Salud y Estado de Derecho: dos urgencias para reconstruir la vida pública
Un poco más adelante, usted encontrará dos textos -uno de Antimio Cruz y, el otro de Daniel Martínez Castellanos- que abordan temas distintos, pero comparten una verdad profunda: ningún país puede garantizar derechos —como la salud— sin instituciones sólidas y sin un Estado capaz de sancionar el abuso del poder.
La falta de acceso sanitario no es sólo un problema técnico o presupuestal. Es también el resultado de décadas de negligencia, mala gestión, improvisación y distorsiones creadas por redes de intereses que desvían recursos o paralizan reformas. ¿Cuántos hospitales podrían haberse equipado con los miles de millones desviados? ¿Cuántas familias habrían evitado caer en gasto catastrófico si se hubieran invertido correctamente los fondos públicos?
No existe sistema de salud perfecto, como señala Cruz. Pero existe, sin duda, un sistema que siempre fracasa: el que opera bajo corrupción, impunidad y captura institucional, como advierte Martínez Castellanos.
En el artículo “Salud para todos… pero ¿cómo?”, de Antimio Cruz, se expone un diagnóstico inquietante: más de la mitad de la humanidad —un 55%, según la OMS y el Banco Mundial— carece de acceso a los servicios esenciales de salud. Lejos de ser una estadística lejana, la realidad mexicana tampoco es alentadora: 39.1% de la población del país carecía de acceso efectivo a servicios sanitarios en 2022, de acuerdo con los datos recuperados por el desaparecido Coneval. Cruz vuelve sobre un dato particularmente relevante para Morelos: el 28.1% de su población carecía de seguridad social en 2020, lo que significa que más de medio millón de personas estaba en riesgo de enfrentar emergencias médicas sin protección financiera.
El artículo “Morelos normalizó la corrupción”, del Daniel Martínez Castellanos, retrata el otro gran lastre que impide que políticas públicas —incluidas las sanitarias— alcancen su verdadero potencial. Martínez Castellanos traza un recorrido histórico que comienza desde la época colonial y llega hasta nuestros días, evidenciando que la corrupción no es un rasgo cultural sino un problema estructural alimentado por camarillas, amiguismos y la debilidad de las instituciones de control.
En Morelos, el panorama es estremecedor: menos del 10% de los casos denunciados recibe sentencia, y el 93% de los actos de corrupción no se denuncia. La cifra negra es casi absoluta. A ello se suma algo más grave: la creciente penetración de organizaciones criminales en ayuntamientos, con casos documentados en Mazatepec, Amacuzac, Atlatlahucan, Cuautla y varios municipios más.
Los animales que usamos, reflejo de nuestra sociedad
La agenda pública de Morelos ha colocado nuevamente en el centro un tema que revela no solo el desarrollo normativo del estado, sino el nivel ético y cultural de su sociedad: el bienestar animal. Los textos “Amplían el sustento ético y jurídico de la protección animal”, de Antimio Cruz; “Entender el maltrato animal como síntoma social en el Día Internacional por sus Derechos”, de Jazmín Aguilar; y “10 de diciembre: un llamado a la conciencia de los derechos de los animales”, de Liz Parroquin, coinciden en una advertencia de largo aliento: lo que hacemos con los animales dice más de nosotros mismos que de ellos.
Morelos se prepara —como señala Cruz— para dar un salto cualitativo con la creación de una Ley General de Bienestar Animal, en un contexto donde ya existen el Código Penal, la Ley Estatal de Fauna y el Registro Único de Mascotas (RUM). Sin embargo, los avances jurídicos solo cobran sentido si se traducen en prácticas cotidianas, instituciones competentes y una ciudadanía capaz de asumir que convivir con un perro, un gato o un animal de trabajo no es un accesorio cultural, sino una responsabilidad ética y afectiva que define la estatura social de una comunidad.
En su reportaje, Jazmín Aguilar recupera la reflexión de Alicia Moya y Alicia Castrillón, quienes muestran la dimensión más profunda del problema: el maltrato animal no es un hecho aislado ni un tema menor; es un espejo de la violencia comunitaria, un indicador temprano de dinámicas familiares fracturadas y un síntoma del deterioro del tejido social. Algunos hogares donde hay animales golpeados, hacinados o desnutridos, también esconden violencias hacia niñas, niños, mujeres o adultos mayores. Esta lectura es fundamental porque desplaza el debate del ámbito sanitario hacia la dimensión biopsicosocial: proteger a los animales significa, también, prevenir otras formas de daño humano.
La perspectiva que aporta la veterinaria Liz Parroquin, en su artículo “10 de diciembre: un llamado a la conciencia de los derechos de los animales”, lleva la discusión al terreno íntimo y cultural. En México, donde millones de hogares conviven con animales de compañía, el afecto no siempre se traduce en cuidados responsables. Entre el amor expresado y la acción concreta persiste una brecha que expone abandono, maltrato normalizado y una insuficiente educación sobre bienestar animal.
Pero Parroquin también recuerda algo que suele olvidarse: los animales son parte de nuestra identidad emocional y cultural. Su presencia nos humaniza, nos enseña empatía, paciencia, constancia y una forma de afecto que no se aprende en ningún aula. Desde los perros que acompañan la vida cotidiana hasta los animales de trabajo que por siglos han sostenido los espacios rurales, su relación con nosotros define quiénes somos como colectividad.
