesos de polinización”.
Se trata de un proyecto de construcción de 21 mil metros cuadrados, del que se destinarán sólo nueve mil 500 metros cuadrados a áreas verdes. En contraste con lo que se tenía anteriormente donde apenas el 20% de la zona era construcción y el resto áreas verdes.
Y aunque insistió en que los árboles no fueron removidos por tratarse de especies exóticas, también refirió que éstas pueden ocasionar impactos negativos en la salud ambiental y humana, ya que facilitan la propagación de enfermedades vegetales y perjudican la conservación de especies nativas.
Gobierno estatal podría frenar la construcción
Aparte, el secretario de Desarrollo Sustentable de Morelos, Alan Dupré Ramírez, confirmó que la Propaem aplicó a los desarrolladores del proyecto en la colonia Reforma por 300 mil pesos aunque recordó que “de acuerdo con la normatividad aplicable, la autorización de podas, talas y banqueos es competencia cien por ciento del municipio”, aunque señaló que también conforme a ley y aún presentando estudios de daños ambientales, “en caso de que se quiera construir algo ahí” la autoridad estatal puede solicitar en cualquier momento el cumplimiento de la Manifestación de Impacto Ambiental y detener las obras en su caso.
El secretario aseguró que las autorizaciones de intervención sobre el arbolado (podas, talas y banqueos) “tienen que ir acompañadas de un dictamen que soporte de manera fehaciente la posible enfermedad o riesgo que puedan tener los árboles para ser autorizados a tala. Y tiene que haber una restitución arbórea de los servicios ambientales que estos árboles nos proporcionan. Cuando los proyectos cumplen con eso, pues también los ciudadanos debemos de comprender cuáles son los alcances que hay en la normatividad”.
Expuso que en el caso de los predios en Reforma “la administración (estatal) pasada lo que hizo fue abrir un procedimiento administrativo por falta de Manifestación de Impacto Ambiental ante la remoción de suelo y se culminó este año con una multa de 300 mil pesos que se impuso a este proyecto”.
Aseguró que las denuncias de “cualquier ciudadano” son válidas “y estamos haciendo nuestro trabajo. Tan es así, insisto, que retomamos el procedimiento de la administración anterior y sancionamos con esa cantidad al proyecto”.
Advirtió que hasta ahora “no hay ningún proceso constructivo, en caso de que se quiera construir algo ahí, la Secretaría (de Desarrollo Sustentable de Morelos) puede solicitar en cualquier momento el cumplimiento de la Manifestación de Impacto Ambiental”.
El futuro de la calle Santa Prisca, en manos del Ejecutivo
Aunque la Ley General de Bienes del Estado de Morelos establece que la desincorporación de bienes muebles e inmuebles municipales corresponde a los ayuntamientos, la publicación del decreto final para que ella tenga efecto está en manos del gobierno estatal que puede pausar o bien omitir su publicación.
En el caso de la calle Santa Prisca, el ayuntamiento omitió informar públicamente si de cumplieron o no los pasos previos para someter la decisión al cabildo. La propia ley establece que el procedimiento inicia con la identificación del bien a desincorporar, la obtención de un dictamen técnico que certifique que el inmueble (en este caso la calle) ya no es útil para la prestación de servicios públicos o que ha dejado de cumplir su función.
Posteriormente, la Consejería Jurídica del Ayuntamiento debió certificar que el bien inmueble no tiene restricciones legales para ser enajenado. También se debió realizar un avalúo a cargo de peritos autorizados por la Tesorería Municipal, del avalúo dependerá el precio mínimo del bien.
Después debe presentarse el expediente al cabildo que deberá votarlo a favor con por lo menos dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento. En el acuerdo de desincorporación deberá incluirse la justificación del porqué el bien ha dejado de ser útil, y en el caso de inmuebles se establece la necesidad de recorridos físicos para verificar que el bien existe y que carece de función para la ciudadanía o la autoridad municipal.
Aprobada la enajenación (en este caso por trueque o permuta) se emite un decreto municipal que debe publicarse en el periódico oficial Tierra y Libertad, a cargo de la Secretaría de Gobierno de Morelos. Desde el anuncio de la desincorporación de la calle hace una semana, hasta ahora, el periódico oficial no ha publicado tal decreto municipal.