La desarticulación entre dependencias y niveles de gobierno sigue siendo uno de los principales obstáculos para garantizar seguridad y respeto a los derechos humanos en Morelos, un problema que autoridades estatales reconocieron al iniciar un ejercicio de coordinación interinstitucional.
En atención a esta deficiencia, el Gobierno del Estado realizó la primera mesa de trabajo interinstitucional con funcionarias y funcionarios estatales, municipales y de la Fiscalía General del Estado (FGE) de la región metropolitana, con el objetivo de revisar cómo se atienden los casos de violencia, procuración de justicia y violaciones a derechos humanos, y qué falla en los procesos de atención ciudadana.
El director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Fernando Bizarro González, señaló que la falta de comunicación y criterios comunes entre instituciones impacta directamente en la respuesta que reciben las personas, por lo que el encuentro buscó evitar la duplicidad u omisión de responsabilidades. “Con estas acciones avanzamos en la construcción de una política pública colaborativa y centrada en la ciudadanía, impulsando prácticas institucionales que fortalezcan la seguridad, la justicia y la confianza pública”, acotó Bizarro.
Durante la reunión también se abordaron temas prioritarios relacionados con la homologación de criterios de atención, el seguimiento de situaciones específicas en los municipios de la región y la mejora de los canales de enlace entre dependencias.
En el encuentro participaron representantes de las áreas de Derechos Humanos, Diversidad Sexual, Instancias de la Mujer, Sistemas DIF y jueces cívicos de los municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Temixco, Tepoztlán y Xochitepec, quienes coincidieron en que el trabajo aislado limita la eficacia institucional y afecta la confianza ciudadana.
Se realizó la primera mesa de trabajo interinstitucional con la participación de autoridades estatales, municipales y de la Fiscalía General del Estado, para mejorar la coordinación en seguridad, procuración de justicia y atención en materia de derechos humanos. Foto: Cortesía
